El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó ayer el juicio a tres agentes penitenciarios acusados por aplicación de tormentos contra 153 personas -65 de esos casos, seguidos de muerte- durante y después del incendio ocurrido el 14 de marzo de 1978 como resultado de la requisa del Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria N°2 de Devoto, en hechos que se conocieron públicamente como «la masacre del Pabellón Séptimo».
El exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz, llegó acusado en carácter de autor mediato de los hechos, en tanto que el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez, y el excelador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda, están imputados como coautores.
De acuerdo con la acusación fiscal, a Ruiz se le imputa haber dispuesto «la realización de una requisa aleccionadora y disciplinadora» sobre la población privada de su libertad, para lo cual habilitó «la represión a los internos» con «disparos de gases lacrimógenos y de armas de fuego», mientras que Galíndez está imputado por haber ejecutado la orden de requisa y, una vez comenzado el incendio, haber dejado avanzar el fuego con el objeto de someter a los reclusos a un castigo ilegal, además de haber participado en los graves castigos físicos aplicados a los sobrevivientes con posterioridad al incendio. Finalmente, Zerda está imputado de haber omitido la realización de las acciones de salvataje necesarias para extinguir el fuego y, una vez culminado incendio, haber sometido a los sobrevivientes a una golpiza.
El debate -cuya audiencia de inicio fue transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación- tuvo inicio en la sala SUM de los tribunales federales porteños con la lectura de acusación fiscal, que había sido formulada en 2019 por el fallecido titular de Fiscalía Federal N° 6 de la ciudad de Buenos Aires, Federico Delgado. También se dio lectura a la acusación de la querella, representada por la abogada Claudia Cesaroni, tras lo cual se dispuso un cuarto intermedio hasta el 16 de octubre a las 10.00.
El tribunal a cargo del juicio está integrado por Nicolás Toselli (presidente), Adriana Palliotti y Daniel Obligado. El fiscal general Abel Córdoba y las auxiliares fiscales María Laura Grigera y Viviana Sánchez representan al Ministerio Público Fiscal.
«No se trata de eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio judicialmente acreditado, los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la Jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército», marcó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.
La acusación fiscal
De acuerdo con la investigación, los hechos objeto del proceso ocurrieron a partir de una violenta requisa del personal penitenciario que desencadenó un enfrentamiento entre las personas detenidas y los guardiacárceles del Servicio Penitenciario Federal.
En efecto, el incendio en el Pabellón Séptimo se produjo cuando se encendieron los colchones y camas que los reclusos pusieron contra las rejas como mecanismo de defensa ante los gases lacrimógenos y los disparos de armas de fuego de los guardias.
El requerimiento fiscal de elevación a juicio sostuvo que el incendio comenzó a las 8.15 y que el personal penitenciario «en lugar de disponer la dirección de los esfuerzos (…) hacia el auxilio de las personas encerradas profundizó el ataque y la represión que finalmente devino en la muerte de 65 víctimas y los graves padecimientos físicos de otras 88».
La fiscalía encuadró los hechos «dentro del contexto del plan criminal multidimensional que se tuvo por probado” durante el juicio a las juntas militares. “Esto es decisivo, y por ello vale la pena repetirlo, no se trata de eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio judicialmente acreditado, los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la Jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército», marcó.
Agregó que «más allá del innegable y feroz contexto de la última dictadura militar, los hechos investigados en esta causa constituyen una oportunidad para reflexionar sobre la amenaza permanente de desborde punitivo, el lenguaje de la violencia, es una constante en el territorio de prisión gobernado no por la ley sino por la excepción siempre lejos de la ‘publicidad republicana’”.
Recordó además que el juez federal que tuvo a cargo la investigación de los hechos fue Rodolfo Rivarola, quien le encomendó al SPF que les reciba declaración testimonial a los sobrevivientes. «Los internos alojados en el pabellón 7mo que prestaron declaración en esta etapa lo hicieron con las presiones que implicaban tener que declarar ante las personas que debían denunciar y que además quedarían completamente en control de casi todos los aspectos de su vida durante el tiempo de encierro restante. Sin embargo, lo hicieron, y la versión en la que la mayoría de ellos concuerda es la siguiente: la requisa ingresó de manera violenta al pabellón y los internos trataron de evitar poniendo colchones en las rejas. Ante esto, los penitenciarios tiraron gases lacrimógenos, que habrían prendido fuego los colchones y dado origen al incendio. Varios refirieron haber perdido la consciencia en virtud del calor y el humo ocasionados por el fuego, pero otros tantos oyeron y vieron los disparos de ametralladoras que se dirigían tanto a las paredes como a algunos de ellos o sus compañeros».
La fiscalía agregó que, después del incendio, el personal «abrió las rejas de ingreso al pabellón y los sobrevivientes que pudieron movilizarse por sus propios medios salieron de allí». Remarcó que, en ese contexto, los penitenciarios «improvisaron una suerte de pasarela desde el mencionado pabellón hacia las celdas de castigo, y por allí pasaron los sobrevivientes quienes sufrieron una paliza a lo largo del trayecto. Los agentes golpearon salvajemente a las víctimas, incluso en las zonas donde se veía que habían sufrido quemaduras».
La acusación reflejó varios de esos testimonios en primera persona, como los siguientes:
Hugo Ricardo Cardozo: “Tirábamos las camas de acá para allá para hacer una brecha para llegar al baño y de pronto una cama al rojo vivo se me hunde en el muslo izquierdo, se me hunde en la carne, en dos oportunidades y así logramos llegar al baño donde debería haber agua. Ya no sentía dolor. Los 15 que llegamos al baño, éramos solo lamento, dolor, abrí como pude una canilla y el agua estaba cortada, la única que había era la de un piletón que tenía jabón que nosotros hacíamos rayando el jabón para lavar la ropa».
Carlos Akel: «Recibí la mayor paliza de mi vida, y me desmayé y me quedé mudo por tres días en el Hospital Vélez Sarfield habiendo dictaminado el médico y así consta en mi historia clínica, que fue a consecuencia de los golpes que recibí en la cabeza. No recordando nada hasta que recupero el conocimiento en el hospital de Devoto”.
