Desde la implementación de la ley de mediación prejudicial obligatoria en 2011 la Justicia provincial registró, en las regiones que se aplica, una disminución de entre un 23 y 30 por ciento de causas ingresadas a los juzgados de distrito y circuito Civil y Comercial. Tanto en Rosario como en la capital provincial hubo entre un 18 y un 20 por ciento de acuerdos mientras que en las localidades menos pobladas el índice es, siempre según el gobierno, más alto. Para las autoridades del Ministerio de Justicia santafesino la aplicación de la mediación en los juzgados de Familia será, según se registró en otros puntos del país, la que tendrá mayor impacto en la disminución de juicios en Tribunales. “En otras provincias se llega a un 70 por ciento de acuerdo”, explicó en diálogo con El Ciudadano, la directora provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eleonora Aviles Tulián. En tanto, los colegios de Magistrados y de Abogados pedirán al gobierno provincial retrasar la implementación de la mediación en juzgados de Responsabilidad Extracontractual ya que la cantidad de mediadores no daría abasto con la demanda. Además, distintos referentes de la abogacía sumaron sus críticas para lo que entienden es un método de privatización de la Justicia que “no apunta a modificar procedimientos antiguos y oxidados”.
Los frecuentes
La mediación, donde se convocan ambas partes y se intenta llegar a un acuerdo, requiere de un mediador –un abogado matriculado – que es el responsable de las audiencias aunque no se erige como la figura de autoridad –cual juez– que baja una decisión salomónica. En 2012 se atendieron cinco mil mediaciones, con un promedio de soluciones satisfactorias de entre 25 y 30 por ciento. Tal como publicó este diario, la mayor parte de las mediaciones prejudiciales involucran conflictos entre personas ligados a incumplimiento de contratos inmobiliarios: escrituraciones y usucapiones, es decir, desalojo de las propiedades. En promedio, los procesos de mediación, siempre a nivel provincial, duraron unos 45 días de corrido cuando un juicio demora, estimaron desde la provincia, entre tres y cinco meses para llegar a instancia de resolución. Los acuerdos se alcanzan en el mínimo del tiempo establecido por la ley que creó las mediaciones. El máximo es de seis meses.
A la agilidad se le suma el factor económico. Comparado con un juicio, sostienen los mediadores, los honorarios de los abogados están más controlados. Tabulados por ley y difundidos en los 30 centros de mediación de Santa Fe una mediación significa unos 2.500 pesos a costa de los actores. Consultada por la cantidad de acuerdos no respetados hasta el momento, la funcionaria indicó que si bien han tenido algunos casos es todavía prematuro poder brindar un análisis preciso. Lo cierto es que cuando no se respeta el acuerdo pasa a ser ejecutada como resolución por el juez sin la instancia de juicio.
Críticas y respaldo
Los colegios de Abogados de Rosario y de Magistrados de Santa Fe pidieron al gobierno retrasar la implementación del método en el fuero Extracontractual por su situación “de colapso total”, donde ingresan en promedio unas mil causas por mes. Para los abogados, la infraestructura actual de mediación –cantidad de mediadores y comediadores y centros de mediación– no podría sostener la demanda de causas. En paralelo y junto al Colegio de la Magistratura regional elaboraron un proyecto que esperan elevar al ministro de Justicia santafesino, Juan Lewis, para mejorar el fuero Extracontractual.
En diálogo con El Ciudadano, el representante de la Asociación Práctica Ciudadana, Luciano Tamous, evaluó la aplicación de la mediación prejudicial en Santa Fe. “La reforma intenta que la gente pobre no pueda acceder a la Justicia. Los costos son muy elevados y se intenta descomprimir al Poder Judicial pero no cambiar las formas que lo hacen lento”, apuntó el abogado.
La mediación prejudicial obligatoria no se ha incorporado en los fueros laborales (al igual que el penal). La razón es que parte de los profesionales avocados a esta práctica se han opuesto. En diálogo con este medio, uno de los representantes de la Asociación Abogados Laboralistas, Vildor Garavelli, explicó: “Consideramos un método que privatiza la Justicia, agrega una instancia más al acreedor laboral. El procedimiento en materia laboral ya cuenta con una conciliación obligatoria por lo que una instancia previa también sería una redundancia”. Pero principalmente, el abogado sostuvo que “en materia laboral no hay partes iguales”. Sobre la experiencia en Santa Fe, Garavelli opinó que los niveles de disminución de causas que han ingresado por la mediación prejudicial son muy bajos. “Es una coartada tanto del poder político y judicial para que no se resuelva el problema central: la situación de colapso de un sistema antiguo todavía dependiente de escritos y expedientes a la espera de un sistema oral de intervención directa. Se deberían sumar más juzgados también”, apuntó el letrado.
Por su parte el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Ariel Ariza, consideró positiva la aplicación de la mediación aunque señaló que se debe hacer gradualmente y, sobre todo, destinar mayores recursos para hacer frente a la cantidad de demandas. “Es un método alternativo que siempre hemos avalado. Se lo debe asimilar culturalmente”, opinó. Sobre la crítica a la mediación prejudicial como presunta forma de denegación de la Justicia, Ariza señaló que “al contrario, se trata de un dispositivo propuesto por el Estado no para tener Justicia sino para solucionar conflictos”. En cuanto al porcentaje de disminución de causas por la mediación prejudicial (30 por ciento, según los cálculos del gobierno provincial), Ariza señaló: “Es un buen número que supone la posibilidad de resolver un problema y postularse como una alternativa a los conflictos en Santa Fe”.
Los números en Santa Fe
En toda la provincia hay 30 centros de mediación habilitados, cuya mayoría están en Rosario. Según la página web del gobierno provincial, hasta mediados del año pasado en la sede Rosario se registraron 438 mediadores –que deben contar con título de abogacía– y otros 28 comediadores, profesionales colegiados –psicólogos o ingenieros, por ejemplo– convocados por su especialización para ayudar en la mediación. Existen 15 instituciones formadoras –la mayoría en Rosario– y dos más en trámite para brindar en el próximo año las capacitaciones cuyos costos deben afrontar los propios mediadores. Las ofertas, aprobadas por el ministerio de Justicia, van desde mediación con orientación a negociación, patrimonio, con intervención de menores, entre otros. Varía no solo de institución sino también en la demanda de los mediadores.
