Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA Rosario presentaron acusación contra su ex jefe. Los funcionarios Matías Edery y Luis Schiappa Pietra señalaron a Patricio Serjal como uno de los organizadores de una asociación ilícita dedicada a brindar protección al empresario Leonardo Peiti en causas vinculadas con el juego ilegal. Serjal quedó en el ojo de la tormenta el año pasado, cuando una investigación que tenía en la mira una banda de extorsionadores, que había perpetrado un crimen en el casino City Center, ubicó en los contactos del celular del cabecilla a Peiti, quien ya firmó condena como arrepentido en un convenio entre partes.
Siguiendo el hilo de esa pista la Fiscalía desentrañó una causa por coimas que involucró al entonces fiscal regional, a otro ex fiscal hoy condenado en el marco de un procedimiento abreviado como imputado colaborador y un empleado del MPA. Ahora el ex fiscal regional y el empleado enfrentan una acusación y el caso se encamina al juicio oral. Para Serjal el pedido fiscal es de 12 años de prisión y para el subalterno 5 años de cárcel, todo mientras los acusados esperan que la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de los fueros del senador Armando Traferri, a quien también pretenden impugar.
Para la Fiscalía Patricio Serjal es, junto con Peiti y Traferri, el organizador de una banda delictiva dedicada al juego ilegal en diversas modalidades. En el caso de Serjal, brindando cobertura judicial. Los funcionarios entendieron que, abusando de su cargo, le daba directivas al fiscal Gustavo Ponce Asahad (condenado mediante un acuerdo abreviado cuya sanción se disminuyó a la mitad bajo la figura del arrepentido) sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas con apuestas clandestinas.
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Para la pesquisa, usufructuando ilegalmente su rol como fiscal regional de la circunscripción Rosario le brindó a Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función a cambio de dinero que el empresario le entregaba a Ponce Asahad. Entre 4 y 5 mil dólares mensuales, según declaró Peiti. Ello, con el objeto de evitar que prosperaran investigaciones penales en contra del empresario.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra dijeron que en abril de 2017 se reunió con Traferri y luego de ello le dijo a Ponce Asahad que se involucrara en las causas sobre juego ilegal que tuvieran a Peiti y su familia como sospechosos, a los fines de asegurar favores ilícitos para la continuación de esa organización y se utilizaron artilugios para intervenir en investigaciones abiertas, por ejemplo la que llevaba adelante el fiscal Matías Merlo en Melincué sobre juego clandestino.
También intervino en una investigación que llevaba adelante Ana Julia Milicic, donde Peiti aparecía como víctima de un tiroteo a de sus propiedades en zona oeste. Allí le dejaron un grafiti que decía “Leo pagá” en un caso de extorsión en el que estaba involucrado Maximiliano «Cachete» Díaz y sus allegados, todos vinculados con el líder de Los Monos Ariel «Guille» Cantero, contaron.
De acusador a imputado: el ex fiscal Patricio Serjal y la red de cobertura al juego clandestino
Mientras que el empleado del MPA Nelson «Coqui» Ugolini era el encargado de transmitir información reservada y necesaria para garantizar, desde la Fiscalia Regional Rosario, el normal funcionamiento y la continuidad del negocio del juego clandestino montado por Peiti.
Según un informe patrimonial, atento a las declaraciones juradas que presentó y la situación patrimonial detectada a julio de 2020, Serjal tuvo una variación patrimonial durante el mandato de $ 3.052.452, equivalente al 32 por ciento de los ingresos laborales registrados por Serjal durante su mandato como fiscal regional, pasando de un patrimonio negativo de 728.185 pesos a uno positivo de 2.324.267 de pesos, explica el documento.
Los fiscales presentaron acusación contra el ex mandamás de los fiscales rosarinos como organizador de una asociación ilícita y los delitos de cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público, peculado de servicios y omisión de persecución. Adelantaron que pedirán una pena de 12 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua, y una multa de 90 mil pesos.
En cuanto al empleado Ugolini, la acusación es como miembro de una asociación ilícita y por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo. Para él el pedido de pena es de 5 años, inhabilitación especial para ocupar un cargo o empleo público por 10 años y una multa de 90 mil pesos.
El ex fiscal Regional Patricio Serjal seguirá en arresto domiciliario hasta marzo del 2022
