Quince días atrás el empresario Leonardo Peiti se sentó frente a los fiscales que lo acusan como jefe de asociación ilícita en tres jurisdicciones diferentes para contar lo que dice saber, aseguran en su entorno: el día anterior había firmado “un preacuerdo confidencial” para convertirse en arrepentido y a cambio de esos datos obtener una pena de tres años de cárcel y una multa de 536 mil dólares, entre propiedades y efectivo. Tres días más tarde hizo lo mismo, aunque ante la jueza Eleonora Verón, y repitió el discurso, agregan estas fuentes del caso: tres senadores, uno peronista y dos radicales, cobraron dinero que les dio de su bolsillo, Los pagos, dice Peiti, redondearon los 315 mil dólares, aunque a esto le sumó un cuarto senador, también justicialista, a quien asegura haberle abonado a través del fallecido Zar del Juego Clandestino de Rafaela David Perona y monto que no especificó.
Según esta versión, el 9 de septiembre Peiti y sus abogados Luis y Angelo Rossini firmaron un “preacuerdo” de presunta confidencialidad ante los fiscales de Rosario Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Un día después, el viernes 10, habló hora y media ante los referidos Edery y Schiappa Pietra, la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren y el jefe de los fiscales provinciales Jorge Baclini. Por videoconferencia, el fiscal de Melincué Matías Merlo y los fiscales de Rafaela Gabriela Lema, Diego Vigo (titular regional) y Guillermo Loyola. Y el lunes 13 ratificó lo dicho ante los mismos actores y la jueza Eleonora Verón.
Por Rafaela tomaron parte tres fiscales porque ese es el número de causas contra Peiti que tramitan en esa jurisdicción como jefe de asociación ilícita de la cual David Perona era considerado parte: Vigo y Loyola en un principio no estuvieron de acuerdo, aunque terminaron aceptando rubricar el convenio, añadieron los voceros.
En su declaración, trascendió de allegados al caso, involucró a Traferri: dijo haberle pagado 250 mil dólares en cuotas y, siempre según esta versión, los fiscales pueden comprobarlo con las antenas de celular, ya que fue captado en el momento en que sacó los billetes para uno de esos pagos de Rosental y luego en Ricardone, donde vive el senador sanlorencino.
También brindó “datos concretos” de las reuniones con Traferri tras las detenciones de los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad (quien firmó un abreviado como arrepentido y pronto estará en su casa) y Patricio Serjal (quien está imputado y continúa el proceso bajo arresto domiciliario), de quienes dijo conoció a través del senador sanlorencino.
Ante esta acusación contra Traferri, a quien los fiscales rosarinos pretenden imputar como organizador de una asociación ilícita, por ahora sin éxito, su abogado Oscar Romera negó la acusación, insistió en que hay una persecución política contra su cliente, y dio argumentos por los cuales considera que la figura del imputado colaborador no puede aplicarse en Santa Fe, porque no está reglamentada.
En cuanto a los dos senadores del radicalismo que Peiti involucró, las mismas fuentes precisaron que en el caso de Hugo Rasetto, del departamento Iriondo, dijo haberle aportado 40 mil dólares, la mitad de los cuales entregó en persona, y el resto a través de un allegado. Y que afirmó haberle dado a Lisandro Enrico, del departamento General López, 25 mil dólares, a través del fallecido empleado legislativo Ricardo Paulichenco. Todo, cuatro años atrás, cuando ambos sostenían denuncias contra el juego clandestino, describió, y a la vez sostuvo que tras los pagos “dejaron de ocuparse del tema”.
Al ser aludido por esta imputación, Enrico anunció que se presentará este lunes antes los fiscales de Rosario para pedir que se impute a Peiti, a quien denunció con anterioridad, por falso testimonio. “El abogado Rossini fue el primero que filtró esto”, dijo Enrico a la radio Aire de Santa Fe en referencia a que alguien dio a publicidad este “preacuerdo confidencial”, lo que según los diversos actores vinculados con la causa condicionaría al juez que deba homologarlo, o no. “Esto beneficia a Peiti porque ahora están todos viendo qué dice Peiti. Es un circo”, amplió el legislador radical.
También se refirió Enrico al otro radical apuntado por Peiti, en declaraciones a Radio Eme: “A Hugo Rasetto le pasó lo mismo que a mí. Denunció el juego clandestino y ahora está ensuciado por este delincuente. El abogado Rossini vive del dinero sucio”.
Sobre la filtración del acuerdo, el abogado Romera apuntó contra el titular del Organismo de Investigaciones del MPA y ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, a quien Traferri acusa de perseguirlo a través de los fiscales de Delitos Complejos. En tanto, por esta filtración el abogado casildense Fernando Moschini, defensor del hermano del empresario, Roberto Peiti, fue allanado y la TOE le incautó el teléfono celular.
También dijo Leo Peiti en su declaración, siempre según esta fuente, que un senador del bloque oficialista “le exigió” una suma de dólares para la campaña y que “la tuvo que pagar”. Y que lo hizo a través de su asociado rafaelino, el también fallecido David Perona.
En el punto 10 del acuerdo se habla de que Peiti, además de recibir una pena de seis años que al ser considerado imputado colaborador se reduce a la mitad, pagará una multa de 536 mil dólares: 236 mil en efectivo y 300 mil en inmuebles, aunque el mismo vocero aclaró que “le devuelven la casa de Funes, los autos y teléfonos”.
