Pasaron nueve años desde que el cuerpo de Franco Casco fuera encontrado en el río Paraná luego de quedar detenido en la comisaría 7ª, de Cafferata al 300. El joven, de 20 años, era oriundo de la localidad Florencio Varela en el Gran Buenos Aires y había venido a visitar a sus tíos en Empalme Graneros. La última vez que lo vieron fue el 6 de octubre de 2014 cuando salió para tomarse el tren para volver a su casa y su cuerpo fue hallado a los 24 días en el río a la altura de las inmediaciones del Parque España.
Para ese momento, sus padres Ramón Casco y Elsa Godoy ya comenzaban su lucha por justicia y recibieron el apoyo de organizaciones sociales. Lo identificaron por un tatuaje con el nombre de su hijo y las demoras en la investigación ya habían empezado con el pedido por su paradero. Después, los tiempos se dilataron por la puja entre la jurisdicción de la Justicia provincial y federal. Este último fuero quedó a cargo y en diciembre de 2021 comenzó el juicio que tuvo a 19 policías y un civil en el banquillo de los acusados.
El fiscal general Fernando Arrigo y las querellas pidieron la prisión perpetua para 14 uniformados junto a montos menores para otros involucrados, de acuerdo al grado de participación. En tanto, los abogados de la Defensa solicitaron la absolución. A un año y medio, este martes fue la última audiencia donde los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario, Otmar Paulucci –en la presidencia– junto a Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez, dieron a conocer la sentencia. Por mayoría de voto de los magistrados resolvieron absolver a todos los involucrados mientras que en disidencia parcial votó Paulucci, al estar de acuerdo con algunos de los planteos de la Fiscalía y las querellas por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, de 20 años.
La lectura del veredicto también tuvo un retraso, iba a ser el jueves de la semana pasada pero el Ministerio de Seguridad de la provincia dijo que no podía garantizar la seguridad por la previa de las elecciones PASO.
El juicio que se inició hace un año y medio y por donde pasaron más de 200 testigos de ambas partes, llegó a su instancia final este martes y empezó a las 9.30 con la posibilidad de los imputados de decir las últimas palabras al Tribunal. Hablaron el ex jefe de la comisaría 7ª Diego Álvarez, otro de los uniformados de esa dependencia y un policía de Asuntos Internos, quienes remarcaron su inocencia.
Afuera había un gran operativo de seguridad con fuerzas federales, las entradas a los Tribunales Federal estuvieron valladas y el tránsito cortado por bulevar Oroño y Alvear entre Rioja y San Luis. Si bien en una primera instancia se tenía la información de que los familiares de los imputados iban a manifestarse por Oroño y Rioja, esto no pasó. Sólo estuvieron los familiares de Franco y organizaciones sociales del lado de San Luis.
Como en las innumerables marchas que organizaron para reclamar justicia a lo largo de estos años, la familia de Franco Casco estuvo acompañada desde las 9.30 por miembros de la Multisectorial contra la Violencia Institucional junto a militantes sociales y políticos. Armaron una pantalla gigante para escuchar el veredicto que se leyó a las 14.
Ramón Casco junto a sus hijas Malvina y Carina dijeron a este diario que esperaban condenas ejemplares sin disimular sus emociones y los nervios a flor de piel. Malvina pidió que le compraran pañuelos para poder secarse las lágrimas que se le caían cada vez que algún periodista le preguntaba por las expectativas. Los tres coincidieron en que Franco, el quinto de 11 hermanos, “era un pibe de casa, de barrio, tranquilo y tenía sus amigos que todavía lo sienten”.
“Si pudieran visitar nuestro barrio allá, por Florencio Varela, verían cómo se extraña a Franco. Un equipo de fútbol del barrio lleva su cara en una camiseta”, dijo Malvina sin poder evitar que se le entrecortara la voz mientras que Carina, otra hermana, la acompañaba de cerca y asentía en todo.
Ramón también habló de Franco y la cara le cambió por un minuto, se le iluminó. A la pregunta sobre qué dejó respondió rápido: su hijo ahora tiene 12 años. Era un chico alegre, divertido y trabajador”.
Desde diciembre de 2021 cuando empezó el juicio, el fiscal Arrigo y los querellantes a cargo de la Defensoría General de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en representación de la familia acusaron a 19 policías y un civil por diferentes responsabilidades en la desaparición seguida de muerte de Franco Casco.
Al entonces comisario de la 7ª, Diego Álvarez, junto a los agentes Walter Benítez, Fernando Blanco y Cecilia Contino los sindicaron como coautores de los delitos desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La misma pena pero sin los agravantes de torturas solicitaron para el ex subjefe de la 7ª Enrique Gianola Rocha y los agentes César Acosta, Cintia Greiner, Marcelo Guerrero, Guillermo Gysel, Rocío Hernández, Esteban Silva, Romina Díaz, Ramón Juárez y Franco Zórzoli.
También pidieron condenar a 14 años y 10 meses de prisión por el delito de partícipes secundarios del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima para la uniformada Belkis González y Rodolfo Murúa mientras que solicitaron 5 años y 10 meses a los agentes de Asuntos Internos, Pablo Siscaro y Daniel Escobar.
