Fue una salida elegante. Así definieron los trabajadores de Pami la suspensión por 15 días de Milva Sánchez, la directora de la IX Delegación de la obra social de los jubilados con injerencia en todo el sur provincial. Fue también una salida anunciada. En el último mes los conflictos y las irregularidades en Pami no hicieron más que crecer. A los habituales retrasos en los pagos a los médicos, se sumaron tres hechos que pusieron a la administración local en la mira pública: la quita de cápitas a las prestadoras privadas que dejó a gran parte de las localidades del sur santafesino sin atención; el despido sin motivos aparentes de la representante gremial de los odontólogos; y la muerte de una anciana de 83 años de San Lorenzo a la que le negaron la internación en Rosario. Sánchez asumió con el gobierno de Cambiemos y para los jubilados fue la cara del ajuste. Desde la conducción de Pami a nivel nacional informaron que tanto a Sánchez como al coordinador, Carlos Yáñez, los suspendieron luego de una auditoría en la que detectaron irregularidades que llevaron a abrir una investigación interna. El interventor nombrado es Diego Norberto Villalvilla, socio de un funcionario de Cambiemos en la empresa Soluciones Integrales para Empresas de Salud SA.
Suspensión
La noticia de la separación de Milva Sánchez del cargo de Directora Ejecutiva de la IX Delegación de Pami trascendió ayer a la mañana. Los primeros en hacerla pública fueron trabajadores de las oficinas de Rosario, que se enteraron apenas entraron a cumplir con sus tareas. “Sánchez y sus asesores representan una gestión incompetente que garantizó el negocio de la enfermedad. Pami es la obra social más grande del país. Maneja el quinto presupuesto a nivel nacional. Dinero hay, lo que no hay decisión política de garantizar la salud. Suspender a Sánchez del cargo es un hecho político, una salida elegante que deja en claro que acá hay muchas falencias e irregularidades”, dijo a El Ciudadano la delegada de ATE en Pami, Sandra Silvetti.
Horas después llegó el breve comunicado oficial: “En el marco del proceso de auditorías que se realizan periódicamente tanto en prestadores médicos como en oficinas del instituto en todo el país, se detectaron en la UGL Rosario ciertas irregularidades que motivaron la puesta en marcha de una investigación interna. Por ese motivo, la Dirección Ejecutiva del Instituto dispuso la intervención inmediata de la UGL Rosario por el término de dos semanas, período en el cual se desarrollará la investigación administrativa que ya está en curso”. Según los voceros, la medida alcanza a Sánchez y al coordinador, Carlos Yáñez. De todos modos, desde la delegación local dijeron que hay otros tres funcionarios en la misma situación. Entre ellos, el asesor legal, Nicolás Mayoraz.
Socio interventor
De acuerdo a lo informado por voceros de Pami, el kinesiólogo Diego Norberto Villalvilla quedó a cargo de la intervención de la delegación del sur santafesino. Según publicó el portal Chequeado, Villalvilla es socio del director del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma), Sergio Daniel Cassinotti, en la firma Soluciones Integrales para Empresas de Salud S.A.
Cassinotti quedó al frente de Ioma en diciembre de 2015 por designación de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Es un licenciado en relaciones públicas con dilatada trayectoria en el mundo de la salud al que rápidamente se le señaló lo que, a juzgar de distintos sectores sindicales y de la oposición, podría constituir el mismo conflicto de intereses que se le achaca al ministro de Energía nacional, Juan José Aranguren.
Este conflicto en parte fue atribuido a su sociedad con Villalvilla. Según consta en su acta fundacional, Soluciones Integrales para Empresas de Salud S.A. tiene por objeto la “administración, auditoría y gerenciamiento total o parcial de centros de salud, sanatorios, clínicas, obras sociales, aseguradora de riesgo de trabajo, servicio de medicina prepaga, centros de diagnóstico y todas las actividades conexas, ya sea en clínica médica u otras áreas de salud, traslado de pacientes de urgencia y de emergencia medicas domiciliarias, prestación de servicios médicos domiciliarios, realización de estudios y diagnósticos domiciliarios, exámenes preocupacionales, control de ausentismo, Importación, exportación, explotación, representación, promoción y publicidad de dichos servicios”.
Acumulación
Si bien las irregularidades detectadas en la auditoría al Pami local no fueron hechas públicas, en el último mes una serie de acontecimientos pusieron a la administración local de Pami en la mira pública.
El 1° de junio, el cierre del Sanatorio Saladillo del sur de Rosario llegó como la antesala de una situación que se repetiría con otros sanatorios privados. Detrás de su clausura estaba la quita de cápitas de Pami al Grupo Masa, la firma privada que atendía a los jubilados de Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez y San Lorenzo.
Semanas después, Pami decidió quitar las cápitas a otras prestadoras del sur provincial. La consecuencia fue la migración a la salud pública o la necesidad de trasladarse hasta Rosario para ser atendidos. Según el ministro de Salud de Santa Fe, Miguel González, este año llegaron alrededor de 18 mil jubilados más a efectores provinciales, una situación inédita. En Firmat, los afiliados hicieron una movilización en la que reclamaron soluciones.
La falta de atención en el Gran Rosario quedó en evidencia la noche del 12 de junio con la muerte de Beatriz Isasa, una anciana de 83 años. “Estamos saturados. Vayan a un sanatorio”, le dijo un empleado del Pami II a sus hijas, Graciela y Liliana Gallegos, en el centro de salud para jubilados de Arroyito. La mujer se había caído horas antes en su casa en San Lorenzo y se había golpeado la cabeza. Luchaba contra un edema de glotis que le cerraba la garganta y necesitaba cirugía urgente. Aun siendo afiliada de la obra social de los jubilados, desde el Pami II rechazaron la internación. Después de varios llamados por celular el médico de ambulancia consiguió que el Hospital Italiano la recibiera. Pero Isasa no resistió y murió horas más tarde. La familia denunció abandono y este miércoles hará una movilización para pedir el esclarecimiento.
A los conflictos en la delegación local se sumó el despido de Norma Cáceres, la titular del Gremio Odontológico Argentino. Cáceres venía denunciando a la administración de Pami por sus incumplimientos y deudas con los dentistas de la obra social. El 16 de junio le llegó un telegrama de despido que fue interpretado por el sindicalismo como un apriete. La semana pasada, CTA y ATE hicieron una movilización en la puerta del Pami de Rosario para pedir la reincorporación. La respuesta de la obra social fue la convocatoria de Gendarmería Nacional.
Tras una auditoría al Pami Rosario, suspendieron a su directora
