El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio marcha atrás con una polémica medida que criminalizaba la protesta en el territorio provincial. En conferencia de prensa, y después de una semana de huelga de los trabajadores de la educación tanto públicos como privados, Morales hizo el anuncio junto a la presentación de una nueva oferta salarial. No obstante, anunció que le descontarán los salarios a todo aquel que no regrese a los puestos de trabajo y que este será el último ofrecimiento. Los docentes anunciaron que continuarán el paro: “Vamos a seguir con las acciones que las asambleas vienen aprobando, mañana vamos a volver a movilizar y así hasta que seamos escuchados”, afirmó Mercedes Sosa, secretaria general del gremio.
La provincia de Jujuy suma con esto un nuevo capítulo a una historia que comenzó la semana pasada con un paro por tiempo indeterminado decretado por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Secundaria (Cedems), que reclama mejores salarios y una reformulación de la composición de los mismos. La titular del gremio, Mercedes “Mecha” Sosa sostuvo a través de la cuenta oficial de Facebook del sindicato, instantes después de la conferencia de prensa, que las movilizaciones no darán marcha atrás hasta que se les duplique el valor del sueldo básico y las cifras que componen el salario normal de un docente jujeño: “Las medias se van a sostener porque así nuestros afiliados lo han decidido”, dijo Sosa.
“Todo lo que se decide se hace en el seno de la asamblea. No somos títeres”, exclamó la gremialista en respuesta a las acusaciones de Morales, quien en conferencia de prensa acusó al Cedems de estar “manejado por la izquierda y el kirchnerismo”. En ese marco, Sosa contestó: “Este sindicato es democrático. Cada una de las decisiones que hemos tomado ha sido en una asamblea, porque creemos en la democracia. Por el contrario al estilo autoritario que tiene su gobierno, señor gobernador”.
Morales, en conferencia de prensa, advirtió: “Si mañana no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo» y agregó, acompañado a su lado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir: “Me comprometo a derogar ese decreto (en referencia al decreto n° 8464 publicado el viernes pasado) ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto. Hasta acá llegamos».
En su discurso, el mandatario apuntó contra los sectores opositores y críticos que resisten a esta medida: “A caballo de este reclamo justo de los docentes cabalga la política, la izquierda, el kirchnerismo y hasta Milagro Sala desde su casa”. Acto seguido, Morales adelantó que sus abogados, querellantes en una de las causas por las que la dirigente está cumpliendo pena en prisión domiciliaria, pedirán que vuelva a la cárcel: “No sé qué está haciendo en su casa”, se quejó el gobernador, y agregó: “El gremio de Cedens está tomado por la izquierda, y está la política también, el kirchnerismo”.
Para Morales, cualquier propuesta en este contexto de inflación no alcanza, razón por la cual ratificaron la paritaria permanente: «El mes que viene nos volvemos a sentar, pero hasta acá llegamos”.
En ese marco, el gobernador defendió la última propuesta salarial a los sindicatos docentes que, según la comunicación oficial, incluye un salario inicial de $179.000 – menos de los 210 mil que exigen los gremios -, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, sumado al aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable y el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 para docentes de hasta 5 años de antigüedad.
Criminalizar la protesta
El viernes 9 de junio, el gobierno de Morales anunció, a través del decreto nº 8464- 09/06/2023, la reforma del Código Contravencional de Jujuy donde se anunció la aplicación de multas para aquellos “quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”
La aplicación de este artículo está vigente desde su publicación en el boletín oficial: “Aquí te reprimen, te meten en cana y recién ahí te multan”, describió Luis Urtubey, presidente de la regional Jujuy de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien además afirmó a El Ciudadano que los valores de las multas normales se han cuadriplicado para ejercer presión sobre aquellos que resistan la medida.
Otro de los puntos que proponía el decreto n° 8464, era la cesantía en el caso de que aquella persona sancionada sea un trabajador público: “Pretenden atacar a los sectores que están en las calles. Además, amenazan con dejar cesante a los empleados públicos, inhabilitarlos, y quintuplican las multas con penas de hasta 8 millones de pesos, por ejemplo”, denunció a la agencia Télam la convencional constituyente del Frente de Izquierda (FIT), Natalia Morales.
