Era el 8 de septiembre de 2016 y Juan, que cursaba el turno vespertino del último año del Poli, tenía que rendir un durísimo examen de Matemáticas. Aprobarlo era crucial para no tener que sentarse a estudiar en vacaciones. Pero no había estudiado y se quedó en casa. A las cuatro de la tarde un llamado alteró la espera de sus compañeros, que aguardaban angustiados el llamado a rendir. Al otro lado del teléfono una voz masculina dijo que había una bomba en el edificio. Quizá Juan esbozó una sonrisa cuando se enteró que docentes y compañeros evacuaron la escuela y la Policía federal entró a revisar el lugar buscando el explosivo, que al final no existía. Un año después, la Justicia federal procesó a Juan H., de 18 años, por el delito de “amenazas anónimas” para zafar de la prueba de Algoritmos y Estructuras de Datos Avanzados.
Por esa amenaza de bomba al Instituto Politécnico Superior, que está bajo la órbita de la Universidad Nacional de Rosario, se inició una investigación que cayó en la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, a cargo del fiscal Marcelo Degiovanni.
El funcionario solicitó el análisis de las llamadas a la institución, en el horario de la amenaza. Así los detectives informáticos lograron dar con tres abonados. Uno de ellos correspondía al uso interno de la compañía Telecom, y los restantes a dos mujeres. Con esos datos, el fiscal encomendó una serie de tareas de investigación que determinaron que una de esas líneas pertenecía al domicilio donde el alumno Juan Santiago H. vive junto a sus padres.
Los detectives cotejaron los datos informáticos con información de la institución y establecieron que Herrera era alumno regular del 6° año. Un dato llamó la atención: ese 8 de septiembre estaban programados diversos exámenes, entre ellos, “Algoritmos y Estructuras de Datos Avanzados”. H. debía enfrentar ese complicado examen.
A partir de las evidencias, el fiscal Degiovanni solicitó que H. sea indagado, pedido que tuvo el visto bueno del juez federal Marcelo Bailaque.
Bailaque consideró que “el imputado habría realizado el llamado intimidatorio al establecimiento educativo al que concurría a los fines de evadir el examen que estaba programado para esa fecha» y lo procesó por considerarlo probable autor del delito de amenazas anónimas y le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 600 pesos.
Con información de fiscales.gob.ar
