Luego de ser condenado a tres años de cárcel en la causa por juego clandestino, el empresario Leonardo Peiti, quien logró reducir la pena bajo la figura de “arrepentido”, obtuvo la libertad condicional. El beneficio fue otorgado por la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto en una audiencia celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal. Entre las condiciones impuestas por la magistrada figuran una prohibición para salir del país y otra para mantener cualquier tipo de contacto con otras personas investigadas o condenadas en la causa.
Hace dos meses, Peiti firmó una condena a tres años de prisión efectiva como jefe de una asociación ilícita que comandaba el juego ilegal en casi toda la provincia de Santa Fe, aunque nunca llegó a estar detenido en una cárcel. Durante el proceso en su contra permaneció internado en una clínica de salud mental que no le dio el alta médica sino hasta ahora, que continuará brindándole tratamiento de forma ambulatoria.
La condena fue alcanzada el 2 de diciembre pasado en el marco de un juicio abreviado que incluyó además una multa superior a los 42 millones de pesos, el decomiso de casi 20 lotes inmobiliarios en la ciudad de Casilda y de un vehículo Toyota Corolla.
Se trató de una pena reducida en relación a la imputación que pesaba en su contra, y que consiguió tras aceptar declarar como imputado colaborador. En ese sentido, su testimonio como “arrepentido” fue clave para entender las complicidades de legisladores, políticos y funcionarios del poder judicial en el juego clandestino.
El acuerdo fue homologado por el juez Rafael Coria quien entendió que los datos que el empresario Peiti brindó como arrepentido involucraban a eslabones superiores de la estructura delictiva. Entre ellos figuran el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal (ambos condenados) y el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, quien no puede ser imputado en la causa porque se ampara en sus fueros parlamentarios.
La investigación
Leonardo Peiti era investigado en Melincué por juego clandestino; una denuncia del intendente de Hughes inició la pesquisa que llevó adelante el fiscal Merlo y determinó el funcionamiento de la organización en distintas localidades como Vera, Venado Tuerto, Casilda, Wheelwright, entre otras. En Rosario quedó en la mira de los investigadores tras el crimen de Enrique Encino ocurrido en enero pasado en el City Center, en el marco de una serie de extorsiones que se venían dando en la ciudad.
La investigación determinó que detrás de ese grupo delictivo estaba Maximiliano “Cachete” Díaz, allegado a la banda de Los Monos, quien fue detenido algunos días después del crimen. En su celular había comunicaciones con Peiti donde el empresario le pasaba información sobre dos personas que habían sido detenidas con armas quienes, según la fiscalía, iban a cometer el atentado al casino, lo que se concretó algunos días después.
A Peiti le intervinieron el teléfono y aparecieron comunicaciones con el ex diputado Darío Scataglini, que se comunicaba de parte del senador Traferri, por lo que la investigación se amplió hacia el ámbito político.
Peiti fue allanado en la causa de Rosario y no lo encontraron. Tras algunas negociaciones de su abogado se entregó en Cañada de Gómez. La primera vez que habló fue durante su detención y luego esa declaración se formalizó en la imputación, el 18 de diciembre de 2020. Ahí se comenzó a perfilar su estrategia defensiva para acogerse a la figura de imputado colaborador. El eje de su declaración giró en brindar datos respecto al pago de coimas millonarias para obtener información y lograr un amparo para que su organización, dedicada al juego clandestino, continuara funcionando sin dificultades. De a poco empezó a dar nombres.
En esta primera oportunidad habló de las coimas mensuales, entre 4 o 5 mil dólares que pagaba al fiscal Gustavo Ponce Asahad y su superior, el entonces fiscal Regional Patricio Serjal. Involucró además al empleado del MPA Nelson Ugolini. Para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, Ponce Asahad —que fue condenado mediante un acuerdo abreviado luego de ser considerado imputado colaborado— era el recaudador y Ugolini quien hacía el trabajo de pasar la información sensible que obtenía de la fiscalía.
Ponce Asahad, que ya recuperó la libertad tras consentir tres años de cárcel, fue el primero en dar nombres, entre ellos, el del senador Traferri, a quien sindicó como el legislador que amparaba a Peiti. A su vez, el empresario contó su vínculo con el legislador, los encuentros que mantuvieron y la presentación que hizo Traferri a Peiti de Serjal cuando tuvo problemas con un jefe policial que quería una tajada mayor de la recaudación.
Pero en agosto fue nuevamente imputado junto con el ex concejal Oscar “Poppy” Larrauri y el abogado José Fernández Chemes por los delitos de lavado de activos y estafa procesal vinculada a una propiedad con varios lotes en Funes, sobre la que se realizó una maniobra para que la titularidad aparezca a nombre de Peiti, e inició un trámite judicial patrocinado por Fernández Chemes. Una vez que logró escriturar hizo figurar que se lo vendió a Larrauri y, de esa manera, blanqueó una suma de 536 mil dólares provenientes del juego ilegal, sostuvieron los fiscales.
La otra investigación abierta que tenía Peiti se llevó adelante en Rafaela, donde se lo investigó como cabecilla de dos asociaciones ilícitas diferentes dedicadas al juego ilegal; una de ellas era encabezada por el fallecido David Perona. En esta causa cayeron en desgracia cinco jefes policiales: Juan Pablo Bengoechea, Javier Gorosito, Fabián Forni, José Pérez, quienes estaban retirados, el único en servicio era Favio Aranda. Ésta es la única causa en la que Peiti está con preventiva desde marzo pasado.
