Algunas declaraciones del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro sobre la actuación del Poder Judicial y la feria derivaron en prontas reacciones del otro lado del mostrador. El funcionario provincial habló del recrudecimiento de los homicidios en los últimos días del año pasado y el 1º de enero de 2018, cuando hubo 5 crímenes y criticó el sistema de feria, donde, detalló son muy pocos los funcionarios que quedan a cargo.
Finalmente Pullaro bregó por abrir una discusión sobre el tema. Y la contestación no tardó en llegar de la mano del coordinador del Colegio de Jueces de Primera Instancia Luis María Caterina, que si bien mostró su disposición a la charla defendió la tarea del Poder Judicial y agregó que asumen la responsabilidad en la conformación de la política criminal del Estado, pero hay un problema de seguridad que excede al Poder Judicial.
El magistrado refirió que la feria judicial está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y prevé una determinada organización de trabajo en ese período, donde se cumple la labor con un número reducido de empleados y funcionarios que en la actividad normal. Aunque aclaró que las audiencias se realizan en forma inmediata. Explicó que es una discusión que se puede dar, sobre si es o no la mejor forma de trabajo. “Se puede discutir y mejorar obviamente, no es un principio republicado inmutable ni mucho menos, pero de ahí a decir que la culpa es del Poder Judicial o que el problema es el Poder Judicial me parece que estamos errando el punto central, donde hay que poner el acento”.
A modo, por ejemplo dijo que hoy no hay lugares de internación para personas que sufren una adicción y están en conflictos con la ley penal y en delitos graves. Muchos de los lugares de detención no tienen lugares de capacitación adecuados o de alfabetización. La gente entra al sistema penal y sale sin que se le resuelvan problemas como la alfabetización, la capacitación laboral, el problema de adicciones sin contar los problemas de seguridad barrial que no son del Poder Judicial, subrayó.
«Nosotros asumimos la parte de responsabilidad que tenemos como Poder Judicial en la conformación de la política criminal del Estado pero que los muertos aparezcan en las calles no es un problema del Poder Judicial, en todo caso del (Poder) Ejecutivo. Lo que nosotros tenemos que hacer, y muchas veces no se entiende, es evaluar en el caso particular si una persona tiene que ser responsabilizada o no de la comisión de un delito, y ahí está el sistema de garantía», explicó.
En cuanto a las medidas cautelares dijo que cada juez lo aplica en el caso particular y puede haber discrepancias que se discuten en la Cámara Penal. Lo que hay que entender es que la ley crea un marco general que da amplitud y le dice a un juez “fíjese en el caso particular”. Lo que hay que evitar es el doble discurso: por un lado tenemos una ley que da un montón de facilidades y por otro la culpa la tienen los jueces que las aplican, detalló.
En relación a los incrementos de los homicidios a fines de diciembre, dijo que hay una serie de factores estacionales. No solo diciembre sino también enero suelen ser particularmente conflictivos por distintas razones, pero en Rosario no hay un estudio criminológico al respecto. En base a su experiencia detalló que suelen aumentar los casos por la ingesta de alcohol, agravamiento de conflictos familiares, interpersonales. Hay un problema de seguridad que excede incluso el marco meramente policial, detalló.
Explicó que también hay problemas de ordenamiento territorial, de vivienda, de escolarización, de consumo problemático de sustancias, la pauperización, la situación económica, todos estos problemas se potencian, dijo y agregó. “Si creemos que estos problemas se van a solucionar sólo con persecución penal estamos errando. Ahora si entendemos la persecución penal policial primera: seria, eficiente, con personal capacitado y después con un conjunto de medidas que el Poder Judicial arbitre como última instancia para tratar de solucionar esos problemas ahí estamos mejor encaminados”, concluyó.
“Si hablamos de cuestiones de seguridad nos hacemos cargo pero que cada poder del Estado se haga cargo de todos los temas y no digamos bueno, el problema es la feria y los jueces largan a la gente en libertad cuando no corresponde. Entonces arbitremos todos los medios y veamos todas las cuestiones. En algunos barrios se está viviendo muy mal, no digo que sea culpa de Pullaro pero evidentemente hay un problema de seguridad que excede al Poder Judicial que atiende el caso concreto. Entonces hay un problema de violencia en las calles, de falta de presencia policial o una presencia no adecuada de la policía que no es un problema del Poder Judicial. Si discutimos, discutamos todos los temas”, planteó Caterina.
La aclaración de Pullaro
Por su parte, cuando Maximiliano Pullaro presentó los datos preliminares del Observatorio de la Agencia de Seguridad Vial durante 2017 en la provincia y volvió a hablar del tema, aclaró: “Lo que hice fue una declaración política, no pretendo ofender, que nadie se enoje ni entrar en un debate público. Sí, empezar a pensar algunas políticas públicas que se tienen que llevar adelante” detalló.
“Nosotros necesitamos tener un compromiso pleno de todos los actores que intervenimos en la seguridad pública. No es sólo una crítica o una queja en particular a alguien: ni a un juez, ni a un fiscal, ni a la defensa pública, simplemente al sistema”, precisó.
“También precisamos una acción similar al que lleva la policía de Santa Fe y el Gobierno y diferentes actores gubernamentales, también acompañada por la Justicia. Lo que pretendemos es discutir y pensar si todavía tiene sentido lo que son las ferias judiciales en argentina”, objetó Pullaro.
“Tenemos que tener una discusión honesta y profunda que pueda impactar en mejorar la seguridad pública y no pretendí ofender ni provocar a nadie. Simplemente discutir si los que estamos vinculados a en seguridad tenemos trabajar en enero o no”, concluyó el ministro de Seguridad.
