El ex fiscal regional de la ciudad de Rosario, Patricio Serjal, irá a juicio como presunto organizador de una asociación ilícita que brindaba protección judicial a una red de juego clandestino liderada por un hombre ya condenado, y por la que los fiscales del caso pedirán una pena de 12 años de prisión, informaron este martes fuentes judiciales.
Así lo resolvió este martes el tribunal integrado por los jueces Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni al término de una audiencia preliminar al juicio, que se inició el miércoles pasado en el Centro de Justicia Penal de esta ciudad santafesina.
Junto a Serjal irá a juicio oral -proceso que aún no tiene fecha de inicio- el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini, para quien los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, adelantaron el pedido de una pena de 5 años de cárcel.
Serjal fue el jefe de los fiscales rosarinos hasta el 3 de agosto de 2020, cuando presentó su renuncia al quedar involucrado en una investigación de sus propios subordinados sobre una red de juego clandestino liderada por el capitalista de ese negocio ilícito, Leonardo Peiti.
Acusado por cohecho pasivo (coimas), incumplimiento de los deberes, transmisión de datos reservados, omisión de persecución y peculado, quedó detenido el 11 de agosto de ese año y fue beneficiado con prisión domiciliaria recién un año y medio después.
Ahora un tribunal dio por formalizada la audiencia preliminar al juicio oral y aceptó las pruebas ofrecidas por las partes para el debate oral, informó este martes el MPA.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra lo acusaron de los delitos de organizador de una asociación ilícita; cohecho pasivo agravado; falsedad ideológica; peculado de servicios y omisión de persecución.
Según adelantaron en la audiencia que comenzó el miércoles pasado y concluyó hoy, pedirán una pena de 12 años de prisión para su exjefe, una multa de $90.000 e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
De acuerdo a la acusación, Serjal fue uno de los organizadores de una asociación ilícita que tuvo una pata comercial en Leonardo Peiti, ya condenado por juego clandestino, y una política en la figura del senador provincial Armando Traferri, quien no pudo ser imputado por los fiscales por la protección de la ley de fueros.
La investigación se inició en enero de 2020 tras el asesinato de un gerente de una sucursal del Banco Nación en el casino de Rosario, al ser baleado mientras fumaba en un balcón de la casa de juegos.
Según la investigación, el hombre no era el destinatario del ataque, sino que se trató de una intimidación a los dueños del casino para que pagaran por “seguridad” al jefe de la narcobanda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, quien desde la cárcel había organizado una serie de extorsiones a comerciantes.
En el teléfono secuestrado a un hombre identificado como Marcelo “Cachete” Díaz, quien ejecutaba el plan presuntamente ideado por Cantero, los investigadores encontraron el contacto de Peiti.
El capitalista de juego, a la vez, había consultado con el empleado del MPA Ugolini, quien también irá a juicio, por la suerte de dos personas detenidas unos días antes de la balacera al casino, que estaban ligado a “Cachete” Díaz y buscaban hacer explotar un automóvil en el estacionamiento del casino, con fines intimidatorios.
Al seguir esa pista, los fiscales Edery y Schiappa Pietra descubrieron el presunto vínculo de Peiti con Serjal, a quien según la investigación le pagaba entre 4 y 5 mil dólares mensuales para mantenerlo informado sobre causas en su contra y allanamientos a los casinos clandestinos que operaba el capitalista del juego ilegal.
Por esos mismos hechos fue condenado en septiembre del año pasado el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, a quien Serjal habría designado como su hombre para cobrarle las coimas de Peiti y tenerlo al tanto –e interferir, en algunos casos- de investigaciones judiciales en su contra.
En diciembre del año pasado también fue condenado Peiti, a través de un proceso abreviado y tras haberse acogido a la figura del imputado colaborador.
Serjal y Ugolini, en cambio, irán a juicio oral por su presunta participación en la trama criminal.
Para los fiscales, Serjal “fue el organizador de la cobertura judicial, quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal”.
La asociación ilícita, en tanto, se habría extendido entre abril de 2017 y julio de 2020.
