El 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entregó el informe final Nunca Más al presidente Raúl Alfonsín, una detallada descripción que años después permitiría probar la existencia de un plan sistemático de aniquilación de parte de la población civil perpetrado desde el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. El juicio que sentó a los jefes de las juntas militares en el banquillo de los acusados comenzó el 22 de abril de 1985 y tuvo como investigadores a los fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo.
El estreno de la película “Argentina, 1985” y su irrupción en la oferta audiovisual nacional pone de nuevo en escena la importancia de los juicios de lesa humanidad y renueva la discusión por la memoria y el juzgamiento de los militares involucrados en el sistema de secuestro, tortura y desaparición de personas en la última dictadura.
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A 37 años del juicio a las Juntas y a 16 años del inicio del proceso de los juicios de lesa humanidad en la presidencia de Néstor Kirchner y la ponderación de la búsqueda de memoria, verdad y justicia como política pública, lo logrado no es magro, mas está lejos de su objetivo final: 1.124 represores fueron condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. El fiscal jefe de la Unidad de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, entiende que, “al igual que en todo el país, (el proceso de búsqueda de justicia) ha sido muy contundente en lo que tiene que ver con la ciudad”. Así mismo, el investigador advierte a este diario que dicho proceso nunca termina: «No hay derechos que se consoliden para siempre”.
Los números de la memoria
En lo que tiene que ver con los distintos juicios y los procesos que se vienen llevando adelante en la ciudad de Rosario, Villate hace una recapitulación: Rosario tuvo numerosos centros clandestinos de detención (CCD) en lo que fue la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército, en el área 221.
Según pudo acceder El Ciudadano, en Rosario hay una única causa en trámite por crímenes de lesa humanidad, que es la Guerrieri IV, contabilizando catorce juicios realizados por delitos cometidos durante la dictadura militar en los que se condenaron, hasta hoy, a cincuenta personas. Sólo cuatro de ellas purgan su pena en cárcel común, mientras que otros 43 represores condenados están en su casa: representan al 86% del total de condenados.
“El proceso que se viene llevando adelante de memoria, verdad y justicia ha sido muy bueno y muy contundente. Creo que nunca termina en cuanto a que no hay derechos que se consoliden para siempre” dijo Villate.
En la actualidad, la Justicia federal está tramitando catorce causas por delitos de lesa humanidad en diferentes juzgados del país, mientras que de otras 63 se espera el inicio del debate, y 274 se encuentran en fase de instrucción.
Desde 2006, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con el reinicio de las investigaciones, 3.631 personas fueron investigadas por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar: la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad revela que un total de 1.088 personas fueron condenadas y 725 fueron detenidas (lo que representa el 20% de las involucradas en las investigaciones), de las cuales 551 están cumpliendo su condena con arresto domiciliario. Es decir, 3 de cada 4 personas condenadas por delitos de lesa humanidad están en su casa y no en una cárcel común. De los condenados, 113 personas están cumpliendo condena en cárcel común.
La pregunta por los juicios: por qué seguir buscando justicia
“Lo que sucedió hace 45 años no solamente marcó a nuestra sociedad, sino que también persiste en el presente. No es algo que quedó en el pasado. Es una historia que se sigue escribiendo”, entiende el fiscal dedicado a causas por crímenes contra la humanidad.
Al ser consultado por la importancia de sostener el proceso de memoria, verdad y justicia, el fiscal Villate sostuvo que “los derechos son algo por lo que debe pelearse permanentemente». Y puntualizó: «Lo que está sucediendo en la actualidad (en referencia a los discursos y las prácticas de odio y el ascenso de los discursos negacionistas) muestra cuán importante es que este tipo de juicios se lleve adelante y que esto sea también una política de Estado. Y que la decisión política de que esto sea una política de Estado muy visible, y muy clara frente a la sociedad».
El fiscal argumentó: «De algún modo esto que tiene que ver con la construcción de un genocidio. Uno de los pasos para que sucedan las cosas que sucedieron durante la última dictadura militar es lo que se llama la construcción de un chivo expiatorio”, es decir que, “de algún modo, se va construyendo una figura que representa al mal y ese mal debe ser eliminado. Eso termina generando discursos de justificación de esos procesos de eliminación masivos. Entonces, si el Estado tiene que cumplir un rol, casualmente es ese: tratar de evitar que esas cosas sucedan».
En la actualidad, según Villate, este tipo de construcciones de sentido son muy difíciles de manejar, debido a que este proceso tiene que ver con la actividad de los medios de comunicación masiva. «Esto viene aparejado a lo que tiene que ver con, por ejemplo, contar con una ley de medios audiovisuales que permita que haya una pluralidad de voces que se puedan escuchar», postula. Lo que se juzga como hechos de la última dictadura militar “no deben ser vistos como una fotografía, sino que vivimos en una sociedad y los procesos sociales nos afectan”, completa.
Uno de los de los argumentos blandido por los fiscales que integran la Unidad de causas por delitos de lesa humanidad es considerar que las personas que habiendo cometido delitos vinculados al poder siguen teniendo dicho poder, suficiente como para obstaculizar el avance de las causas y como para lograr no cumplir la pena en centros penitenciarios como lo hace cualquier persona que es condenada en otro tipo de delitos. “Esta permanencia del poder del cual ellos dispusieron cuando cometieron los delitos que cometieron tiene todavía vigencia, y eso es algo a lo que hay que contraponerle un discurso y un contrapoder”, aclara Villate.
«A medida que pasa el tiempo, lo que uno puede ver es que el poder que en algún momento tuvieron para poder llevar adelante hechos de desaparición forzada de personas durante la dictadura fue menguando y eso posibilitó que se fueran denunciando hechos también en la medida de la vigencia de la democracia”, reflexiona el funcionario. “Esto debería ser así, lo que pasa es que surgen otros tipos de cuestiones que son la tensión que hay entre lo que es el estado de derecho y el estado de policía”.
“Esta generación de situaciones de inseguridad lleva a la instalación de un debilitamiento de las garantías constitucionales”, adivierte Villate a El Ciudadano, y agrega, parafraseando a la periodista canadiense Naomi Klein: “Cuanto más caos hay en una sociedad, más permeable es a generar condiciones que debilitan las garantías en una sociedad en la cual se genera una muy probablemente justificada sensación de inseguridad. Bueno, ahí hay una, hay un debilitamiento de las garantías constitucionales en búsqueda de esa seguridad que no necesariamente se va a producir”.
