La Argentina cumplió el jueves pasado todos los compromisos asumidos por el país dentro del acuerdo cerrado con Thomas Griesa para salir del default, al entregar en tiempo y forma la ley de salida del default promulgada ese mismo día por Gabriela Michetti. El texto fue presentado por el estudio Cravath, Swaine & Moore (CS&M) en el juzgado del segundo circuito de Nueva York. Sin embargo, se reconoce que por la posición de la Cámara de Apelaciones de ese país habrá que esperar hasta después del 13 de abril para que la operación se destrabe. Y que, tal como adelantó este diario, los pagos comiencen a concretarse desde la semana que comienza el lunes 18 de abril.
Según la estrategia cerrada por la Argentina, la demora en cumplir con la fecha del 14 de abril no trabará el proceso, ya que en los acuerdos firmados con los privados (los acreedores) no se menciona que el incumplimiento del pago en esa jornada (antes del mediodía, para más precisiones) implique que el acuerdo se caiga, sino que el país se compromete a pagar punitorios por la demora, aunque ésta sea provocada por causas exógenas e involuntarias a la acción del país. Esto implicará, según la visión de los abogados del CS&M que la operación de pago a los fondos buitre, comenzando por NML Elliott y NM Dart (los dos mayores acreedores con los que se cerró el trato), no se caiga, pero sí que se encarezca, ya que los punitorios pasarán del 2 al 9 por ciento anual.
Según los cálculos oficiales, el dinero a liquidar por los días hábiles en los que no se cumplirá con los pagos luego del 14 de abril (la demora final dependerá de la resolución de la Cámara de Apelaciones, pero no se demoraría más allá del 18 al 22 de abril), esa suma que costaría para el país la prórroga en los pagos sería importante pero insignificante ante los 12.500 millones de dólares que el país deberá desembolsar para cerrar el default. En el peor de los casos, aseguran desde Nueva York, serían entre dos y tres millones de dólares máximo, los que luego de haber concretado la operación el estudio CS&M le reclamará a la cámara en el momento de terminar de liquidar los gastos finales del juicio, en el momento que éste termine.
Según la recomendación de los abogados que representan al país, es mejor avanzar con la operación y asumir el aumento del costo final por no cumplir con la fecha impuesta del 14 de abril aunque esta prórroga no sea culpa de la Argentina sino de problemas propios de la Justicia norteamericana y sus tiempos legales. Luego de terminado el proceso, y con la formalidad del default cerrada, llegaría el momento de protestar y reclamar ante la segunda instancia judicial de Nueva York por los problemas causados por la decisión de abrir la audiencia del 13 de abril y trabar la fecha el 14 de ese mes.
La estrategia responde a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de actuar desde la semana pasada como si la propuesta argentina ante la Justicia norteamericana para salir de la deuda no tuviera inconvenientes legales para ser cumplida. Y que, en todo caso, sean los jueces de cámara los que rearmen los plazos para que los acreedores cobren los 12.500 millones de dólares comprometidos por la Argentina.
El escrito argentino con la aprobación de la ley que derriba las normas de pago soberano y cerrojo también fue presentada el jueves por el estudio CS&M ante el “special master” Daniel Pollack, que tendrá ahora la responsabilidad de acercar nuevamente a las partes (la Argentina y los acreedores) para definir las condiciones de los pagos, aunque éstos se encuentren supeditados a lo que defina la cámara. A esto se había comprometido ante Pollack el secretario de Finanzas, Luis Caputo, con lo que ahora considera el país que cumplió con su parte del acuerdo.
Se sabe que el que no podrá cumplir con su parte del pacto será el propio Griesa, que, por primera vez desde que comenzó el “juicio del siglo”, está en supuesta deuda con la Argentina, ya que no pudo imponer el “stay” con el que se le hubiera permitido al gobierno nacional comenzar a emitir el bono por 12.500 millones de dólares y empezar a liquidar el dinero que se les prometió a los fondos buitre y holdouts en el acuerdo cerrado en el bufete de Pollack. Como éste y Griesa dependen ahora del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, no puede emitir esa resolución hasta esperar los resultados de la audiencia del 13 de abril.
Desde Buenos Aires se descarta que por los tiempos judiciales normales de la segunda instancia de los Estados Unidos es imposible que haya fallo ese mismo día o el jueves 14 o viernes 15 de abril. Lo más probable, se reconoce, es que para el lunes 18 la cámara emita su fallo y se pueda concretar la emisión de la deuda y la liquidación a los acreedores que aceptaron el acuerdo, según el criterio jurídico que expone el estudio CS&M.
Mientras tanto, la Argentina y los bancos que intervendrán en la operación comenzarán con los “road shows” para la presentación de los bonos que se emitirán para cumplir con el compromiso firmado con los acreedores. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en persona, comenzará con las presentaciones en la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bahamas. Luego viajará a Washington para la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, los bancos que intervendrán en la operación (el BoNY, Wells Fargo, State Street, Goldman, JP Morgan, TD Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC y el Citi) comenzarán a contactar a sus clientes para la nueva operación, aclarando que estará disponible rápidamente luego de conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones.
