La causa por juego ilegal continuó este miércoles cuando se discutieron la prisiones preventivas del ex fiscal Regional, Patricio Serjal, quien fue reimputado como uno de los tres supuestos organizadores de una asociación ilícita, y el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson «Coqui» Ugolini como integrante de la organización: la jueza Eleonora Verón le dictó al ex jefe de los fiscales de la circunscripción Rosario la prisión preventiva por dos años mientras que para el trabajador de la Fiscalía dispuso que continuara en libertad.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra están al frente de la investigación y como lo expusieron en la primera jornada de audiencia que comenzó este lunes insistieron en los indicios sobre la participación del senador provincial Armando «Pipi» Traferri, quien no fue acusado por sus fueros. Este miércoles, Edery y Schiappa Pietra pidieron la prisión preventiva de Serjal y del empleado de la Fiscalía, quien se desempeñaba como secretario del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también está imputado y preso en esta causa.
Con respecto a Ugolini, insistieron en la comunicación que mantuvo con la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena, en la que sostuvo que «para tocar» a Pipi Traferri había que pasar por el entonces fiscal Ponce Asahad y por el jefe de los fiscales rosarinos, Serjal.
Para los funcionarios del MPA, había tres organizadores: el empresario Leonardo Peiti, quien fue reimputado el viernes pasado y volvió a irse a su casa, como desde el momento de la primera acusación; el senador Armando «Pipi» Traferri, a quien intentaron imputar aunque no pudieron hacerlo ya que la Cámara alta definió no quitarle los fueros, y Serjal que según la Fiscalía aseguraba la impunidad al empresario dando órdenes al ex fiscal Ponce Asahad, junto con el empleado Ugolini, imputado este miércoles por ser miembro de la asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario.
La causa
Para la acusación, esta organización duró desde el 24 de abril de 2017 cuando –según la pesquisa– se un detectó un contacto telefónico entre el senador Traferri y Peiti, y luego una reunión del legislador con Serjal en la sede de la Fiscalía, hasta el 24 de julio de este año. En esta última fecha, se reunieron en una cochera ubicada en Jujuy al 2300 el ex fiscal Ponce Asahad y el abogado de Peiti, Luis Rossini.
Según la Fiscalía, tras el primero de los encuentros el entonces fiscal Regional le solicitó a Ponce Asahad que se involucrara en las causas sobre juego ilegal que tuvieran a Peiti y su familia como sospechosos. A las 48 horas, hubo otro encuentro entre el senador y Peiti en la casa del primero, aseguran los acusadores.
Los fiscales explicaron que Peiti entregaba dinero a funcionarios públicos con acceso a información reservada para obtener datos y protección, según se supo en la imputación. Peiti declaró como arrepentido y sostuvo que pagaba entre 4 y 5 mil dólares por mes a Ponce Asahad, quien hacía las veces de intermediario con Serjal.
En la causa se conoció que el entonces fiscal Regional también favoreció a Peiti con actos propios de su función a cambio de entregas de dinero en forma periódica de la que se valió de Ponce Asahad, el cual recibía la plata y cumplía con las indicaciones que recibía de su superior para que no prosperaran las investigaciones contra el empresario.
Una de las informaciones que entregaban estuvieron relacionadas con la posibilidad de que en diciembre de 2018 allanaran domicilios en el marco de una causa donde el empresario era siendo investigado por el fiscal Matías Merlo de Melincué. La semana pasada Merlo presentó una acusación formal por esa causa contra Peiti y un grupo de personas; para el primero adelantó que requerirá 8 años de cárcel.
En la audiencia también explicaron que, conociendo la existencia de la investigación del fiscal Merlo, Serjal permitió que Ugolini creara un legajo asignado a Ponce Asahad para que interfiriera en la causa e inmiscuirse en los allanamientos, según la acusación. A lo que sumaron que, a pesar de conocer que Peiti estaba sufriendo amenazas por parte del lugarteniente de Los Monos Maximiliano «Cachete» Díaz y un grupo de personas, omitieron investigar estos hechos.
En referencia a la función de Ugolini, los fiscales sumaron audios de febrero pasado entre el secretario de Ponce Asahad con la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena sobre juego clandestino y puertos secos, que hacían mención al senador Traferri, de acuerdo con la imputación.
La organización
En la causa figura que el grupo delictivo está compuesto en su organización por Peiti, Serjal y Traferri, a quien los fiscales intentaron imputar y al no someterse voluntariamente al acto derivó en un pedido de desafuero que no prosperó en el Senado.
Ahora, los fiscales anunciaron que plantearán la inconstitucionalidad del artículo 27 de la Código Procesal Penal –que fija los pasos a seguir en caso de que exista mérito para imputar a un legislador–. En tanto, Traferri contestó con una presentación para apartar a los fiscales, pedido que fue rechazado este martes por la actual fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren.
Los otros integrantes de la organización, siempre según Fiscalía, son: Ponce Asahad, Cachete Díaz, el fallecido David «Gordo o Zar del juego» Perona, de Rafaela, Ugolini y ex jefe policial Alejandro Torrisi, quien fue condenado mediante un acuerdo abreviado.
Para los fiscales, en el grupo existieron distintos roles y sus miembros hicieron distintos aportes para la organización y explotación del juego clandestino.
Además, Edery y Schiappa Pietra explicaron que el centro de decisiones y negocios del grupo fue Rosario y también hubo operatoria en Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, ciudad de Gálvez y Rafaela.
Para los funcionarios judiciales, Serjal era el encargado de brindar cobertura judicial y, abusando de su cargo como jefe de 79 fiscales, daba directivas a Ponce Asahad respecto de las medidas tendientes a brindar impunidad a Peiti en causas vinculadas con el juego clandestino, de acuerdo con lo desarrollado en la acusación.
Otra pata organizativa estaba conformada por Traferri, quien –según la teoría fiscal– aseguró la continuación de la organización al brindar cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos y, la última, por Peiti, quien organizaba los recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego ilegal en diferentes modalidades, mientras que el resto de los sindicados fueron señalados como integrantes de la asociación ilícita.
Según la imputación, Peiti se valió de la participación del senador, el cual aprovechó sus influencias y se encargó de vincularlo con Serjal y Ponce Asahad. Tras la acusación de la semana pasada como uno de los organizadores, el empresario Peiti volvió a irse caminado de la oficina de la Fiscalía y continúa con las restricciones fijadas a finales de julio pasado tras el pago de una fianza de dos millones de pesos.
Este miércoles, alrededor de las 21 y tras casi cuatro horas de audiencia para exponer gran cantidad de indicios, los fiscales pidieron que Serjal tuviera la prisión preventiva por el plazo de ley, al igual que Ugolini, quien llegó a esta reimputación en libertad.
Tras escuchar a las partes, la magistrada Verón aceptó el pedido para Serjal y no hizo lugar a la solicitud para Ugolini, quien seguirá en libertad con reglas de conducta.
