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Juez federal de Victoria se declaró incompetente para investigar quemas en las islas del Paraná

Federico Martín remitió el caso a la Justicia provincial de Santa Fe, que en octubre pasado había determinado no tener jurisdicción. El ex concejal Jorge Boasso, uno de los denunciantes, cuestionó intereses económicos

La Justicia federal de Victoria se declaró incompetente para investigar a los responsables de los incendios en las islas del Paraná. El magistrado Federico Martín argumentó que “no se encuentra que la magnitud del siniestro haya alcanzado la interjurisdiccionalidad que habilita el fuero federal” y agregó que “no puede inferirse que el humo liberado habilite que actúe la Justicia federal de Victoria”. La resolución llega dos años después de las denuncias y obliga a dirimir la situación en una instancia superior. Mientras tanto, habilita a que fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA) accionen en el caso. En octubre del año pasado, la Justicia provincial en Rosario había determinado no tener jurisdicción para avanzar ya que los delitos son de competencia federal.

En Rosario hubo al menos tres presentaciones de ciudadanos afectados en su salud. Uno de ellos fue el ex concejal radical Jorge Boasso quien dijo que la resolución “le remueve el estómago”. “Después de dos años, declararse incompetente y no hacer una acción de todas las que le pedimos, me remueve el estómago”, señaló a LT8.

El ex concejal recordó que había presentado dos tipos de denuncias, una en el fuero penal federal y otra en la Justicia provincial “para no dejar ningún franco abierto ni que ninguno se lave las manos” por los daños en la salud provocados por el humo y las quemas.

“En el Federal, (Adriana) Saccone se lo sacó de encima al otro día y lo mandó al juzgado de Martín vía Kishimoto, quien me explicó la problemática y dijo que iba a pedir medidas y acciones para que Martín autorizara. En ese entonces, Kishimoto estaba subrogando la fiscalía general de Victoria. No sólo no lo autorizó, sino que después de 2 años se declara incompetente. Es una joda”, dijo Boasso.

Para el ex concejal “todos se lavaron las manos”. “Si los daños los sufrimos los rosarinos hay una teoría de competencia que determina dónde se producen los daños. Ahora con la incompetencia declarada por Martín tiene que actuar una instancia superior. Es muy irritante todo. Si fuese diputado estaría pidiendo juicio político. Creo que hay intereses económicos. No puedo hacer otra hipótesis, de lo contrario todos unos incompetentes y si es así que renuncien”, concluyó.

Incendiados

El fiscal Luis Schiappa Pietra había convocado a declarar a funcionarios entrerrianos por su responsabilidad en tomar medidas para evitar que continúen los incendios y solicitó a la Oficina de Gestión Judicial “una audiencia de cese de estado antijurídico”.

Un juez provincial y la Cámara Penal de Rosario declararon la incompetencia de la Justicia provincial para intervenir en las causas. El juez de primera instancia Nicolás Foppiani citó al gobernador Gustavo Bordet y la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, anunció la apelación. La camarista Carina Lurati entendió que se trata de un delito ambiental de competencia federal, al igual que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En julio del año pasado, el ex concejal radical Jorge Boasso presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de Rosario, a cargo de Adriana Saccone, por problemas de vista a causa de los incendios para que investigue y aplique la ley de quemas (Nº 27.604) para encontrar a los responsables de provocar daños en la salud de la población producto del humo. Lo siguieron el periodista Andrés Canepa por un cuadro respiratorio crítico, y Adriana Acosta, una tercera denunciante quien presentó una constancia médica por faringitis alérgica producto de las quemas.

El fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto, en cooperación con los fiscales del MPA, remitió el caso a la fiscalía federal de Victoria y fue recibido por el juez federal Martín que consideró que su competencia es un fuero de excepción y remitió el caso a la Justicia de Santa Fe.

En Rosario, el caso vuelve al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a un equipo en el que participan los fiscales Schiappa Pietra, Matías Ocariz y en el que actúa también el fiscal federal Claudio Kishimoto.

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