Los fiscales de la Unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, solicitaron que se convoque a declaración indagatoria a siete funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por diversas irregularidades detectadas en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, que impidieron profundizar la investigación sobre esos imputados y su entorno en los meses inmediatamente posteriores a la segunda desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, se informó ayer.
“Resulta imposible determinar qué personas concurrieron a visitar a los detenidos y quiénes se encontraban autorizados en función de haber cumplido los trámites obligatorios de registración. Lejos de importar una falta inocua vinculada a vicios meramente administrativos, la conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López”, señalaron Molina y Nogueira, según publicó ayer el sitio www.fiscales.gob.ar.
Concretamente, los fiscales detectaron diferencias en los libros de visitas del penal (conformado en el ingreso a la cárcel) y del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos durante la época del terrorismo de Estado (labrado en el lugar de alojamiento). Por el tenor de la información que contienen, ambos libros deberían ser un espejo del otro, porque reflejarían el tránsito que hizo la visita desde el acceso principal de la cárcel al pabellón del imputado que la recibe. “Las discrepancias no sólo son numerosas sino también de una profunda gravedad. Existe una gran cantidad de inexactitudes entre los registros aportados por el SPF, que van desde simples diferencias en los nombres o número de documento, hasta personas que aparecen ingresando al pabellón sin haber sido registradas al ingreso del penal”, describieron Molina y Nogueira.
Fiscales. gob.ar señaló que el pedido es el corolario de una investigación iniciada en 2007 a raíz de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y de la corroboración aquel mismo año en el penal –durante un allanamiento– de que los imputados del pabellón de lesa humanidad gozaban de un régimen laxo de visitas y del uso del teléfono en horarios no permitidos y por líneas no informadas al Poder Judicial. Los funcionarios penitenciarios imputados gozan actualmente de la falta de mérito que les dictó en 2008 el ex juez Federal platense Arnaldo Corazza. La presentación de los fiscales busca ahora su procesamiento con el análisis del libro de registro de visitas del pabellón, elemento que hasta hace poco desconocían y que fue incorporado a la causa por la pesquisa que ellos mismos dirigen. Para los fiscales, las discrepancias entre los dos libros de registro, sumadas a las irregularidades con el uso del teléfono “son prueba clara y suficiente –al menos para el momento procesal en que nos encontramos– de la intencionada falta de control que existió respecto de las visitas que ingresaban al penal”.
Los imputados son los entonces jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; los superiores inmediatos de ellos, Aníbal Anselmo Cuenca y Marcelo Euvaldo Cuenca, quienes revistaban como jefes de la División Seguridad Interna de la cárcel; el director de Seguridad, Héctor Altamirano, y los directores del penal, Carlos Alberto Grassini y Diego Daniel Díaz.
