Un juez de la Corte Suprema brasileña ordenó este miércoles la liberación de los presos con recursos pendientes después de haber sido condenados en segunda instancia, una decisión que supone la libertad inminente del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien purga desde abril una pena de 12 años por corrupción.
La decisión puede ser refrendada o rechazada por el plenario del Superior Tribunal Federal, que volverá a reunirse a principios del año que viene, tras el receso de las fiestas.
En el caso de Lula, el pedido había sido presentado por el Partido Comunista brasileño, al considerar que mantener a personas condenadas en segunda instancia era inconstitucional.
Ante la noticia, la reacción del Partido de los Trabajadores (PT) fue casi simultánea. “Acabamos de solicitar la liberación de Lula”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, fundado por el ex mandatario.
En tanto, la petición de liberación fue presentada este miércoles por el abogado del ex mandatario, Cristiano Zanin, ante el foro de Justicia de Curitiba, la ciudad del sur de Brasil donde el ex presidente está encarcelado.
“Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte”, alegaron los abogados del líder socialista en su petición, presentada pocos minutos después de que se conociera la cautelar del tribunal.
La decisión judicial se produce en vísperas de la asunción del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, el próximo 1º de enero.
El ex capitán del Ejército basó gran parte de su campaña denunciando a Lula y al PT.
Hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre, el ex presidente (2003-2010) era el favorito en las encuestas de opinión.
Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras, aunque las pruebas para sentenciarlo fueron bastante inconsistentes.
Lula, de 73 años, fue condenado en segunda instancia en enero, pero tiene varios recursos pendientes. Enfrenta además otros procesos.
La medida podría beneficiar también a muchos condenados por el megaescándalo Lava Jato, que estalló en 2014 y puso al descubierto una gigantesca red de pago de sobornos por parte de empresas privadas a políticos y autoridades, a cambio de obtener licitaciones de obras públicas en Petrobras.
