El pedido de juicio político a Carlos Fayt que insinúa el Frente para la Victoria se convirtió en un road-show legislativo con final incierto. ¿Puede el kirchnerismo parlamentario ordenar “la apertura de un proceso investigativo” contra el juez de la Corte Suprema sin antes votar la apertura del juicio político? ¿Hasta dónde llegará el gobierno nacional para someter al magistrado de 97 años, sin su consentimiento, a un estudio psicofísico que sólo se puede realizar compulsivamente por orden judicial?
No son esas las únicas preguntas que se formula el Frente para la Victoria para la reunión de la Comisión de Juicio Político que se celebrará hoy a las 17. Montar un show en torno de un eventual procesamiento de Fayt por falta de idoneidad tiene sus costos.
Primero, porque el kirchnerismo no cuenta con dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados para formular la acusación de mal desempeño de sus funciones contra el magistrado de la Corte Suprema. Tampoco cuenta con dos tercios en el Senado, la Cámara juzgadora de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución Nacional.
Laberinto legislativo
El gobierno nacional podría ocupar semanas de agenda con la acusación, pero se encaminaría a un callejón legislativo que termina inexorablemente en una derrota política.
Ocurrió a mediados de abril con el pliego de Roberto Carlés para cubrir la vacante de Raúl Zaffaroni en el máximo tribunal, cuando el kirchnerismo debió dejar “en reserva” el pliego de este académico que simuló el apoyo del papa Francisco.
Sin embargo, una nueva derrota en el Congreso Nacional no parece ser el principal peligro en plena campaña electoral para el FpV.
La edad, tema político
El oficialismo debería manejar el “incidente Fayt” con mayor precaución. A los 97 años, el juez del órgano que encabeza el Poder Judicial está más expuesto que nunca a las leyes de la naturaleza. Su salud física, más allá del cuestionado plano mental, deberá atravesar el invierno y cualquier contratiempo o desenlace indeseado en relación con su vitalidad tendría un denso efecto político. Lo comprobó la Casa Rosada con el fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman, cuando montó otro show parlamentario en la Comisión de Legislación Penal antes de su frustrada declaración a partir de su confusa muerte.
Arma de doble filo
Después de la moraleja Nisman y las advertencias de “salir con los tapones de punta” contra el fiscal, el Frente para la Victoria se expone ahora con la salud de Fayt y la construcción de cualquier tipo de manipulación política o construcción de teorías conspirativas en relación con el futuro del magistrado supremo. El kirchnerismo deberá calibrar el nivel de intensidad de su embestida contra Fayt teniendo en cuenta que no dispone de los recursos políticos (los dos tercios de los votos) para destituirlo por vías constitucionales.
Recuerdo de Noble
En cuanto al debate que se iniciará hoy en la Comisión de Juicio Político que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora, también el FpV deberá definir la estrategia. Desempolvará un pedido de Aníbal Fernández para someter a Fayt a un estudio psicofísico. Este tipo de exámenes no puede realizarse sin el consentimiento del sujeto a estudiar. El kirchnerismo tendrá la única alternativa de requerir esos análisis por la vía judicial. Otro desperdicio de recursos y de tiempo en plena campaña electoral, ya que una decisión de este tipo se judicializa a través de apelaciones y puede demorar años en resolverse. Ya ocurrió con la causa “Noble Herrera, Marcela y otro s/recurso de casación”, donde el kirchnerismo debió litigar años para conseguir una extracción compulsiva de muestras genéticas a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera para contrastar con el banco de datos genéticos.
Carbó, Boudou y Timerman
La reunión de la Comisión de Juicio Político se realizará esta tarde a partir de las 17 en el Anexo “A” de la Cámara de Diputados, donde además de analizar el pedido contra Fayt se debatirán solicitudes de juicio político contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el canciller Héctor Timerman y el vicepresidente Amado Boudou.
Esos pedidos fueron presentados entre 2013 y 2014 por Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI); Margarita Stolbizer (GEN); Pablo Tonelli (PRO); Graciela Camaño (Frente Renovador); Alberto Asseff (Frente Renovador); Laura Alonso (PRO); el juez federal Claudio Bonadio y el senador Gerardo Morales (UCR).
