El Colegio de Jueces Penales de Santa Fe y la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación respondieron ayer las acusaciones realizadas un día antes por el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.
El ministro Pullaro presentó una denuncia anteayer para que se investigue lo que a su entender son “escuchas ilegales” pedidas por fiscales de Santa Fe y autorizadas por un juez. Ayer desde ambos estamentos del Poder Judicial salieron a retrucar los dichos del ministro de Seguridad, quien a la vez recibió un fuerte respaldo de su partido, la Unión Cívica Radical, y del propio gobierno provincial.
En un comunicado, el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de Santa Fe explicó que la intervención del teléfono de Pullaro, autorizada por el juez Nicolás Falkenberg, fue a pedido de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes “brindaron en cada caso la fundamentación” de la medida. Apullán y Martí se encontraban investigando la administración de los recursos de las horas extra (Ospe) de la Policía, pero luego fueron apartados por el fiscal regional Carlos Arietti.
Pullaro tuvo su teléfono pinchado durante 15 días. En ese lapso se registraron llamadas vinculadas con las causas por corrupción policial entre el ministro, sus colaboradores, el gobernador Miguel Lifschitz y funcionarios de distinto rango del Ministerio Público de la Acusación, entre ellos el propio Arietti y el fiscal general Jorge Baclini. Parte de esas escuchas se filtraron y por ese motivo, anteayer, Pullaro denunció una campaña orquestada en su contra, por parte de “sectores oscuros” de la Policía, con colaboración de funcionarios judiciales.
En respuesta a la denuncia de Pullaro, el Colegio de Jueces Penales defendió la actuación de Falkenberg –quien además negó saber que estaba autorizando la intervención del teléfono de un ministro– con el argumento de que el pedido de los fiscales era “de carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la administración pública, falsificación de documento público (…) haciendo alusión a anterior intervención autorizada por la Dra. Sandra Valenti con fecha 22 de septiembre de 2017, petición que en un primer momento fue decretada por el Dr. Falkenberg requiriendo motivos concretos para justificar la intervención”.
Luego de que los fiscales Apullán y Martí aportaran vía mail esos motivos, el juez autorizó la intervención de cinco líneas telefónicas, entre ellas la del ministro de Seguridad, que consideró la medida como “muy grave” por injustificada. Según el Colegio de Jueces, la decisión sí estuvo justificada porque la información obtenida resultaría “relevante para la causa” en tanto se trataría de “datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos”. En tanto, ayer el juez Falkenberg explicó por la emisora LT10 que “hay numerosísimas intervenciones que se van suscitando y que son trasladadas por parte del director de la investigación, que es el fiscal. Hay una resolución mía en la que se intervienen cinco líneas. En un primer momento se solicitaron mayores detalles. Después se insistió en dos oportunidades mencionando la importancia porque se estaba constatando la comisión de ilícitos en curso de ejecución. En ningún momento se informó que los números a intervenir pertenecían al ministro de Seguridad”.
Fiscales
En tanto, la Asociación de Fiscales defendió “la independencia y la autonomía funcional” del Ministerio Público de la Acusación y expresó la “profunda preocupación” de los fiscales “por las declaraciones relacionadas a actuaciones de fiscales en ejercicio de sus funciones en relación a investigaciones llevadas adelante por posibles casos de corrupción”.
“Reivindicamos la independencia y autonomía funcional en la actuación de los fiscales y fiscales adjuntos en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 13013, que como actores judiciales, somos integrantes del Poder Judicial al que pertenece el Ministerio Público de la Acusación, como así también reivindicamos el sistema republicano de gobierno, el Estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley”.
“La función de los Fiscales, únicos titulares de la acción penal pública, es investigar toda hipótesis de delito donde parezca verosímil el mismo a través de los medios de prueba que habilita el Código Procesal Penal. Asimismo, remarcamos que las intervenciones telefónicas en todos los casos son solicitadas al juez que por turno corresponda que las dispone una vez confirmados los suficientes fundamentos legales”.
Apoyo de la UCR provincial y del ejecutivo santafesino
La UCR de Santa Fe respaldó la gestión del radical Maximiliano Pullaro al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia y repudió “la filtración malintencionada de escuchas telefónicas de su propio teléfono celular”. La conducción de la UCR le apuntó directo al fiscal Roberto Apullán: “La parcialidad con la que actúa en esta causa es evidente, politizando una investigación que requiere otro nivel de reserva y de profesionalismo”.
“Desde el radicalismo santafesino vemos con preocupación que esto pueda naturalizarse. Los fiscales deben tener como único objetivo la persecución penal de quienes transgreden la ley. No se puede tratar de una investigación seria si un procedimiento o causa se contamina por un operativo de desprestigio, allanamientos grandilocuentes, movidas periodísticas y políticas, escuchas de teléfonos por doquier sin explicitar razones u ocultando las mismas; dedicando recursos públicos a exhibirse, y lo que es peor, actuar violentando o en el límite de las propias normas que regulan su accionar”, dispararon desde el Comité Provincial de la UCR en un comunicado firmado por su presidente Julián Galdeano, los vicepresidentes Leonardo Simoniello y Ramón Soques y otros dirigentes radicales.
En tanto, el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, opinó que la filtración de las conversaciones telefónicas de Pullaro es de una “gravedad institucional inusual” y deslizó que el juez Nicolás Falkenberg, que autorizó las escuchas, fue “objeto de una estafa procesal” por parte de los fiscales a cargo de la investigación por presuntas irregularidades en la Policía provincial.
