Santa Fe vivió una semana política histórica. De no mediar la circunstancia excepcional que la rodea por la pandemia de coronavirus, la centralidad en los medios, aún los nacionales, sería mayor. Tan importante fue la semana que pasó, y tal vez aún más las que están por venir, que los cimientos de las instituciones santafesinas quedaron temblando, como a la espera de un nuevo cimbronazo.
La semana que volvió a poner en el centro de la escena a la política santafesina y sus nexos con el juego ilegal arrancó el lunes por la mañana, cuando el senador Traferri decidió enfrentar a la prensa y exponer sus hipótesis sobre las razones que lo llevaron a tener que declarar en la Justicia.
Ese día, el legislador del departamento San Lorenzo que fue apuntado por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad como organizador de la recaudación ilegal del fuego se defendió junto a su abogado y recordó las denuncias que presentó y los atentados de los que fue víctima. También se refirió al MPA, que acumula más de 233 denuncias contra sus fiscales.
«Vino a la provincia a tirar carpetazos», dijo sobre el ministro de Seguridad Marcelo Sain en su intento de encontrarle un responsable a su derrotero de las últimas semanas. Traferri le atribuyó a Sain el armado de la causa en su contra, el manejo del MPA (Ministerio Público de la Acusación) y la intención de llegar a la provincia para pegar carpetazos, vinculándolo a una tarea de inteligencia.
Ese mismo día, los senadores alineados con Perotti rompieron con el bloque oficial del PJ. Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufman le enviaron una nota a la vicegobernadora Rodenas para informarle la constitución del bloque “Lealtad”, en una movida que iba a jugar cartas anticipadas de lo que sería la consideración del pedido de desafuero, unos días más tarde. Seis senadores decidieron seguir dentro del sub-bloque Juan Domingo Perón liderado por Traferri, y los dos restantes (Eduardo Rosconi y Cristina Berra) resolvieron constituir sus propios espacios unipersonales.
En el bloque llamado “Juan Domingo Perón, quedaron los senadores que aún son conducidos por Traferri: José Baucero (San Javier), Guillermo Cornaglia (Belgrano), Joaquín Gramajo (9 de Julio), Rubén Pirola (Las Colonias) y Osvaldo Sosa (Vera).
Al día siguiente, mientras ingresaba formalmente a la Legislatura el pedido de desafuero enviado el día anterior por los fiscales de la causa de juego ilegal, Sain contraatacó e intimó a Traferri a que presente pruebas sobre lo que consideró fueron “expresiones difamatorias” de la conferencia del senador del lunes. El ministro de Seguridad le dio 72 horas al senador para que «respalde» ante la Justicia con elementos de pruebas sus acusaciones.
“Lo intimo a que en el plazo de 72 horas de recibida la presente proceda a exhibir en sede judicial los elementos de prueba que respalden sus expresiones difamatorias. Caso contrario, consideraré iniciar las acciones legales que por derecho me correspondan”, decía la misiva enviada por Sain.
Mientras tanto, el pedido de desafuero fue derivado a la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, cuyos integrantes programaron una reunión para el jueves con los fiscales. Pero antes, durante la sesión del miércoles, Traferri renunció a la Comisión de Peticiones y Juicio Político –que integraba en carácter de presidente– e hizo pública una nota remitida a la Corte Suprema de Justicia y a las dos cámaras legislativas a través de la cual responsabilizaba al ministro de Seguridad Marcelo Sain si le pasaba algo a él o a su familia. Traferri volvió a ponerle nombre y apellido a quien considera el autor de una operación en su contra: Marcelo Sain. Y lo hace responsable de “cualquier daño o acción violenta” contra él, contra su familia o contra “allegados personales o políticos directos”.
Un día después, los fiscales expusieron ante los senadores las pruebas que tienen contra Traferri. Edery y Schiappa Pietra se reunieron con los integrantes de las comisiones de Juicio Político y Asuntos Constitucionales y mostraron fotos, audios y grabaciones telefónicas que, aseguran, comprometen al senador sanlorencino. “Las pruebas son contundentes, hay para ir a un juicio oral”, sostuvo Schiappa Pietra tras la reunión.
Acompañados por el titular del MPA Jorge Baclini, los fiscales expusieron y explicaron a fondo la denuncia desglosada ante el micrófono y las cámaras el 4 de diciembre por el destituido fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, en la cual menciona a Traferri, al ex diputado Darío Scataglini (PJ) y a “otros estamentos del Estado” como parte de la protección institucional a la red de juego ilegal dirigida por el empresario arrepentido Leonardo Peiti, quien apenas fue imputado se fue en libertad.
