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Kasa Pirata bajo proceso

La Justicia dictó procesamiento contra seis jóvenes acusados por “usurpación” de la casona de Ovidio Lagos 1237, donde instalaron un centro cultural. El abogado de los ocupantes dará batalla.


Una batalla legal. La Justicia procesó por “usurpación de propiedad” a seis de los ocupantes de la Kasa Pirata, la propiedad dejada en situación de abandono en Ovidio Lagos 1237 y tomada por jóvenes que abrieron sus puertas con un centro de talleres de actividades culturales. Tras tomar declaración indagatoria a los jóvenes el titular del Juzgado Correccional 9ª, Héctor Núñez Cartele, resolvió los procesamientos, mientras afuera, en las escalinatas de acceso a los Tribunales locales una ruidosa protesta con batucada incluida se hacía oír en respaldo a los acusados. En ese marco, el abogado de los jóvenes, Norberto Olivares, anticipó a este diario que en los próximos días presentará un recurso de revocatoria solicitándole al magistrado que deje sin efecto la resolución. “Y si no, tendremos que apelar a la Cámara”, explicó.

Según pudo saber El Ciudadano los procesados son Rosina, Paula M., Daniel C., Percy, Hector M. y Leonel B. “El juzgado les tomó declaración indagatoria y después dictó el procesamiento a dos chicos de nacionalidad peruana, una uruguaya, un chileno y el resto argentinos. Lo que esto significa es que serán sometidos a juicio porque el magistrado considera que hay elementos para hacerlo. Sería importante que el juzgado viera las irregularidades que hay alrededor del caso, ya que no se han reunido los elementos que exigen los tiempos legales para casos de este tipo, explicó el abogado Olivares. Y remarcó que ni siquiera “está aportada la tenencia efectiva” del inmueble por cuya usurpación se dictaron los procesamientos.

El letrado recordó que la casona antigua “fue recibida como herencia por una mujer que actualmente vive en Roma por parte de su hermana”. Pero sembró dudas sobre su representante: “Acá, quien actúa como apoderado es un hombre a quien yo considero que tiene insuficientes pruebas sobre su rol. Los chicos van a seguir estando en la casa porque no hay elementos que demuestren el despojo. No existe ninguna prueba”.

“Los chicos agarraron una casa que estaba en estado de abandono absoluto y la reacondicionaron. Entraron porque estaba abandonada y sucia. No hay usurpación porque la supuesta propietaria no puede demostrar la tenencia efectiva al momento de la ocupación, y por lo tanto no puede haber despojo”, es la interpretación de Olivares.

“Nuestra estrategia va a ser demostrar que no hubo usurpación porque no había tenencia efectiva a la hora de la ocupación. Lo que ha pasado desde la anterior presentación es que el juzgado ha reconocido los planteos que nosotros hemos hecho, una serie de irregularidades formales que había en la causa, esto es haber dictado una restitución de la propiedad sin haber tomado por ejemplo la declaración indagatoria, siendo un acto esencial de la defensa de los imputados. La Fiscalía ahora sí se ha anoticiado y se ha terminado de sanear la última irregularidad, se ha tomado declaración indagatoria a los 16 chicos que están imputados y se ha dictado el procesamiento”, continuó el abogado.

Olivares insistió en marcar que la persona que reclama “no puede probar la posesión efectiva al momento del despojo” y en que la propiedad estuvo “muchos años” abandonada “y estos chicos hace más de un año y medio que están en esa situación, y es una casa a la que ingresaron estando desocupada y deshabitada”.

“Para nosotros no está comprobado el delito, no está probado el despojo, por lo tanto no hay usurpación. La que invoca ser propietaria deberá buscar una vía civil y no penal”, concluyó.

Con todo, la presunta dueña de la propiedad se llama Celia Bourdillón. Tiene 97 años, vive en Roma y recibió el bien por herencia de su hermana en el año 1997. Según averiguó en su oportunidad este diario no hay un informe del Registro de la Propiedad que la acredite como propietaria. El poder que hay es para la disposición (para vender) y tiene fecha posterior al ingreso de los chicos. Está dado a Roberto Orlawsky y tiene como abogado a Gustavo Peyrone.

Semanas atrás, en el marco del caso, la Policía allanó el lugar, tras lo cual el abogado de los jóvenes presentó una denuncia por faltante de una computadora, una cámara y dinero en efectivo.

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