Segunda declaración
La segunda declaración de Peiti se hizo en septiembre, oportunidad donde se firmó un preacuerdo abreviado que se terminó efectivizando en diciembre. Según contó, Peiti quería hacer un acuerdo con Lotería para obtener una licencia de juego online pero no lo logró. Entonces buscó otros canales. Dijo que a través del fallecido ex secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco se conoció con Traferri y comenzó a tener relación con él, a mostrarle la idea y tuvieron relación para lograr el objetivo.
A Paulichenco le daba entre 4 o 5 mil dólares por mes y supuestamente “él se encargaba de tocar algunos actores o se comprometía a conseguirme reuniones”, aseguró. Dijo que entre estos encuentros le generó una reunión en su casa con el senador Hugo Rasetto, “donde se llegó a un acuerdo y nos autorizó” a trabajar. “Le di un dinero, entre 40 o 50 mil dólares”, contó. También hubo una situación similar con el senador Lisandro Enrico donde habló Paulichenco y le dio una cantidad similar para que se la entregara, aseguró. Dijo que después de esto pudo trabajar, aunque no sabe si es por ese dinero “o por casualidades de la vida”.
Contó que tenía “una especie de fábula, manejar el juego en la provincia, no para dejármelo a mí sino para la gente, creo que con una recaudación se podría hacer un plan de seguridad integral y se podría haber solucionado los problemas de inseguridad, nunca pudimos tener éxito”, recordó.
“Yo lo tenía a Poppy Larrauri como financista y le comentaba la idea y estaba interesado. Habló con (el luego fallecido gobernador Miguel) Lifschitz, le dijo que el socialismo no quería apoyar el desarrollo del juego. Ante la negativa, comenzó a hacer negociaciones con Traferri y le dijo que la única forma era que cambiara el signo político”, relató.
“Entonces comencé a colaborar”, dijo y aclaró que nunca le pidió nada pero afirmó que “lo fue ayudando” para la campaña. Le dio “algo más de 200 mil dólares en varias entregas”, dijo.
Había ganado Perotti y se alineaban los planetas, entonces hubo una reunión entre Traferri, Fernández Chemes, Peiti y Scataglini, afirmó, y añadió que este último era un hombre que puso Traferri para que haga las gestiones. Era quien se encargó de gestionar las habilitaciones de los casinos de la provincia.
Contó que por mes una máquina, según su estimativo, podía generar entre 125 y 150 mil pesos al mes de ganancia y se podían poner 10 mil máquinas en la provincia, cuatro por agencia. Según su estimativo, en bruto, el negocio podía recaudar entre 1.000 y 1.200 millones de pesos al mes. “Yo decía que el 50 por ciento se saque para seguridad y el otro 50 por ciento se reparta entre lotería y la política, era un negocio multimillonario y creo que se habrían podido solucionar muchos problemas”, dijo.
Explicó que habían hablado de que la política se quedara con un 20 o 30 por ciento y que la política decidiera qué hacer con ese dinero: “A buen entendedor pocas palabras.”
Tenía de buena fuente que “si ganaba (Omar) Perotti íbamos a concretar el proyecto, sé que dijo que si pero después tenía más compromiso con el casino y acá estoy encerrado en una clínica, un loquero”, aseguró.
Tras el frustrado convenio se reunió con Traferri en algunas oportunidades donde dijo que el senador le aconsejó que cambiara de nombre sus empresas porque ya no podía figurar con este antecedente. La idea era que el proyecto siguiera en pie y hubo un par de reuniones con el senador, amplió.
Contó que una vez, estando detenido, le pidió a su abogado Luis Rossini que hablara con Traferri para ver si lograba la libertad. Le dijo que iba a hablar para ver si lograba que el camarista Matías Drivet le diera la libertad, lo que no pasó. El abogado corroboró sus dichos, tras relevarlo del secreto profesional.
El juez
Peiti reveló que también tuvo reuniones con un juez de Reconquista. Llegó a este magistrado a través de un abogado luego de conocer sobre una investigación fiscal en esa localidad. Mantuvo al menos tres encuentros con el magistrado Gonzalo Basualdo entre 2017 y 2019, dijo. En cada encuentro le daba unos mil dólares para que le informara posibles medidas o investigaciones que pudieran existir en su contra o en relación al juego clandestino en Reconquista.
El fiscal Merlo lo imputó por estos hechos y dijo que hay evidencia de los impactos de antena que corroboran que ambos estaban en el mismo lugar. El funcionario aseguró que pedirán el jury del magistrado.
Para la Fiscalía, Peiti contó cómo se da el entramado desde la Fiscalía y cómo funcionaba el sistema de colaboración para que la empresa criminal pudiera prosperar, brindó nombres, fechas de reuniones. “Y eso nos abrió un espectro de la investigación y permitió avanzar”, dijeron. Mucho de lo dicho se pudo corroborar con intervenciones telefónicas en las distintas investigaciones cruces e impactos de antenas, aseguraron.
Aceptan abreviado y Peiti se transforma en arrepentido: le dan tres años de cárcel y una multa
Los datos y nombres que dio Leonardo Peiti para convertirse en arrepentido y lograr pena atenuada