El final de la historia es conocido. El Senado provincial rechazó el viernes el pedido de desafuero contra Armando Traferri (PJ) y, de esa manera, el representante del departamento San Lorenzo no será imputado en la causa penal que investiga el juego clandestino y las redes de protección institucional. Fueron 12 votos en contra del pedido de desafuero, cuatro a favor y tres abstenciones.
Solamente votaron a favor del desafuero los cuatro senadores peronistas del bloque Lealtad, que responden al gobernador Omar Perotti. Los otros senadores del PJ rechazaron el pedido de desafuero ya que, a su entender, no hay pruebas suficientes para que el senador de San Lorenzo sea acusado formalmente por la Justicia. Del mismo modo lo hicieron los miembros del bloque de la UCR-Frente Progresista.
Los senadores que votaron en contra del desafuero son los peronistas Rubén Pirola, Joaquín Gramajo, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa, Eduardo Rosconi y Cristina Berra y los radicales Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y Leonardo Diana. Hubo tres abstenciones: el propio Traferri y los radicales Lisandro Enrico y Rodrigo Borla.
Desde el perottismo, el senador Marcelo Lewandowski opinó: “Quien debe definir si las pruebas son suficientes es la Justicia. Nosotros, como senadores, lo que tendríamos que haber hecho es posibilitar que la Justicia trabaje. Al no quitar los fueros, nunca se podrá saber si las pruebas alcanzaban. Lo que dicen los fiscales es: «Empezamos esta investigación, tenemos estas escuchas, el señor Traferri fue inconsistente cuando hizo su descargo». Si Traferri en lugar de ser senador, hubiera sido verdulero, estaría sentado en un banquillo. Pero nosotros desde un cargo legislativo, o desde cualquier cargo público, no podemos ser más que el resto de la ciudadanía”.
El radical Lisandro Enrico, presidente de la Comisión de Juicio Político del Senado, explicó por qué se abstuvo al momento de la votación: “En primer lugar, porque no estaba de acuerdo con la prueba que los fiscales tenían para sostener una acusación semejante. Pero tampoco estoy de acuerdo con que no se investigue el tema”.
Poco antes de la sesión del Senado, el bloque de diputadas y diputados provinciales del Partido Socialista fijó postura: “Por las características y la gravedad institucional de la causa, que ya tiene a dos fiscales detenidos, es imperioso que todos los representantes de los poderes del Estado se pongan a disposición de la Justicia sin condicionamientos ni privilegios de ningún tipo”. Los diputados socialistas manifestaron su respaldo a la tarea que vienen llevando adelante Edery y Schiappa Pietra en la persecución del delito de juego clandestino en Santa Fe “y a cualquier investigación que aporte más y mejor calidad institucional en nuestra provincia”.
El diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade también defendió “el lúcido y valiente trabajo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra” y fue muy crítico de la decisión de los senadores: “El Senado eligió posar como Juzgado de Sentencia y entendieron que su par no merecía la condena. No se pedía eso. Simplemente que un hombre elegido por el voto popular sea, una sola vez, como la gente que lo votó, que no tuviera privilegios, que sea investigado, nada más y nada menos que eso”. Y agregó: “Los que confirmaron los privilegios feudales de la inmunidad parlamentaria al senador Armando Traferri son peronistas y radicales. Expresan conductas y posiciones que remiten a un partido transversal, el Partido Único Santafesino, que se nutre de la oscuridad en la que el estado parece más un garante de negocios privados que de derechos sociales e individuales. No todos los peronistas ni todos los radicales son así. Pero es imprescindible que esos sectores conservadores no tengan tanto poder en estructuras que alguna vez enamoraron a nuestro pueblo con luchas, banderas y propuestas que apuntaban a socializar riquezas y crecer en derechos”.
En tanto, el referente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Octavio Crivaro, sentó la posición del espacio en torno al tema: “Con la crisis de Traferri se revela el pacto de impunidad en Santa Fe. Da cuenta de un régimen absolutamente corrupto al servicio de los grandes empresarios y de los negocios ilegales, que involucra a todos los partidos mayoritarios, a la policía y la justica, un régimen se vio que la crisis del narcotráfico, el juego clandestino y los negocios ilegales llega cada vez más alto. Que se haya partido el bloque de senadores del oficialismo entre perottistas y los fieles de Traferri es la menor de las consecuencias. Cada vez que alguno de los actores abre el micrófono del otro lado alguien cierra los ojos esperando no caer”.
La historia sigue. La causa promete más capítulos, tanto en la Justicia como en la Legislatura.
