Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanaron este jueves una de las propiedades del ex piloto de Fórmula 1 Oscar “Popi” Larrauri, bajo la sospecha de estar involucrado en maniobras de lavado de dinero a favor de Leonardo Peiti, empresario que manejaba operaciones de juego clandestino en el sur de Santa Fe y que es parte de la investigación judicial en calidad de “arrepentido”. Según trascendió, se buscaba documentación sobre compras de terrenos, inmuebles y vehículos de alto valor, operacioes que –según se sospecha– pueden haber sido concretadas con dinero del juego ilegal. Ahora ese material será analizado técnicamente en el marco de la investigación que llevan adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes a principios de diciembre pasado allanaron oficinas de un estudio jurídico contable vinculado a Peiti en pleno centro de Rosario.
El allanamiento se dirigió a una propiedad de gran tamaño en un predio a metros del country del Rosario Golf Club de Fisherton. No fue el único: según trascendió, también se allanó una propiedad del empresario Gustavo R. y oficinas ubicadas en el centro. Los operativos tuvieron lugar en avenida Real al 9100, Santa Fe al 1300 y España al 800.
El eslabón de la conexión con el corredor se obtuvo, aparentemente, de la documentación incautada en diciembre en el estudio contable, y que abrió pistas la ruta del dinero ilegal. Según fuente judiciales Larrauri está sospechado de intervenir en la compra de decenas de lotes en localidades cercanas a Rosario que pasaron a poder de Peiti.
La documentación quedó en manos del Organismo de Investigaciones y la Unidad de Criminalidad Organizada de Rosario, mientras los fiscales siguen analizando material que surgió de los allanamientos de diciembre pasado para hallar otros posibles nexos de lavado de dinero proveniente del juego ilegal.
Las declaraciones de Peiti determinaron la caída del fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, quienes fueron cesados en sus cargos y están detenidos. ”Ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar investigaciones”, es la grave acusación que pesa sobre ambos.
En la investigación ya fue condenado en juicio abreviado el comisario retirado Alejandro Torrisi y Flavia Broin como recaudadores de una red de organizaciones o áreas de un mismo entramado que cometía diferentes tipos de delitos.
