La jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, saltó a la fama el viernes cuando abonó la campaña mediática sobre una supuesta ola de liberaciones de detenidos por la pandemia del coronavirus. A tono con el hecho, aportó información falsa a la “fake news”.
En radio Mitre -uno de los medios del Grupo Clarín que estimuló el cacerolazo contra las excarcelaciones- la magistrada afirmó que en la Provincia de Buenos Aires se habían “liberado 172 abusadores, violadores y asesinos” favorecidos por políticas tendientes a reducir el riesgo de transmisión de Covid-19 en las cárceles. La información oficial, sin embargo, exhibe una realidad bien distinta: el dato del Servicio Penitenciario Bonaerense indica que este año recuperaron la libertad 38 condenados por violación y abuso durante el período de aislamiento (entre el 17 de marzo y el 17 de abril), mientras que en la misma fecha del año pasado los excarcelados fueron 44. En cuanto a los homicidios, en 2029 se computaron 103 liberaciones y 42 este año. En la mayoría de los casos, además, las excarcelaciones fueron otorgadas por cumplimiento de penas.
Lo curioso es que, entre las pocas domiciliarias por Covid-19 que se dieron en casos de homicidio, una fue otorgada por la propia jueza Márquez. El 3 de abril último, la magistrada benefició a Víctor Manuel Carrizo, condenado a 11 años de prisión por homicidio calificado. Carrizo debía permanecer en prisión hasta el 19 de octubre de 2024, pero Márquez otrogó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica bajo pretexto que Carrizo cursa un tratamiento de tuberculosis y eso implica “un factor de riesgo de contagio” de coronavirus.
A contramano de lo que indican los fallos de los tribunales de alzada, que prescriben la posibilidad de excarcelar en el marco de la pandemia a aquellas que personas imputadas o condenadas por delitos leves o con condenas cerca del vencimiento, Márquez no tuvo en cuenta la gravedad del delito ni la pena que pesaba sobre Carrizo. Tampoco que la fiscalía se opuso a la excarcelación porque no estaba claro si el domicilio donde cumpliría la pena el hombre era apto para el aislamiento. En la resolución tampoco figura que la jueza haya notificado a la víctima, como prescribe la ley.
A pesar de sus propios antecedentes, Márquez, que integra la organización Usina de Justicia ligada al macrismo, fue una de las agitadoras de la campaña que buscó golpear a los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof adjudicándoles la invención de un “mecanismo” para liberar presos con la pandemia como excusa.
Fuente: El Destape
