El pedido de destitución del juez tucumano cuestionado por su falta de intervención en las 13 denuncias por acoso que la profesora Paola Tacacho, de 33 años, hizo desde 2015 contra su ex alumno, quien finalmente la asesinó y luego se suicidó el 30 de octubre pasado, se enmarca en una serie de solicitudes de juicio político a magistrados por mal desempeño de sus funciones en causas por femicidios o por violencia de género que, en general, no prosperan.
De acuerdo a un relevamiento realizado en al menos nueve casos que tuvieron repercusión pública y en el que hubo jueces o fiscales cuestionados, nunca fueron apartados de sus funciones ya sea porque fueron absueltos en los jury, porque no llegaron al juicio político o porque renunciaron antes de ser sometidos a debate.
El último caso resonante fue el del juez penal Francisco Pisa, quien 15 días antes del crimen de la profesora Tacacho presentó la dimisión a su cargo, aunque distintos organismos por los derechos de la mujer ya juntaron 40.000 firmas para pedirle al Gobierno de Tucumán que no le acepte la renuncia y que se lo sometiera a un jury.
Según explicó a la agencia de noticias Télam la presidenta de la Comisión de Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), María Elena Barbagelata, los pedidos de juicio político en casos como el de Pisa no prosperan porque estos magistrados suelen renunciar al ser cuestionados por mal desempeño y así evitan el proceso de jury.
Respecto del juez tucumano, éste fue criticado porque en 2017 sobreseyó al femicida de Tacacho, Mauricio Parada Parejas, a quien la víctima había denunciado por acoso en 13 ocasiones en los últimos cinco años.
Otro caso actual en el que los organismos por los derechos por la mujer apuntan contra el accionar de la Justicia es el de Susana Gómez, una vecina de la localidad platense de Olmos que en 2010 quedó ciega por las lesiones que le provocó a golpes su ex pareja, Carlos Goncharuk, quien luego del ataque fue condenado a 8 años y excarcelado en 2019.
Desde la ONG Casa María Pueblo de La Plata explicaron que este hombre atacó a su actual pareja, por lo que reclaman que vuelva a prisión. «Espero que la Justicia penal tome cartas en el asunto. Él agredió a su pareja y quiero que cambien la carátula a intento de femicidio», señaló a Télam la propia Susana Gómez, quien adelantó que en caso de que su reclamo no sea tomado en cuenta van a pedir «el juicio político» para los fiscales y jueces de la causa.
«Que de una buena vez escuchen: No sólo a mí, sino a todas las mujeres a las que le está sucediendo esto. Es lamentable lo que está sucediendo. Yo tengo miedo por mí y por todas esas mujeres», indicó Gómez.
A su vez, otros magistrados denunciados en el marco de casos de femicidio sí llegaron a ser sometidos a un juicio político pero fueron absueltos, entre ellos, Axel López, del fuero de Ejecución Penal porteño. Este juez fue sometido ante un jury tras haber concedido la libertad condicional a Juan Cabeza, condenado por cuatro violaciones y quien luego de obtener ese beneficio mató a la radióloga Tatiana Kolodziey, de 33 años, en octubre de 2012 en Chaco.
Este femicidio ocurrió un mes después de que Cabeza saliera de prisión y en 2014 este hombre fue condenado a prisión perpetua por el hecho.
Durante el jury al juez Axel López, su defensa aseguró que «actuó conforme a la ley» con el argumento de que «las 144 veces que Cabeza gozó de salidas transitorias, con una duración de 72 horas cada una, tuvo posibilidades de cometer una violación y no cometió ninguna».
A su vez, López también fue cuestionado por el caso de Soledad Bargna, de 19 y asesinada a puñaladas en el barrio porteño de Caballito por Pablo Díaz, quien había sido beneficiado con salidas transitorias por el magistrado tras permanecer preso por violación.
Y fue justamente durante una de esas salidas que Díaz asesinó a la joven en mayo de 2009, a raíz de lo cual, en 2011 fue condenado a prisión perpetua.
Otro juez cuestionado fue Carlos Rossi, de Entre Ríos, quien en julio de 2018 fue absuelto en un jury al que llegó acusado de haber liberado anticipadamente en julio de 2016 a Sebastián Wagner, quien en abril de 2017 asesinó a Micaela García, de 21, en Gualeguay. Por ese femicidio, a fines de 2017, Wagner, quien había estado preso por abuso sexual, recibió la pena a perpetua.
El crimen de la joven militante llevó a la lucha de los movimientos sociales, políticos y de mujeres por una Justicia con perspectiva de género que terminó con la sanción de la Ley Micaela o ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado argentino (N° 27499) en 2018.
Mientras que por el caso de Nadia Arrieta, de 31, asesinada en marzo de 2018 en Hurlingham, los jueces de la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Morón, Fernando Bellido y Fabián Cardoso, fueron denunciados por «mal desempeño de sus funciones» por la liberación de Maximiliano Montiel, quien terminó siendo condenado a prisión perpetua por el femicidio de Nadia al año siguiente.
En tanto, a raíz del secuestro de la adolescente Fernanda Aguirre, de 13, cometido en 2004 en la localidad entrerriana de San Benito, el por entonces gobernador Jorge Busti pidió el juicio político a los jueces de Ejecución Miguel Ángel Retamoso y Daniel Malatesta por la liberación transitoria del principal sospechoso Miguel Ángel Lencinas.
Este hombre, que había sido condenado a 20 años de cárcel en 1994 por matar a otras dos mujeres, finalmente se ahorcó poco después de haber sido detenido por el rapto de Fernanda, cuyo cuerpo nunca fue hallado.
Sin embargo, en marzo del 2005 el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos rechazó por mayoría de sus miembros el pedido del gobernador.
Por otro lado, está el caso de los jueces pampeanos Carlos Flores y Gustavo Jensen, quienes fueron denunciados por haber otorgado en mayo de 2011 el «avenimiento» (figura del perdón que fue anulada por ley en 2012 ) a Carla Figueroa, de 18, respecto de su novio Marcelo Tomaselli, quien en diciembre de ese año la asesinó en General Pico.
Tras ser denunciados, Jensen renunció a su cargo y evitó el jury, pero Flores fue suspendido durante el juicio político aunque luego de ser absuelto presentó también su dimisión y se jubiló en mayo de 2018.
