La jueza de Rafaela Cristina Fortunatto aceptó este viernes los argumentos de la defensa de Leonardo Peiti, el empresario detenido desde hace 22 días por presunto liderazgo de una red de juego clandestino en Santa Fe, y concedió que el acusado abandone la prisión para continuar con un tratamiento psicológico y psiquiátrico en una institución médica de Rosario.
El pedido, discutido este viernes en una audiencia, fue cursado por los abogados Luis y Angelo Rossini. Antes, una junta médica había concluido que Peiti, de 47 años, no está en condiciones de seguir el tratamiento detrás de las rejas.
El empresario está acusado en cuatro causas. En ellas se lo señala como jefe de una asociación ilícita que tuvo como objeto la organización, administración y explotación económica en forma habitual y continua de juegos de azar y/o apuestas sin contar con autorización legal, lo que deriva en fraude a la administración pública. Dos de los procesos se tramitan en los Tribunales de Rafaela, otro en Venado Tuerto y la restante, que involucra a los detenidos ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, y a su ex subordinado Gustavo Ponce Asahad, en Rosario.
Peiti, que maneja negocios de juegos de azar y licencias de casinos también en Formosa, Misiones y hasta el vecino país de Paraguay, acordó ser un arrepentido con el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, y por eso pasó originalmente los procesos en libertad. El 25 de marzo último, sin embargo, el juez de Rafaela Javier Bottero ordenó su detención en la amplia casa de Fisherton donde vivía.
El cambio de su situación movió a los defensores, que recusaron al juez Bottero por prevaricato. El magistrado se apartó del caso casi un mes después. Y, este viernes, Peiti pudo salir de prisión por decisión de su colega Fortunatto.
El martes pasado, el empresario fue sometido a una junta médica. Con el resultado de esa instancia, la defensa solicitó la morigeración de prisión y el traslado de su representado a una clínica «para ser tratado de sus afecciones psiquiátricas y psicológicas».
Los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema se opusieron, pero la jueza Fortunatto aceptó el pedido; sí impuso algunas condiciones: que el centro médico en el que se lo atienda le informe todas las semanas los pormenores del tratamiento.
Los defensores de Peiti ahora irán, adelantaron, contra los fiscales Lema y Loyola. Presentarán un pedido de apartamiento en la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo el argumento de que desconocieron “un informe del Instituto Médico Legal de Rosario que llegó a los Tribunales de Rafaela por mail y en el cual se aconsejaba el tratamiento de Peiti».
Justicia y política en la mira
Las investigaciones en torno de Peiti, y sus declaraciones como «arrepentido», se llevaron puestos a funcionarios judiciales como Serjal y Ponce Asahad de Rosario pero también comprometen a otros. En San Lorenzo, quedó en la mira la fiscal Melisa Serena, a quien le secuestraron su celular para peritar y quien ya fue formalmente acusada, y Rodrigo González, funcionario en Reconquista, igualmente imputado.
La causa contra Peiti que se tramita en Rosario e investigan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra también tiene como blanco un histórico referente político santafesino: el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, jefe del PJ en la Cámara alta provincial, por presuntas comunicaciones con el empresario mantenidas desde 2017. En este caso, el pedido de desafuero a la Legislatura para indagarlo sufrió el rechazo de los legisladores y también de la Justicia penal de Rosario.
