Los atentados a balazos a propiedades vinculadas a magistrados que tuvieron alguna participación en la llamada causa Monos revela para los funcionarios judiciales “un alarmante déficit en la actuación de organismos de seguridad”, según explica el comunicado del Consejo Directivo Provincial del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Y resalta la falta de respuesta de las fuerzas provinciales y responsables de la seguridad.
Exigieron al gobierno provincial la asunción de las responsabilidades que le competen en cuanto a seguridad, no dejaron de lado la actuación del Ministerio Público de la Acusación a cargo de la investigación de estas causas que hasta el momento no lograron respuestas satisfactorias y se solidarizaron con la jueza Marisol Usandizaga.
La noche del jueves y madrugada del viernes se conocieron dos nuevos ataques a balazos contra frentes de propiedades. Al principio no quedaba claro a quien iba dirigido ya que enfrente a una de ellas vive un dirigente del club Rosario Central. Pero el llamado a una rueda de prensa por parte del Colegio de Magistrado y Funcionarios de la provincia despejó todas las dudas y dejó en claro que estuvieron dirigidos a la jueza Marisol Usandizada, una de las integrantes del tribunal que enjuicio y condenó al núcleo duro de la conocida banda de los Monos. Con ella es el segundo magistrado de dicho tribunal que sufrió atentados.
La noche del jueves balearon el frente de una casa de dos pisos que supo pertenecer a la familia Usandizaga en Zeballos al 2500 y pasada la medianoche la balacera se repitió en el frente de un edificio llamado “Marisol” donde el padre de la jueza supo tener su oficina, en Dorrego al 1600. Estos hechos se suman a otros ataques que arrancaron el 29 de mayo cuando la casa en la que vivió el juez Ismael Manfrín, en Cerrito e Italia fue baleada. También un edificio céntrico dónde vivió previamente el magistrado. Estos ataques coincidieron con la orden de la Justicia Federal de trasladar a dos de los condenados, Ariel Máximo Guille Cantero y Jorge Chamorro, a cárceles federales a pedido del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
El 25 de mayo se presentó un habeas corpus en la justicia provincial que fue rechazado por el juez José Luis Suárez y en el transcurso de la última semana de mayo se efectivizó el traslado. Chamorro a una cárcel de Rawson y Cantero a otra de Resistencia. Esta decisión fue apelada y este martes el camarista José Luis Mascali la confirmó.
A raíz de las balaceras, Manfrín se excusó de continuar en la causa y su decisión fue aceptada por sus pares. Pero los ataques no pararon, el 19 de junio hubo una nueva balacera en Buenos Aires al 3900. Los plomos hicieron blanco en la casa de un comerciante y en la de la ex esposa del juez Juan Carlos Vienna, que instruyó la causa. Uno de esos balazos impactó en un auto, que según las fuentes pertenece al fiscal Marcelo Vienna que vive en la cuadra. Al día siguiente, fue el turno de la casa del padre de Vienna. A lo que le siguió una balacera a viviendas adjudicadas a dos ex miembros de la Brigada de la División Judiciales que fueron protagonistas de la investigación que llevó adelante el juez Vienna.
Ante este cuadro de hechos violentos, cuya investigación se encuentra a cargo de los fiscales Natalia Benvenutto, Valeria Pedrana y David Carizza, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, habló en rueda de prensa y expresó su solidaridad con la jueza Usandizaga.
Explicó que a dos meses del primer atentado el avance de la investigación es escaso. Más allá la exigencia de reclamar a los organismos competentes de seguridad en materia de prevención, que le compete al Poder ejecutivo, explicó que no hay un resultado concreto de quieres fueron los autores materiales o intelectuales de estos hechos.
“Los jueces penales van a seguir cumpliendo su rol como lo hicieron hasta ahora”, dijo el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Gustavo Salvador. “No hay ningún atisbo de miedo o temor de seguir adelante con el camino que se emprendió, de prestar el servicio de justicia. Nosotros consideramos que la puesta a disposición del Poder Ejecutivo – en lo que hace a la seguridad personal de los funcionarios que intervienen, que es voluntaria – lo están cumpliendo. Lo que no podemos es seguir tolerando este nivel de amedrentamiento e intimidación por hechos que no pueden ser resueltos y va más allá de la seguridad personal del magistrado”, aseguró
Por su parte, el camarista Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura acompañó todas las acciones que desplegó el Colegio y particularmente se solidarizó con Usandizaga. “Debe provenir desde la fuerzas de seguridad provincial, de la estructura provincial una determinación contundente para hacer cesar estos hechos que al día de hoy constituyen una provocación a todos los poderes del Estado”, dijo Ariza.
Previo a la conferencia el Colegio de Magistrados se reunió con miembros de la Corte Suprema de Justicia. Una fuente de la Corte explicó que el presidente informó en el encuentro que se esta avanzando con los objetivos en cuestiones de seguridad de los edificios. Incluso trabaja allí la comisión de seguridad que ellos integran, afirmó. Este –en referencia a la seguridad de los edificios de calle Pellegrini y Balcarce y en Centro de Justicia Penal– es un reclamo que se reiteró mucho al Poder Ejecutivo. Se hizo un relevamiento y algunas cuestiones materiales respecto a la seguridad se resolvieron mientras otras están en proceso de ejecución, explicó la fuente. Pero la preocupación mayor es la falta de avance en la investigación, la falta de esclarecimiento de estos hechos. La fuente detalló que al atentado a una propiedad dónde actualmente vive gente que no tiene vínculo al Poder judicial se suma el daño social del hecho que es mucho más significativo. Pasa el tiempo y no hay ninguna pista, entonces se abre un conjunto de conjeturas y especulaciones y es un tema que nos preocupa, concluyó
Apoyo
El Sindicato de Trabajadores de la provincia de Santa Fe repudió, a través de un comunicado, todo acto de violencia e intimidación hacia los funcionarios judiciales. El sindicato se solidarizó con la jueza Usandizaga y con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia y solicitaron al gobierno provincial y nacional las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de todos aquellos que forman parte del Poder Judicial de la provincia.
Federal
Por su parte Lisandro Casale y Jorge Abut, en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, ante la inminente realización del juicio oral en el fuero federal, en la causa conocida como Los Patrones donde serán juzgadas las personas que pertenecen a la llamada banda de Los Monos, pidieron seguridad para los funcionarios judiciales intervinientes. Además requirieron el traslado del debate oral a una sede diferente a la ubicada en calle Oroño 980, ya que las medidas de seguridad necesaria para el caso entorpecerían la actividad de las distintas instituciones, tanto educativas como médicas, cercanas al tribunal.
