“Rosa Caminos y su familia se encuentran juzgadas por su apellido”, planteó este martes el defensor de una de las hermanas del histórico y fallecido barrabrava leproso, quien está en el banquillo junto a diez personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas al menudeo en barrio Tablada, organizada sobre la base de diferentes estamentos. En la jornada previa a que se conozca la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 3, fue el turno de los alegatos de las defensas que cuestionaron duramente los elementos probatorios expuestos por la Fiscalía durante el juicio. “No hay materialidad de los hechos atribuidos más allá del relato policial, al que la acusación le dio forma jurídica”, dijo el defensor federal Andrés Pennisi al objetar la investigación, las calificaciones legales y los pedidos de pena, a los que calificó de “excesivos y arbitrarios”.
Cuestionamientos
El miércoles pasado el fiscal federal de juicio Federico Reynares Solari pidió 10 años de prisión para Rosa, al considerarla jefa de una organización narco; para los demás imputados, incluidos la pareja de Rosa, y un hijo y una hija, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió penas que van desde los 9 a los 3 años de ejecución condicional, según los roles atribuidos en los estamentos de lo que consideran una asociación ilícita. De los once acusados, cinco están presos en la cárcel porteña de Villa Devoto y siguieron el debate por videoconferencia. El resto estuvo en la Sala 2 de los Tribunales de Oroño al 900. Reynares Solari consideró acreditado que los imputados vendían droga en Tablada, precisamente en bocas de expendio dispuestas sobre la cuadra de presidente Quintana al 100 bis, y que pudieron hacerlo durante un tiempo prolongado porque gozaban de complicidad policial de distintas fuerzas que cumplían funciones en la jurisdicción.
En ese marco, los abogados Ignacio Carbone y Fausto Yrure, junto a los defensores públicos Andrés Pennisi y Federico Gineste pidieron la nulidad de la investigación y la absolución por el beneficio de la duda de todos los imputados. En líneas generales y cada uno a su turno, plantearon que la pesquisa de la Policía Federal –el grueso de la prueba de la acusación– se basó en intervenciones telefónicas “arbitrarias que se prolongaron durante años e invadieron la privacidad” de los acusados: “En los audios sólo escuchamos vínculos familiares”, dijo Pennisi al tribunal.
Para la defensa, “no está probada la existencia de los búnkers–desbaratados en marzo de 2016–, ni de una venta. Los allanamientos –principalmente el de presidente Quintana al 78 bis– fueron dudosos y no se puede vincular a mis asistidos”, dijo el defensor público.
Rosa, su esposo Rubén “Curu” César y sus hijos Yoana y Yair, además de Rodrigo David “Pescado” Benítez (yerno de Rosa), y las demás personas imputadas vinculadas con la familia Caminos, “se encuentran juzgadas por el apellido”, dijeron. Lo mismo declaró Rosa al cierre de la jornada cuando hizo uso de la palabra: pidió que no se la condene por su nombre.
Otra de las objeciones de la defensas giró sobre las penas solicitadas: “Crueles, inhumanas y degradantes para gente que no tiene antecedentes condenatorios”, se escuchó en el alegato de clausura de las defensas. Sin embargo, en caso de que los magistrados dicten sentencia, los letrados pidieron que sea por la pena mínima.
El martes 2 de julio se conocerá el veredicto del caso por parte del TOF 3, integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Ricardo Vásquez.
Piden 10 años de prisión para Rosa Caminos por narcomenudeo en la zona sur
