La justicia británica consideró que la ley inglesa se aplica en el caso del pago de los intereses de los bonos argentinos en euros emitidos bajo legislación de Reino Unido, que están congelados por el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien impide al Bank of New York Mellon (BoNY) transferir a los bonistas unos u$s 226 millones ya depositados oportunamente por la Argentina.
A partir de una demanda iniciada el año pasado por grandes fondos de inversión entre los que se encuentra el magnate George Soros, el juez de la High Court de Londres, David Richards -subrogante de Gay Newey quien llevaba el caso-, determinó que los canjes de deuda bajo ley del Reino Unido no deben verse afectados por el fallo de Griesa, al interpretar que la jurisdicción de Nueva York no puede imponerse sobre la de Londres, según información de la agencia de noticias Bloomberg.
Ahora, seguramente se abrirá una disputa jurisdiccional entre la justicia británica y la neoyorquina, ya que será Griesa quien deberá definir si acepta la interpretación de su par británico y, finalmente, libera los fondos congelados para que puedan cobrar los llamados «eurobonistas».
El caso fue presentado por varios fondos de inversión liderados por Quantum Partners, el fondo administrado por el inversionista multimillonario George Soros, además de los fondos Knighthead Master Fund LP, RGY Investments LLC y Hayman Capital Master Fund LP. En su demanda solicitaron al juez Newey que libere los u$s 226 millones bloqueados por Griesa. Estos fondos son parte de los u$s 539 millones que Argentina depositó en dos cuentas del BONY en Buenos Aires el 27 de junio para pagar los vencimientos correspondientes a los bonos Discount. El magistrado neoyorquino mantiene esos fondos inmovilizados a la espera que la Argentina le pague la sentencia de unos u$s 1.700 millones a favor de NML Capital, de Paul Singer, y otros fondos buitres que en su momento compraron bonos en default y que no aceptaron ingresar a los canjes.
En respuesta a la decisión del viernes del juez David Richards, los abogados de los demandantes, Reynolds Porter Chamberlain (RPC), dijeron que estaban «muy complacidos» y que el dictamen era un significativo paso adelante en la defensa de sus intereses.
«Han estado muy preocupados de que sus legítimos intereses en los pagos según la ley inglesa no hayan sido tomados en consideración en el litigio en curso en Estados Unidos», afirmó RPC en un comunicado.
«Ahora esperan que esta declaración pueda ser llevada a la atención de las cortes apropiadas en la primera oportunidad disponible y que esos tribunales se rijan por la decisión de la corte inglesa», agregó.
