El escándalo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la causa de juego clandestino, extorsión y coimas –que ya tiene presos al ex jefe de la Fiscalía Regional Rosario, Patricio Serjal, y a uno de sus subordinados, Gustavo Ponce Asahad– continúa y parece seguir una línea de sucesión con los fiscales que intervinieron en investigaciones contra la familia Peiti, el arrepentido empresario del juego ilegal que está imputado, aunque libre, y empujó la primera ficha del dominó que parece no detener su derrotero; esta saga incluye ya no sólo a los fiscales caídos en desgracia mencionados sino también al comisario retirado Alejandro Torrisi y al jefe de la Policía provincial, Víctor Sarnaglia, sobre quien no pese imputación alguna pero que este viernes debe presentarse como testigo luego de se mencionara a un tal «Sarna» como un uniformado que recibía un pago de coimas mensual por hacer la vista gorda con estas actividades ilegales.
En esta oportunidad se conoció que la auditora de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, inició este miércoles una investigación disciplinaria por el desempeño de la ahora fiscal coordinadora de los Distritos del Interior de la Regional Segunda (la que tiene sede en Rosario), Natalia Benvenuto, en relación con una causa donde el padre del empresario Peiti firmó un acuerdo abreviado.
La sospecha está en que con este acuerdo se dejó de lado la posibilidad de realizar otras tareas investigativas para seguir los alcances de la red de juego clandestino que pudieran involucrar a otras personas.
La presentación se inició luego de que el martes 18 de agosto el fiscal Regional de la Tercera Circunscripción de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, advirtiera a la auditora sobre la posible omisión de medidas investigativas en la que la fiscal Benvenuto podría haber incurrido en el marco de una investigación sobre juego clandestino de 2018.
Es que en ese momento, Benvenuto comandaba una investigación que tenía como imputado al padre de Peiti, donde también estaba en la mira otro de sus hijos.
Benvenutto llegó a un acuerdo con la defensa de la familia Peiti, Luis Rossini, y el expediente se terminó con un juicio abreviado que tuvo una pena de cumplimiento condicional.
Tras las imputaciones a los fiscales de Rosario, donde se develó el pago de entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales a cambio de información para mejorar la situación procesal de Leonardo Peiti, la duda que se instaló fue si Benvenuto, en estrecha relación con Serjal, omitió profundizar la investigación para obtener más información sobre el juego clandestino no sólo en ese expediente sino a otras pesquisas que se estaban desarrollando en Villa Constitución, Venado Tuerto y Cañada de Gómez.
Tras la comunicación de Sinópoli, Vranicich inició una causa para determinar si Benvenuto incurrió en una posible comisión de faltas administrativas. Además, la auditora presentó una denuncia penal ante la Fiscal Regional Interina de la Segunda Circunscripción, María Eugenia Iribarren, a los fines de dilucidar estos hechos. Como también puso en conocimiento al fiscal General, Jorge Baclini y a la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa de la Provincia de Santa Fe, explicaron voceros judiciales.
Las causas de juego clandestino de Peiti
En la imputación al jefe de los fiscales rosarinos, Serjal, del martes 11 de agosto pasado, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Gisela Paolicelli, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reconstruyeron la relación de Serjal y Ponce Asahad con Peiti, un empresario del juego legal en otras provincias y con causas en su contra por el ilegal.
Es que, a finales de julio, Peiti hizo una declaración como arrepentido que dejó en evidencia las conexiones judiciales y policiales. Contó que ese mismo mes, Serjal y Ponce Asahad le habían pedido 100 mil dólares para echar por tierra la causa en su contra, en el marco de un “negocio” que comenzó en diciembre de 2018.
Ese día, los fiscales describieron el interés de Serjal en investigaciones por juego clandestino originadas en Casilda, Melincué y Cañada de Gómez. Contaron que en marzo de 2018 la fiscal de Casilda, Marianela Luna, instruyó una investigación sobre garitos clandestinos en clubes de barrio, regentados –según la investigación– por Julio Ladrelo, un hombre de “estrecha vinculación con Peiti”.
Pero, cuando la fiscal Luna comunicó a la coordinadora de distritos del MPA Natalia Benvenuto que iba a realizar una redada para desbaratar los casinos ilegales, el dato llegó a Serjal. El resultado fue que los allanamientos se cayeron: los garitos habían sido levantados. Y las intervenciones telefónicas también, detalló Paolicelli en la audiencia.
Asimismo se tuvo en cuenta la injerencia de Serjal en la jurisdicción de Casilda y Cañada de Gómez, ya que los fiscales estaban bajo su mando por pertenecer a la circunscripción Rosario, la segunda. No así Melincué, que pertenece a la Tercera Circunscripción de Sinópoli, asentada en Venado Tuerto.
Otro episodio que describió el accionar de Serjal fue detallado por la fiscal Ana Julia Milicic, de turno el 11 de julio del año pasado, cuando el edificio de Servando Bayo al 1000, una de las propiedades de Peiti, fue tiroteado y pintado con la leyenda: “Leo pagá”. Fue un ataque atribuido a Maximiliano «Cachete» Díaz, sindicado organizador de la asociación ilícita y hombre cercano al líder de Los Monos Ariel «Guille» Cantero. Es también quien está imputado de ordenar el ataque al casino City Center del 11 de enero pasado que se cobrá la vida del gerente bancario Enrique Encino.
Milicic declaró que tanto Ponce Asahad como Serjal mostraron un interés inusitado en esa causa y que en forma solapada le dijeron que archivara las actuaciones. La fiscal habló de una “sensación de que le estaban pidiendo que cajonee la causa”.
