Por José Massoni (*)
Justicia Legítima, que nació como fruto de la preocupación política de un conjunto de miembros del Poder Judicial inquietos por el actual estado del servicio de justicia en nuestro país, quiere hacer pública su posición ante la discusión sobre las iniciativas concernientes a los salarios y jubilaciones de sus miembros.
Nuestro punto de partida es que el país está al borde del abismo. Y no por circunstancias casuales sino a causa de la política puesta en práctica por el gobierno de Mauricio Macri. Las nuevas autoridades han anunciado explícitamente que la prioridad que plantean a los argentinos y argentinas es la urgente atención por la grave situación social, especialmente la que concierne a sus sectores más débiles y carenciados. Se trata, claro está de un camino muy complejo, dado el complejo marco geopolítico que nos rodea y por la tradicional resistencia que los sectores más poderosos plantean ante cualquier política de naturaleza redistributiva en términos progresivos.
Es en ese escenario que se discute sobre las jubilaciones de los asalariados –notoria y gravemente escasos en los segmentos más bajos y mayoritarios– y emergieron a la luz los poco conocidos montos percibidos por los empleados públicos funcionarios del Poder Judicial y de los miembros del Servicio Exterior en el Poder Ejecutivo.
Al juicio sobre el marco que rodea a la discusión sobre salarios y jubilaciones del Poder Judicial, hay que sumar, además, el grave deterioro sufrido por éste en los últimos años, durante el gobierno de Macri. En el último período se debilitó gravemente el principio de la división de poderes. Los poderosos del país –gobierno, grandes grupos financieros, gran capital nativo y extranjero, los grandes emporios comunicacacionales– se abalanzaron sobre cualquier “falla” en la acción de los magistrados que perjudicara la marcha de la política que terminó de la forma desastrosa que hoy está a la vista. Así fue como se nombraron dos jueces de la Corte Suprema por decreto, con el acuerdo de los designados, se designaron por decreto personajes fieles en los sitios clave y se persiguió hasta la remoción a cualquier juez que no cumpliera los designios del poder.
Justicia Legítima fue hostigada, perseguida y furiosamente estigmatizada por los medios de comunicación bajo la “imputación” de un delito inexistente en nuestra legislación como es el de sostener una posición política. Así fue como se negaron ascensos de integrantes de la asociación y hasta de personas “sospechosas” de tener vínculos con ella, se manipularon concursos para bloquear el acceso de “disidentes” a determinados lugares de la estructura judicial, se “apretó” a jueces por medio del servicio de inteligencia y se amenazaron a familiares.
Hoy está a la vista la vergonzosa experiencia del armado de causas con documentos falsos, testigos comprados o extorsionados, dirigidas a la persecución política de opositores. Todo con la manifiesta colaboración de jueces y fiscales cómplices. Eso que hoy en el mundo se llama lawfare, tuvo en nuestro país un escenario muy destacado.
Justicia Legítima no fue ni es parte de ninguna organización política, aun cuando lo sean algunos de sus integrantes. Nació para intervenir en un sentido democrático, republicano y popular en la discusión sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Desde esa perspectiva tuvimos activa participación en la discusión de la reforma judicial que en su momento impulsara el gobierno de Cristina Kirchner y apuntaba a fortalecer al Poder Judicial sobre la base de revertir el sesgo corporativo de su accionar, cuyo resultado es una creciente desconfianza social sobre el mismo, y a rectificar el rumbo corporativo en su funcionamiento y devuelto parte del prestigio perdido.
Apoyamos el proyecto oportunamente enviado al Congreso a favor de esa reforma, aun cuando sostuvimos diversas críticas sobre su contenido, que hubieran facilitado su defensa contra impugnaciones de inconstitucionalidad que finalmente bloquearon totalmente la iniciativa.
En relación con la actual discusión sostuvimos siempre que es absurdo que los miembros del Poder Judicial no paguen impuestos a sus ingresos como todos los ciudadanos, pues ello no guardaba relación alguna con la intangibilidad de los sueldos que establece la Constitución Nacional en beneficio de los justiciables, no de los individuos magistrados. Ello le sumó la repulsa de la corporación.
Por esa historia y esas convicciones, Justicia Legítima declara ahora que no tiene ni pondrá obstáculos a lo que los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia que el país se encuentra. Sostenemos, sin embargo, que el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados. No se juzga un sistema privilegiado, sino especial, con múltiples especificidades que se justificaron en su momento para garantizar derechos ciudadanos y no corporativos, y deben ser protegidos en el contexto de una necesaria reforma. De ese modo se mejoraría el proyecto y se evitaría su anulación jurídica, paradójicamente decidida por tribunales que son parte del objeto de la discusión. Por eso, en todos los casos y en todas las instancias deberían intervenir conjueces.
(*) Ex juez de Cámara nacional. Primer titular de la Oficina Anticorrupción (desde su creación en diciembre de 1999 hasta diciembre de 2002). Actual integrante de la asociación Justicia Legítima, entidad que publica oficialmente este texto.