El único civil que llegó a juicio fue un vecino de la comisaría 7ª, Alberto Crespo. La fiscalía lo acusó por falso testimonio ya que fue el que presentó una denuncia apócrifa con la que intentaron justificar la detención de Casco y pidió 3 años en suspenso, describieron desde el MPF en un comunicado del portal oficial fiscales.gob.ar.
A su vez, tanto la querella como la Fiscalía coincidieron en solicitar la absolución del policía Walter Ortiz, por falta de pruebas.
En tanto, los abogados defensores de todos los acusados pidieron la absolución de sus representados por considerar en sus alegatos de clausura que Franco fue liberado y salió por sus propios medios de la comisaría 7ª, a la vez que refutaron cada uno de los planteos de la Fiscalía sobre los indicios en la causa.
El defensor público oficial Martín Gesino representó a Walter Benítez, Marcelo Guerrero, Celia Ruth Contino, Fernando Blanco, Guadalupe Hernández, Rodolfo Murúa, Walter Ortíz, Romina Díaz, Ramón Juárez y Pablo Síscaro. Y su par Julio Agnoli estuvo a cargo de la defensa de Alberto Crespo, el único civil. El penalista Germán Mahieu fue abogado de César Acosta mientras que sus colegas Augusto Arena y Fernando Barreiro representaron a Esteban Silva.
Los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini ejercieron la defensa técnica de Diego Álvarez. El penalista Aníbal Rodríguez fue el abogado de Franco Zórzoli mientras que el letrado Carlos Racamato defendió a Enrique Gianola Rocha. El abogado José Luis Giacometti defendió a Guillermo Gysel, el letrado Renzo Biga representó a Belkis González y, por último, Paul Krupnik y Martina Lianza fueron los codefensores de Daniel Escobar.
El veredicto
El juicio llegó a su última jornada este martes, los familiares de Franco Casco estuvieron acompañados y contenidos por organizaciones sociales donde también militan otros familiares de víctimas de la violencia institucional.
A las 14 cuando el presidente del TOF 2 Paolucci empezó a leer la resolución, Ramón agachó la cabeza como quien intenta escuchar mejor. Estaba parado frente a la pantalla gigante y Julieta, hermana de Jonatan Herrera –otra víctima– y miembro de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, lo abrazaba.
Primero leyó la absolución de Ortíz, que había pedido la Fiscalía y la querella. Había un murmullo que para los puntos siguientes se apagó y se transformó en un silencio incómodo que duró unos minutos hasta después de escuchar a Paolucci dictar, en representación del TOF2, la absolución de todos de los policías y el civil por los delitos que los habían acusado.
También dijo que la decisión fue por mayoría de dos votos contra uno y que el Tribunal ordenaba la inmediata libertad de todos los imputados.
Hubo un momento de confusión cuando el presidente del Tribunal explicó que votó en disidencia parcial porque coincidía con algunos de los planteos de la Fiscalía y la querella. El medio centenar de personas que estaba acompañando a la familia de Franco, lo celebró hasta que se dieron cuenta que era sólo una explicación de ese voto y que no cambiaba la absolución.
Después le siguieron las caras rojas, desencajadas, los ojos vidriosos y los abrazos con lágrimas de muchas de las personas que estuvieron acompañando al padre y las hermanas de Franco. «No hay justicia en este país», dijo Ramón para luego irse con su familia donde prefirieron no hablar por la angustia atravesada en la garganta generada una muerte impune.
Salvador Vera es uno de los abogados querellantes y representa a Ramón. “Es una resolución que no esperábamos”, dijo y aseguró que esperarán lo fundamentos del TOF2 para apelar la resolución ante la Cámara Penal. Desde el TOF 2 informaron que los fundamentos se darán a conocer el próximo 25 de septiembre a las 20 horas.
“Nos siguen condenando a los pibes pobres. No nos vamos a rendir, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, vamos a apelar porque estamos del lado de la verdad. No se terminó acá. Todo sabemos que a Franco Casco lo torturó, lo asesinó y lo desapareció la Policía. Todos los que están ahí son responsables”, dijo Julieta con bronca, la voz entrecortada y con el coro detrás de todos los manifestantes del: “Yo sabía, yo sabía que a Franco Casco. Lo mató la Policía”.
“En Rosario no hay Nunca Más”
Fue el título que usó La Multisectorial contra la Violencia Institucional en un comunicado publicado este martes tras escuchar el veredicto. “Hoy es un día que quedará en la historia de la ciudad de Rosario, un día en el que en medio de la crisis de violencia urbana que vive la ciudad y que genera tanto sufrimiento, asistimos a un fallo vergonzoso para quienes deseamos vivir en una sociedad más justa, menos cruel y desigual”, empieza el escrito.
“El juicio se ha desarrollado en un contexto de acciones de hostigamiento sistemático en redes sociales y en el espacio público a les familiares de Franco y en una campaña de desprestigio a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que acompañamos el pedido de justicia. Estas prácticas se inscriben además en las innumerables acciones de encubrimiento y negacionismo de la propia policía, de actores políticos, judiciales y mediáticos”, explicaron desde la Multisectorial.
“La violencia institucional es hoy una deuda aún más grande que hasta ayer, a 40 años de la recuperación de la democracia. Hoy el Tribunal Federal de Rosario garantizó impunidad”, concluyeron desde la organización.
