Con el motivo de que Vicentin tenga «los elementos necesarios» para evitar la quiebra y ayudar a mantener el patrimonio de la empresa, el juez que lleva adelante el concurso preventivo Fabián Lorenzini le ordenó tanto a la Dirección General de Aduanas como a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que levanten la suspensión que pesa sobre la cerealera en el registro de importadores y exportadores para que pueda retomar su actividad, ya que consideró que los organismos públicos realizaron una «interpretación sesgada» de las normas.
El pedido de Lorenzini, juez que fue recusado por acreedores por su pasado laboral en el Banco Nación, se da en respuesta a la solicitud de Vicentin. La cerealera había solicitado el pasado 14 de mayo que le permitan exportar para asegurar su continuidad y, de esta manera, garantizar las fuentes de trabajo. Ante ello, el juzgado Civil y Comercial de Reconquista le ordenó a los organismo nacionales que levanten la prohibición, fundamentando su decisión en lo planteado por la empresa: poder operar para mantener el patrimonio de la firma y eludir la quiebra.
Además, el juez definió, en otra resolución, elevar a la Cámara los recursos que se plantearon contra su resolución en la que relega a los interventores de Vicentin que designó el gobierno nacional y repone, en cambio, al directorio de la empresa.
La prohibición de Vicentin en el registro de importadores y exportadores, condición necesaria para poder operar en el comercio exterior, se había efectivizado el pasado 23 de enero. La Afip lo había dispuesto ante la deuda que la cerealera mantenía con el organismo de recaudación, que era de 1.118,5 millones de pesos. Las operaciones de las plantas que pertenecen a Vicentin estuvieron paralizadas desde diciembre, luego de que la firma anunciara el «estrés financiero» y entró en default.
Según publicó Punto Biz, retomó este mes retomó las actividades gracias a un contrato de alquiler con Oleaginosa San Lorenzo, a partir de granos que comenzó a enviar Glencore, su socia suiza en Renova y previamente en mayo Vicentin suscribió un contrato a fasón con el Grupo Olio.
El pedido de la empresa y del juez Lorenzini, también es apoyado por la Sindicatura, que plantea que para que Vicentin pueda hacer frente al pago a los acreedores pero también seguir abonando los sueldos a los trabajadores, es generar ingresos genuinos más allá del financiamiento a través de créditos. En ese marco, la Sindicatura determinó que las plantas de la empresa están trabajando a un 40%, por eso creen fundamental que la Afip y la Aduana le permitan a la cerealera retomar el comercio exterior, más en una empresa que exporta el 90% de lo que produce.
El juez Lorenzini, en su resolución, consideró que la Dirección de Aduanas «realizó una interpretación sesgada del sistema normativo, sin tener en consideración la calidad de pre o posconcursales de las obligaciones fiscales devengadas y pendientes de pago» porque la suspensión determinada tanto por ella como por la Afip no obedeció al ingreso a concurso de acreedores sino como una respuesta a la abultada deuda que la agroexportadora mantiene con el organismo estatal de recaudación.
Hace unos días, la Cámara de Apelaciones había mantenido en su cargo al juez Lorenzini, luego de que uno de los acreedores de Vicentin, La Clementina, había solicitado desplazar al magistrado de Reconquista al considerar carecía de imparcialidad “fruto del vínculo profesional de más de 20 años con el acreedor más importante dentro del concurso, el Banco de la Nación Argentina». En el mismo sentido, el banco estatal evaluaba hacer una presentación al respecto. Aunque por ahora el juez que lleva adelante el concurso sigue firme en su puesto.
