La crisis política que atraviesa Brasil desde que salió a la luz el caso de corrupción de la empresa estatal Petrobras, que se sumó a una coyuntura económica desfavorable, se agrava día a día. Ayer, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva juró como ministro de la Casa Civil del Gobierno en un acto encabezado por la presidenta Dilma Rousseff, a quien la Cámara de Diputados planea iniciarle un juicio político. Sin embargo, la Justicia suspendió la asunción 40 minutos después, al entender que puede obstaculizar la investigación por corrupción que se le realiza, pero el gobierno apeló el fallo y será la Corte Suprema la encargada de decidir si Lula puede ejercer sus funciones.
Si bien durante toda la jornada medios de prensa difundieron la anulación del nombramiento del ex presidente, hacia la tarde el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, aclaró que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ya es ministro de la Casa Civil pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que la Corte Suprema resuelva sobre la decisión judicial que suspendió su nombramiento.
“Lula está con un impedimento en el ejercicio de los actos, pero está investido”, señaló Cardozo durante una rueda de prensa en Brasilia, tras asegurar que el gobierno apelará la decisión de Itagiba Catta Preta Neto, el magistrado de la Corte Federal 4 de Brasilia que pidió la cautelar.
El abogado del Estado y ex ministro de Justicia declaró que el ministerio de la Casa Civil “no está vacante” y precisó que sólo “hubo una suspensión de los efectos de la investidura del cargo”.
El ejercicio del cargo que Lula acababa de asumir fue suspendido por Catta Preta Neto, quien consideró que Rousseff incurrió en “improbidad administrativa” pues su intención fue que el nuevo ministro tenga foro privilegiado ante las denuncias que lo comprometen.
El juez, que según medios locales publicó tuits y posteos en redes sociales contra el gobierno de Rousseff y del que circularon fotos participando en la marcha del domingo pasado que pidió la destitución de la mandataria, sostiene que la situación es “compleja y grave”, ya que el ex mandatario, indicó, al parecer fue designado por Rousseff para dotarlo de fueros y escapar de la jurisdicción del juez Moro, que investiga el caso Petrobras.
Anteanoche, como antesala a la asunción, el juez Moro dio a conocer un audio grabado en el que Lula y Rousseff hablaban de la firma para el nombramiento del cargo, lo que despertó protestas en las calles contra el gobierno (ver aparte) y contra la toma de cargo de Lula.
Paralelo a la medida presentada por el juez de Brasilia, el ministro Teori Zavaski, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte), recibió ayer otro pedido de medida cautelar del opositor Partido Socialista (PSB) contra el nombramiento de Lula.
Por otra parte, la Cámara de Diputados eligió a los 65 miembros de una comisión especial que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Rousseff.
La elección de los miembros de la comisión fue el primer paso de un engorroso proceso que definirá si la mandataria será sometida a un juicio político con miras a su destitución por irregularidades contables en las que el gobierno supuestamente incurrió en sus balances de 2014 y 2015.
Las formaciones con mayor participación en la comisión serán el PT de Rousseff y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer –primero en la línea sucesoria en caso de una destitución–, el cual alberga alas disidentes que apoyan el juicio político.
El anuncio de la elección de la comisión fue hecho por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien responde ante el Tribunal Supremo a un proceso por presunta corrupción vinculada a la estatal Petrobras.
La comisión ahora deberá elegir a su directiva y al diputado que actuará como instructor y notificar oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones para presentar su defensa.
El proceso se inició en diciembre pasado, pero fue interrumpido por una decisión de la Corte que identificó “errores de procedimiento”. El Supremo esclareció el trámite el miércoles pasado y ayer la Cámara baja decidió retomar de inmediato el trámite para un eventual juicio político.
“Los golpes de Estado nacen así”
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, condenó ayer las escuchas telefónicas con autorización judicial de las que fueron objeto ella y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que los golpes de Estado comienzan con ese tipo de prácticas “ilegales” y aseguró que el diálogo que mantuvo con el líder del PT en esa escucha fue “absolutamente republicano”.
“Convulsionar a la sociedad brasileña a base de mentiras, de métodos inadecuados y de prácticas criticables viola principios y garantías constitucionales, viola derechos de los ciudadanos y abre precedentes gravísimos. Los golpes de Estado nacen así”, advirtió la mandataria.
“La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo”, lanzó la presidenta.
La mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) se refiere en su crítica a un audio divulgado anteanoche por el juez federal Sérgio Moro, quien investiga la causa de corrupción de Petrobras, sobre una conversación suya con Lula.
La conversación sugiere que la designación de Lula como ministro, lo que le confiere el privilegio de los fueros (un privilegio que permite que sólo pueda ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal), tuvo por objeto evitar su arresto.
En el audio, Rousseff le dice al mandatario que le está enviando el “término de posesión”, documento que oficializa su investidura. Para usarlo “sólo en caso de que lo necesitemos”.
Tensión en las calles
Militantes del Partido de los Trabajadores (PT) chocaron ayer con opositores frente al Palacio del Planalto, sede del gobierno en Brasilia. Los simpatizantes del PT se apostaron temprano frente al edificio, donde corearon consignas a favor del gobierno. Los opositores llegaron más tarde y se desató un enfrentamiento, por lo que la Policía militarizada lanzó gas pimienta y detuvo a dos personas. Además, hubo protestas opositoras en las principales ciudades, como Río de Janeiro y San Pablo.
