El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) dictó este jueves una nueva sentencia de 3 años y medio de prisión contra la dirigente social Milagro Sala por daños y amenazas, en el marco de la causa por un escrache al actual gobernador Gerardo Morales, en 2009.
Luego de que la líder de la Tupac Amaru fuera condenada en esa causa a 3 años de prisión en suspenso en 2016, el expediente pasó a la Cámara de Casación, que confirmó esa pena por el delito de daños, pero consideró que la prescripción de la acusación por amenazas estaba mal dictada y ordenó al TOF resolver una nueva sentencia.
En ese marco, y tras la denuncia de la defensa de Sala ante el Consejo de la Magistratura a los jueces del TOF jujeño Mario Héctor Juárez Almaraz (presidente), Alejandra Cataldi y Liliana Snopek «por mal desempeño», los magistrados agravaron con seis meses la resolución condenatoria.
«La sentencia es totalmente arbitraria e ilegal porque es una causa que está prescripta y es una obligación del Tribunal dictar su prescripción», dijo a Télam Marcos Aldazábal, uno de los abogados de la referente social jujeña.
Para la defensa, el TOF de Jujuy «dictó una sentencia cuando no podían hacerlo». El letrado explicó que «aún existe en la Cámara de Casación una incidencia de la causa» sobre el hecho que sucedió hace 12 años y medio a las afueras de un edificio universitario de la capital provincial.
Aldazábal afirmó que Sala «no estaba» en el lugar de los hechos, y en el debate, «solo había un testigo que mintió, que dijo que no trabajaba para el Estado y luego se demostró que cobraba un sueldo de la Gobernación de Jujuy».
Reiteró que los delitos de daños y amenazas que se le imputaron a Sala están prescriptos y que «esto no es una cuestión de interpretación, sino que cuando pasa un determinado tiempo las causas prescriben y esto es así, sin embargo los jueces siguieron adelante sin respetar las garantías de Milagro Sala».
Recordó que días atrás el TOF llamó a una audiencia con 48 horas de anticipación, «por lo que no les importó que los abogados no estemos en Jujuy, y en la audiencia por videoconferencia no nos dieron la palabra ni una sola vez».
El abogado descartó toda posibilidad de que Sala «sea trasladada a una cárcel común», al explicar «que la condena no está firme» y que permanece en vigencia «la medida dictada por la Corte de Derechos Humanos que prohíbe esa posibilidad».
Voceros del círculo de Sala consideran que cada vez que se avecinan las elecciones –en este caso las legislativas provinciales del 27 de junio próximo- , «aparece el aparato represivo a mostrar esta imagen de la mujer perseguida por acciones indeterminadas».
«Se inician o reavivan causas que después las mismas se caen porque no hay responsabilidad para sostener las acusaciones», enfatizaron.
