El 10 de febrero de 2014 se implementó en Santa Fe el Nuevo Código Procesal Penal. Rapidez y eficacia fueron los principales objetivos para reemplazar el viejo sistema inquisitorio y terminar con los juicios escritos que podían durar años, incluso prescribir en un cajón, y donde las víctimas no tenían voz propia.
El brutal asesinato de David Moreira, un ayudante de albañil de 18 años linchado por un grupo de vecinos de barrio Azcuénaga, fue cometido en marzo de ese mismo año, es decir, un mes después de la puesta en marcha del flamante sistema acusatorio. Sin embargo ya pasaron 9 años, el homicidio sigue impune y los acusados libres.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rosario fijó varias veces fecha de inicio del juicio oral, pero las suspendió una por una sin dar demasiadas explicaciones.
Por estos días, la familia de la víctima recibió una nueva notificación, para el 10 de julio próximo, aunque no sabe si se trata de otra insidia judicial para postergar la búsqueda de justicia, mientras la causa se encamina a cumplir una década de vida, o de muerte, según como se la mire.
En caso de celebrarse, el debate oral y público contará con un tribunal conformado por los jueces Gonzalo López Quintana, María Isabel Mas Varela y Hebe Marcogliese. La nueva fecha fue fijada ante la insistencia de la querella que interpuso un planteo por “excesiva demora y dilación” procesal.
“No descarto la posibilidad de que me vuelvan a notificar que por «cuestiones de agenda» o por «indisponibilidad de jueces» suspenden el juicio hasta nueva fecha. Es una posibilidad que está latente”, dijo el abogado querellante Beto Olivares a El Ciudadano.
“El Poder Judicial demuestra con esto que no tiene ningún interés en esclarecer un hecho tan grave, donde la víctima «es un negrito», un peón de albañil al que le terminaron rompiendo el cráneo entre 40 o 50 personas», agregó.
«No tienen interés en una causa como esta, porque siempre está la división clasista entre víctimas de primera o de segunda, y esto lo cumplen a rajatabla”, completó Olivares. Pero más gravoso le pareció el cambio de carátula que propuso el Ministerio Público de la Acusación (MPA) cuatro años después del crimen y logró imponer con el visto bueno del juez Hernán Postma, en agosto de 2018.
“La política judicial de la Fiscalía modificó la calificación del hecho, de homicidio agravado por alevosía (con perspectiva de pena a prisión perpetua) a homicidio en agresión (que contempla una condena de 2 a 6 años y puede ser condicional). Indudablemente podés sacar la conclusión de que te sale re-barato agarrar a un tipo por la calle y matarlo a golpes”.
Olivares recordó las diferencias que mantuvo con el primer fiscal del caso, Florentino Malaponte, (actualmente juez) en relación a la calificación legal del homicidio. También que Jorge Baclini, quien entonces estaba al frente de la Fiscalía Regional (luego fue fiscal general de Santa Fe) los atendió “cordialmente” y les dijo con “suavidad” que según el Código Procesal Penal “no había obligación de estar de acuerdo con la calificación (entre querella y Fiscalía) y que en todo caso sea el Tribunal quien decida en la audiencia preliminar esa cuestión puntual a tratar: “Y así fue. Malaponte obedeció a la Fiscalía Regional en caratular el caso como homicidio en agresión y en la audiencia preliminar el juez Hernán Postma le dio la razón”.
Ejecución sumaria
Moreira fue condenado a muerte por un grupo de vecinos de barrio Azcuénaga el 22 de marzo de 2014. Tenía 18 años, ninguna anotación penal, y trabajaba de peón de albañil. Ocho segundos de la salvaje escena de su ejecución quedaron registrados en un celular. Las imágenes recorrieron los noticieros del mundo entero con tanta difusión que hasta el papa Francisco pidió por su alma. A David le llevó tres días morir. Lo dejaron moribundo en la esquina de Liniers y Marcos Paz, con pérdida de masa encefálica tras abrirle el cráneo a golpes de puño, patadas y palazos contra el cordón de la vereda.
