Los juicios de lesa humanidad por los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar avanzan pese a la pandemia, pero la periodicidad de las audiencias sigue siendo lenta, lo que podría agilizarse en caso de que se apruebe la reforma judicial, coincidieron en diálogo con Télam el coordinador del Programa Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaria de Derechos Humano, Martín Fiorenza; y el abogado de varias de las víctimas, Pablo Llonto.
El abogado Pablo Llonto, representante de víctimas de esos crímenes, atribuyó esta demora al hecho de que «hace algunos años empezó una modalidad de hacerlas una vez por semana, incluso a veces una cada quince días», en tanto que recordó que «cuando en el 2003 se reanudaron estos procesos», había «dos o tres audiencias por semana», pero luego «se fue volviendo costumbre dilatarlas».
Para Llonto, «este panorama de dilación puede empezar a cambiar si se sanciona la reforma judicial, en la que se ha logrado incluir tres artículos vinculados a los juicios en los que uno de esos establece que cuando un tribunal oral tenga un juicio de lesa, tiene que hacer audiencias al menos tres veces por semana».
Agregó que la reforma también establece que estos juicios deben tener «prioridad» así como también se establece que «no se van a trasladar a nuevos juzgados».
Pero mientras sigue el proceso de discusión de la reforma judicial por un consejo de expertos, el letrado señaló que hoy los abogados de las víctimas reclaman que «las audiencias se realicen más seguido», por tratarse de «el juzgamiento de crímenes que tienen más de 40 años de atraso».
En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continúa sumándose como querellante en diversas causas en distintas provincias del país para impulsar la política de Memoria, la Verdad y Justicia, y participa en forma activa en al menos 16 jurisdicciones.
El coordinador del Programa de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos, Martín Fiorenza, sostuvo que «en el marco del impulso de la política de Memoria, Verdad y Justicia», desde su dependencia también se promueve la celeridad» en el desarrollo de estos juicios, lo que «las víctimas vienen reclamando hace décadas».
«Así como no consentimos la dilación en la pandemia, tampoco queremos que se consolide esta impunidad biológica contra la que luchamos teniendo en cuenta la edad de los autores de los crímenes», dijo a Télam.
Fiorenza destacó el hecho de que la pandemia «afortunadamente no ha evitado que se sigan realizando los juicios», si bien reconoció que «al principio hubo limitaciones técnicas que se fueron solucionando».
«Esta nueva modalidad virtual incluso ha permitido, por ejemplo, la emisión de las audiencias para quienes antes no tenían acceso, mediante Youtube u otros canales», completó.
Llonto también consideró que la pandemia «ha traído cosas buenas» y citó «la posibilidad» que dio de «juntar hasta cinco testigos y declarar en forma remota facilitando los tiempos».
Otro beneficio, dijo, «fue la puntualidad», ya que antes «los procesos empezaban con hasta una hora de demora, mientras que ahora no tardan más de 10 o 15 minutos, como consecuencia de las particularidades de las plataformas virtuales».
«Aspectos negativos no ha traído demasiados», asumió, pero reflexionó enseguida que lo que puede generar el desarrollo virtual de los procesos de enjuiciamiento es que «algunas víctimas pueden sentirse más solas a la hora de declarar y no tienen una contención presencial».
De todos modos, insistió en que «hoy el problema principal de los juicios no es la pandemia, sino la falta de periodicidad de las audiencias».
En este aspecto, Fiorenza detalló algunas de las causas de esta falta de peridiocidad y dijo que «en ciertas jurisdicciones faltan jueces titulares que son suplidos por jueces subrogantes», a lo que Llonto sumó que muchas veces el desarrollo de los juicios «tiene que ver con la decisión judicial de acelerar los procesos».
El abogado contó que desde el inicio de la pandemia, «salvo la excepción del juicio de la ex Esma que lleva el Tribunal Oral Federal N°5 y que estaba justo en la etapa final de alegatos, y no se ha reiniciado, todos los demás juicios o ya se reiniciaron o están a punto de reiniciarse».
Otro de los debates que generó la pandemia, en algunas causas, fue la idea de unificar los procesos algo que Llonto explicó «no es conveniente porque implica más demora».
Por otra parte, consultado sobre los pedidos de arrestos domiciliarios de parte de genocidas en virtud de la pandemia, Llonto confió que «al principio hubo una avalancha de solicitudes» y que «algunas fueron concedidas, pero la mayoría de los jueces fueron entendiendo por sentido común que si las condiciones se cumplen y hay otros presos en la misma situación, no hay motivo para que la prisión se cumpla en sus domicilios».
Fiorenza adelantó que en los próximos días se presentarán también como querellantes en otras causas que tramitan en las provincias de Salta, Jujuy, Entre Ríos y Córdoba «no solo en nombre del deber y la responsabilidad que tiene el Estado argentino, sino también basado en la decisión política de agilizar y promover el desarrollo de estos juicios que deben ser una política pública con un abordaje federal».
Por otra parte, la Secretaría de Derechos Humanos conducida por Horacio Pietragalla Corti se presentó como querellante el 24 de agosto pasado en la causa que tiene como imputado a Eduardo Abelardo Britos por tres causas de delitos de lesa humanidad.
Una de ellas, se precisó, fue por el asesinato de Wenceslao Pedernera, ocurrido en la madrugada del 25 de julio de 1976 en su casa de Sañogasta, Chilecito, y otra por numerosos hechos ocurridos en Córdoba donde se investiga a más de ochenta acusados de diferentes fuerzas de seguridad.
También se presentó como querellante en dos procesos en la provincia de Córdoba donde la primera investiga la responsabilidad del ex oficial del Ejército argentino Ernesto Guillermo Barreiro, del teniente coronel Enrique Carlos Villanueva, y del militar retirado, suboficial mayor Carlos Alberto Díaz por secuestro y tormentos.
