Por Guillermo Torremare y Jorge Rivas
Pretender la criminalización de la protesta social para resolver reclamos es exigir al Poder Judicial y a las policías una solución que debe provenir del poder político y ser materializado mediante políticas públicas adecuadas. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo.
El gobernador de Jujuy Gerardo Morales propuso una reforma constitucional que restringe de manera importante el derecho a la protesta social. Las y los constituyentes provinciales lo acordaron.
Tal reforma fue y es resistida desde distintos sectores políticos, sociales y gremiales de la provincia, y esa resistencia ha intentado ser acallada mediante la represión armada.
Hasta el momento se cuentan por decenas las personas lesionadas víctimas del accionar policial, y también son muchas las personas detenidas.
Las cuestiones vinculadas a la limitación o conculcación del derecho a la protesta, derivación natural de los derechos de expresión, reunión y petición, vigentes en texto de la Constitución Nacional, son de nuestro especial interés.
El Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto al derecho a disentir y a reclamar. La fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de ese derecho, jamás para reprimirlo.
La protección de la vida y la integridad física de todas y todos los manifestantes debe ser siempre una prioridad.
Los derechos al reclamo y la protesta son indispensables para garantizar la existencia misma de un sistema democrático de gobierno. Sin ellos la democracia se desnaturalizada por no admitir voces disidentes.
La libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que hay que defender hasta las últimas consecuencias.
La protesta social en sus diferentes expresiones —movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles— es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo.
Pretender la criminalización de la protesta social para resolver reclamos es exigir al Poder Judicial y a las policías una solución que debe provenir del poder político y ser materializado mediante políticas públicas adecuadas.
Los derechos al reclamo y la protesta son indispensables para garantizar la existencia misma de un sistema democrático de gobierno. Sin ellos la democracia se desnaturalizada por no admitir voces disidentes.
La libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que hay que defender hasta las últimas consecuencias.
De ahí que la reforma constitucional votada en Jujuy y la represión desplegada por su gobierno provincial sean abiertamente inconstitucionales, y el actuar de su máximo responsable, Gerardo Morales, rotundamente antidemocrático.
