El Estado se achica, la actividad económica retrocede y el costo de la mayor deuda se dispara. Es lo que pone en evidencia el informe que el propio Ministerio de Hacienda difundió el último jueves. El déficit fiscal primario (balance de ingresos y egresos sin contar el pago de intereses de la deuda) cayó 35,4 por ciento interanual en julio. Por el contrario, el rojo financiero (que sí lo contempla) se expandió un 90,6 por ciento en la misma comparación porque el pago de los servicios financieros pegó un salto de 352 por ciento.
El gobierno sostiene, en la ortodoxia de su pensamiento económico, que la madre de todos los males de la Argentina es el déficit fiscal. Pero hace referencia al primario y no al que incluye los pagos de intereses de la deuda, que son las salidas efectivas que debe afrontar el Tesoro. Por eso, en el ministerio que dirige Nicolás Dujovne celebraron la primera de las cuentas. “En los primeros siete meses del año el déficit primario se redujo 44 por ciento en términos reales y 0,7 punto porcentual en términos del PIB”. Es parte de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional para el crédito stand by de urgencia cuando los dólares dejaron de llegar al país.
Agujero
El déficit financiero, es decir la diferencia entre todo lo que el Estado nacional recibe –mayormente por recaudación impositiva– y todo lo que egresa, fue en julio de 62.380 millones de pesos. Un 90,6 por ciento más que lo registrado el mismo mes del año pasado. Lo que explica ese agujero es el pago de intereses de la deuda, que el mes pasado insumió 48.100 millones de pesos. Un salto de nada menos que 352 por ciento respecto de lo drenado en julio de 2017. Lo abultado de ese crecimiento es en parte atribuible a un problema de días hábiles pero, además, al pago de 7.800 millones de pesos del primer cupón de intereses de la nueva colocación de una deuda hecha en enero último. Ayuda que, con la devaluación, se necesitan más pesos para cubrir la misma cantidad de dólares de las obligaciones en moneda extranjera.
Inflación, caída de la actividad, fronteras sin control y venta de propiedades públicas
La gestión Cambiemos se ufana de que, en el séptimo mes del año, el Sector Público Nacional mostró un déficit primario de 14.280 millones de pesos que es 35,4 por ciento menor que el sufrido en igual mes de 2017. Y de que ya van 13 meses en los cuales los recursos totales crecen más que los gastos primarios (sin la deuda). Los números finos, no obstante, dicen más: los ingresos crecieron en el período 25,6 por ciento interanual, menos que la inflación. Los egresos disminuyeron, pero en base a los recortes en numerosas áreas de la administración que alimentan conflictos sociales generalizados.
Los recursos tributarios de julio sumaron 205.572 millones, apenas un 18,2 por ciento más que un año antes y menos que la inflación en ese lapso. Uno de los que creció más es el tributo más regresivo, el IVA, que avanzó un 39 por ciento interanual por efecto inflacionario. Otro es producto de la permeabilidad de las fronteras y objeto de las críticas de los industriales nacionales. Se trata de los Derechos de Importación, que aumentaron un 72,9 por ciento por mayores volúmenes de productos y servicios que, a la vez, son más caros en pesos por la devaluación.
La baja del empleo y su precarización quedan expuestos en el magro avance de los Aportes y contribuciones a la Seguridad Social: sólo el 18,8 por ciento. La reforma tributaria sancionada a fines de 2017, que redujo el importe de las Contribuciones Patronales, empujó en ese sentido.
El rubro Otros ingresos sí avanzó mucho. Es un combo heterogéneo. Incluye mayores rentas de la propiedad del Tesoro por prefinanciación del programa financiero 2018, mayores colocaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (reaseguro de las jubilaciones y programas sociales en riesgo) y la venta de terrenos y otros activos físicos del Estado en su proceso de enajenación de patrimonio.