“Este decreto no tiene antecedentes en democracia”, publicó en sus redes sociales la convencional constituyente del Frente Justicialista, Amelia de Dios, y agregó: “todos somos delincuentes expuestos a multas, cesantías, inhabilitaciones y hasta delitos penales por salir a defender legítimos derechos”, según este decreto que el gobernador Morales prometió que derogará. La legisladora renunció la tarde del martes a su puesto como convencional constituyente a través de sus redes sociales, calificando de «viciado desde el inicio» al proceso de la Reforma Constitucional.
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Reforma constitucional
“Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de la Constitución se va a empezar a votar mañana”, enfatizó el gobernador que hoy, además de ser el presidente nacional de la Unión Cívica Radical, es precandidato a presidente, durante la conferencia.
Los 48 integrantes de la convención constituyente de esa provincia prestaron juramento el 23 de mayo pasado. Un dato de color: el gobernador Morales no sólo fue votado para integrar la convencional sino que fue propuesto y designado para presidir la comisión, pero pidió licencia de dicho cargo para dedicarse a sus responsabilidades como titular del gobierno provincial. 29 de las 48 bancas constituyentes son ocupadas por convencionales que responden al oficialismo radical: uno de ellos es el hijo del gobernador, Gastón Morales. El Partido Justicialista obtuvo 13 escaños mientras que el FIT obtuvo las restantes 6 sillas.
El plazo que se estableció para elaborar un nuevo texto constitucional fue de 90 días, pero según afirmó a El Ciudadano el titular de la APDH jujeña, el mismo gobernador dio por terminado el debate del proyecto apenas pasados 15 días del inicio del proceso: “La constitución provincial vigente está desde 1986 y su texto se discutió durante todo un año. Esos convencionales entendían la importancia del proceso, acá apenas duró 15 días”.
El peronismo buscará, según Urtubey, poner actitudes contrarias a la nueva constitución en disputa, pero finalmente acompañará el texto impulsado por el oficialismo. Diferentes sectores denunciaron por diferentes medios que la reforma impulsa recortes al derecho a la huelga: “Aquí el PJ jujeño ha hecho absolutamente todo en favor de lo dispuesto por Gerardo Morales. Abrirle las puertas y ponerla le alfombra roja y que Morales haga y deshaga a gusto y paladar en la provincia. La convención constituyente es una vergüenza”.
La integrante de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Jujuy (Hijos Jujuy), Georgina Torino, coincidió con Urtubey y afirmó, en comunicación con este diario: “En medio del plan de lucha (de los docentes), el gobierno de Morales quiere aprobar una reforma constitucional provincial que cercena el derecho a huelga y a manifestarse, todo sin consenso de algunos partidos políticos opositores”, como el Frente de Izquierda y algunos sectores minoritarios del peronismo jujeño. La militante afirmó que hay sectores del PJ que sí apoyan la reforma de Morales.
“Los sindicatos docentes en lucha, esta vez con la suma de otros sindicatos de docentes universitarios, estatales, municipales, organizaciones sociales, estudiantiles, y organismos de derechos humanos empezamos a informar sobre esta reforma y a manifestar la inconstitucionalidad y el avasallamiento sobre derechos humanos internacionales reconocidos por nuestro país en la constitución”, dijo Torino a El Ciudadano, y agregó: “El apoyo popular desde el principio es total. En la calle, en los comercios, en los barrios todos están de acuerdo con la lucha docente y en contra de la reforma”.
“Nada está del todo dicho con Morales, pues anunció que se seguirá debatiendo esta reforma en la legislatura, con mayoría de su palo y con algunos opositores a quienes no los dejan ni hablar y son blanco de maltrato y violencia verbal cada vez que se reúne la convencional constituyente”, afirmó Torino, y aseguró: “La reforma implica que quien se manifieste en contra de las políticas que quiera imponer el gobierno provincial va a ser detenido y/o multado con cifras de dinero impagables”.
Para la integrante de Hijos, los intereses Morales son claros: posicionarse para las elecciones presidenciales y dejar a sus familiares y amigos empresarios bien posicionados en la provincia para ir por negocios más jugosos a nivel nacional cuando alcance la primera magistratura. Cabe recordar que su propio hijo, Gastón, es el actual presidente de Cannava S.E., la empresa estatal dedicada a la producción de cannabis medicinal que funciona en la provincia del norte.
Al cierre de esta nota, los principales referentes de los sindicatos provinciales de trabajadores de la educación y trabajadores públicos afirmaron que no van a suspender las medidas de fuerza en tanto no sean atendidos sus reclamos: “Cuando te crees super poderoso como Morales, pasan estas cosas”, concluyó Urtubey.
