Cinco imputados, entre ellos un ex policía federal, comenzaron a ser juzgados esta semana bajo la acusación de haber secuestrado y matado a un empresario de la construcción que desarrollaba gran parte de su actividad en Nordelta y countries de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín, se efectúa por el hecho del que fue víctima Adalides Silva Romero (de 41 años), alias Lalo, y está previsto que dure hasta fin de mes, ya que declararán unos 70 testigos.
Los imputados son el ex policía federal Daniel Vicente y sus presuntos cómplices Miguel Salatino, Mario David Castillo y los hermanos Reinaldo y Jorge Pérez, que se exponen a una pena de prisión perpetua en caso de ser condenados.
Es que todos están acusados de secuestro extorsivo agravado por haber sido cometido por tres o más personas, por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima y por haber pertenecido uno de sus autores a las fuerzas de seguridad.
“Soy creyente, la justicia es de Dios, pero hay que respetar la justicia terrenal y por mi mamá, especialmente, queremos una condena”, dijo a Télam Aurora Silva Romero, hermana de la víctima, quien está convencida de que el crimen estuvo vinculado con la actividad de su hermano, de nacionalidad paraguaya.
La mujer aseguró que antes del homicidio, Lalo Silva Romero –que tenía a su cargo a unos 170 obreros– le dijo que lo habían “apretado” en su oficina y muy asustado le confió: “Nunca supe con quién trabajaba”.
Aurora afirmó que su hermano y una empresa que lo contrataba debían pagarle dinero a un trabajador accidentado y le sugirieron que podían contratar a un “sicario” para matar a ese hombre y no tener que abonarle.
Además, sostuvo que el homicidio de su hermano está vinculado con el de su socio Domingo Irala Guzmán Fariña (32), también paraguayo y asesinado poco antes, el 17 de octubre de 2009, en Villa Centenario, Lomas de Zamora.
La familia sospecha que el constructor era extorsionado a raíz del crimen de su compatriota.
El hecho que llegó a juicio ocurrió el 20 de noviembre de 2009, alrededor de las 7, cuando Silva Romero salía de su vivienda de la localidad bonaerense de Bella Vista en su Peugeot 307 y fue interceptado por un grupo de hombres armados que se movilizaban en tres autos, le ataron las manos con precintos y se lo llevaron.
“¡Noooo!”, escuchó la suegra de la víctima desde dentro de la casa y cuando se aprestaba a salir una vecina que creyó que a Lalo lo había detenido la Policía dio aviso a la familia.
Pocos minutos antes, Aurora, la hermana de Silva Romero, había visto uno de los autos en el que secuestraron a Lalo y la cara de uno de los captores.
La esposa de la víctima fue a denunciar el hecho a la comisaría del barrio y, cuando estaba allí, una prima recibió un llamado en el que le pusieron al secuestrado al teléfono y éste le dijo: “Sacá 10.000 pesos de casa y 5.000 dólares del banco. Te van a esperar en Panamericana y ruta 202, en la Petrobras”.
La mujer hizo caso y cuando con los policías estaban fotocopiando el dinero para pagar el rescate, alrededor de las 10.40 del mismo día, una vecina de Zárate llamó al 911 para avisar que había encontrado el cadáver de un hombre en un campo.
Poco después, la esposa de Silva Romero fue llevada al lugar y reconoció que era su marido, quien había recibido un tiro detrás de la oreja.
La investigación realizada por el fiscal federal de San Martín Jorge Sica permitió la detención de los sospechosos en base a escuchas efectuadas al teléfono desde donde se hizo el llamado extorsivo.
En varios allanamientos, se secuestraron unos 15 celulares que al ser analizados estuvieron ubicados en los distintos puntos donde estuvo la banda: Bella Vista, Don Torcuato y Zárate.
Al inicio del juicio, los imputados se negaron a declarar, pero la hermana de Silva Romero pudo reconocer como uno de los secuestradores al ex policía Vicente.
Es que cuando iba a lo de su hermano en su auto, con su marido, el vehículo de la banda estaba a una cuadra y media de la casa del constructor impidiendo el paso.
“Era él, lo reconocí porque era grandote, gordo, tenía papada. Estaba con dos personas más por lo menos”, recordó Aurora, que relató que los jueces hicieron poner de pie al imputado para efectuar la identificación.
El juicio, que llevan adelante los jueces Alejandro De Korvez, María Lucía Cassain y Marcelo Díaz Cabral, con la intervención del fiscal Eduardo Codesido, continuará el jueves próximo.