Momentos antes, una camioneta había atropellado la motocicleta en la que viajaba como acompañante y que conducía Isaías Ducca. Ambos jóvenes habían intentado sin éxito arrebatarle la cartera a una joven mamá. Los dos cayeron al piso tras ser embestidos desde atrás, pero Isaías logró escapar corriendo mientras vecinos ajusticiaban a Moreira.
A la Justicia le llevó menos de tres meses identificar a Ducca, fijar audiencia para imputarlo por tentativa de robo y condenarlo en un juicio exprés a cinco años de prisión. Ese acuerdo abreviado fue todo un ejemplo de la rapidez y eficacia del Nuevo Código Procesal Penal: una condena firmada 87 días después del hecho. Paradójicamente, el homicidio de Moreira ya cumplió 9 años y aún no se realizó el juicio.
Penan con 5 años de cárcel por robo a cómplice de David Moreira
El actual fiscal del caso, Alejandro Ferlazzo, pidió seis de prisión efectiva para los dos imputados Gerardo “Capocha” G. y Cristian A. por el delito de homicidio en agresión.
Un tercer acusado, Nahuel Pérez, asumió su responsabilidad en 2019 y firmó en un juicio abreviado una leve sanción a tres años de prisión en suspenso. El acuerdo fue celebrado entre la fiscal Georgina Pairola y el defensor particular Jorge Bedouret, y homologado por el mismo juez que había fallado por la calificación menos gravosa de homicidio, Hernán Postma.
¿Linchadores o clientes electorales?
“Cuando se cambió la calificación legal del homicidio dije que el gobierno quiso ser blando con un sector de votantes. La política judicial del Estado santafesino no quiere ser dura con un sujeto, con un vecino linchador, que en definitiva se transforma en un cliente electoral”, sentenció Olivares, consultado sobre el cambio de carátula y la escandalosa dilación del juicio.
“Si a esa sociedad, a ese reclamo punitivo y cavernícola yo le aplico una calificación legal dura como el homicidio agravado, en realidad me estoy enemistando con mi clientela electoral. Eso lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo, ellos mismos le llaman política judicial”, remarcó.
Suspensiones y burlas
La repercusión pública que tuvo el linchamiento de David Moreira, ficcionado en la película Umbral, rodada en Rosario, no tuvo correlación en la Justicia que en 9 años ya suspendió cuatro veces los juicios que el mismo sistema judicial programó.
La primera vez fue en noviembre de 2020, cuando la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) suspendió el debate 48 horas antes y adujo “cuestiones de agenda”. Con argumentos similares, la OGJ fijó y luego suspendió con pocas horas de antelación otras tres veces el inicio del debate oral (en mayo de 2021 y en abril y septiembre de 2022) sin tener en cuenta que Lorena, la mamá de la víctima, vive en Uruguay con muy pocos recursos económicos.
En su último escrito, el abogado Olivares expone que el “tiempo transcurrido atenta –de manera material y esencial– contra el derecho inalienable de la parte querellante de acceder a una performance judiciaria que agote –debida y profundamente– la investigación, que esclarezca debidamente los hechos para una plena y efectiva verdad, y establezca una justa y equitativa reparación del daño sufrido”.
Un daño que no se sabe en qué medida se logrará reparar teniendo en cuenta, según Olivares, que “de obtener una condena va a ser baja y de ejecución condicional”, algo que le cuesta mucho entender y aceptar a la familia de David.
Se suma una actitud recurrente y dañina que han tenido los acusados con la mamá de David y sus allegados al dirigirles miradas provocadoras, risas y burlas en distintas instancias judiciales. “No se si Lorena va a participar de todas las jornadas. No la quiero someter al escarnio de verle la cara a estos pibes que se le cagan de risa y le hacer muecas. En eso son desenfadados, no tienen ningún límite y no hay ninguna reflexión sobre lo que hicieron. Al contrario, hay una reivindicación de sus actos frente a los familiares y ante mi también, lo que muestra que nunca recularon respecto a la gravedad de lo que hicieron» , lamentó Olivares.
