La Justicia española anunció esta semana su oposición a la creación del primer sindicato de trabajadoras del sexo en el país, que en agosto había recibido la luz verde de la administración pública, pero sin que hubieran enterado los principales funcionarios del gobierno. La cuestión a los estrados por denuncia de organizaciones abolicionistas de la prostitución, entre ellas la Comisión de Investigación de Maltratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla.
La Audiencia Nacional anuló los estatutos de este sindicato bautizado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), indicó en un comunicado sobre la sentencia, que se firmó el pasado lunes 19.
El tribunal juzgó que no se puede admitir un sindicato para defender a personas con “actividades que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido, como es la prostitución por cuenta ajena”.
Autorizar este sindicato supondría, a criterio del tribunal, “reconocer como lícita la actividad del proxenetismo”, que es ilegal en España, advirtió el fallo.
El sindicato Otras había argumentado que no sólo agrupa a prostitutas, sino también a actrices porno o personas dedicadas al sexo telefónico, que si trabajan por contrato, aunque muchas lo hacen por cuenta propia.
Pero según el tribunal, el hecho de no excluir a las personas dedicadas a la prostitución conlleva su “ilegalidad manifiesta”.
Las promotoras del sindicato anunciaron que recurrirán la sentencia, pero le restaron importancia, asegurando que los estatutos eran provisionales y que su anulación no les impedirá “seguir trabajando”.
Este sábado 24, sin ir más lejos, las afiliadas o futuras afiliadas de Otras celebrarán en Barcelona su primer congreso para definir su organización y sus líneas de acción con integrantes de toda España.
Además, las impulsoras de la agremiación defendieron el derecho de las prostitutas a sindicalizarse: “En el siglo XIX la hostelería no era sindicable, la minería no era sindicable, la industria no era sindicable. Para eso nacieron los sindicatos”, manifestó ante la prensa la secretaria General de Otras, Concha Borrell.
La creación del sindicato provocó en agosto pasado el desconcierto del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien se enteró de la formación gremial cuando estaba en plena gira por Latinoamérica.
El sindicato Otras había recibido a principios de mes el visto bueno administrativo de la Dirección General del Ministerio de Trabajo y su registro fue publicado en el Boletín Oficial de España.
Pero tres semanas más tarde, tras las vacaciones de verano boreal, el gobierno tuvo conocimiento del asunto e inició los trámites para anularlo.
“Me han colado un gol por la escuadra y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos es muy duro”, dijo entonces la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que aseguró haberse llevado uno de los disgustos “más gordos” de su vida.
La polémica que se generó le costó el puesto a la hasta pocos meses directora general de Trabajo, Concepción Pascual.
En ese marco, los tribunales ibéricos han examinado la posibilidad de considerar la laboralidad de la relación en determinados casos, admitiendo la necesidad, incluso, de que las trabajadoras estén dadas de alta en la Seguridad Social.
Pero tiempo atrás el Supremo Tribunal español definió como verdadera relación laboral la actividad de alterne, distinguiéndola del ejercicio de la prostitución. La primera fue definida como aquélla consistente en la captación y entretenimiento de clientes induciéndoles a realizar consumiciones y obteniendo por ello una comisión, y por tanto admitió calificarla como relación laboral. Por su parte quiénes ejercen la prostitución a pesar de hacerlo en un local, perciben directamente de los clientes una cantidad, y por ello, su relación no tiene carácter laboral.
Ahora el análisis de la Justicia se centró en el artículo de los estatutos de Otras que delimitaba su ámbito de actuación, en el que incluyó el “trabajo sexual en todas sus vertientes”.
Con todo, las organizaciones abolicionistas celebraron la decisión: “Hoy es un día histórico para el movimiento feminista porque se reconoce que la abolición de la prostitución es el único camino para que el derecho a la igualdad se consagre definitivamente, negándole carta de naturaleza al proxenetismo organizado”.
Un debate que puede llegar al infinito
Las demandantes contra el sindicato Otras insistieron en que anular uno de los artículos de los estatutos implica que caen todo, y buscan que la Justicia disuelva la organización sindical como tal. Pero la defensa del gremio replicó que, aún en el caso de que los estatutos anulados, la personería jurídica de Otras continúa, y sólo un juicio penal puede disponer su disolución.
«En nuestro sistema legal el cuerpo no puede ser objeto de comercialización. Que haya muchas mujeres y niñas que pervivan en la prostitución y que haya contradicciones en el sistema no significa que cualquier forma de actividad humana tenga cabida en la categoría de la actividad laboral», sostuvieron las organizaciones denunciantes.
La defensa opuso que la ilegalización de Otras implicaría dejar a las mujeres sin representación sindical. «El ejercicio de la prostitución hoy por hoy no está regulado pero eso no significa que sea ilegal. Otras es un sindicato que defiende a las mujeres, en ningún caso a los empresarios o a los explotadores».
