El Senado provincial estaba convocado para sesionar este jueves, pero sobre el mediodía se suspendió por falta de quorum. Esa fue la explicación “oficial”, aunque quedaron muchas dudas al respecto. Ocurre que estaba en carpeta para ser tratado en el recinto el proyecto de ley por el cual la provincia de Santa Fe adhiere en forma parcial al nuevo régimen nacional de riesgos de trabajo, también conocida como ley de ART. Las diferencias que persisten sobre ese tema contribuyeron a la postergación de la sesión, que fue pospuesta para el jueves 4 de julio.
Después de un año y medio de discusiones, en diciembre del año pasado el gobierno provincial remitió al Senado el proyecto por el cual la provincia adhiere a la nueva ley de ART (uno de los reclamos más enfáticos del gobierno nacional) que apunta, según el texto enviado por el gobernador Miguel Lifschitz, a la “debida protección del sector trabajador frente a eventuales contingencias que pudiera sufrir cada dependiente” con el fin de encontrar soluciones urgentes para “asegurar al trabajador un real y efectivo derecho de defensa”.
Por falta de acuerdo entre los bloques, incluso por diferencias al interior del bloque mayoritario del PJ, el tema viene siendo postergado. Tenía preferencia para ser tratado este jueves, pero la sesión quedó suspendida. Los gremios rechazan de plano la modificación de la actual normativa porque, según entienden, perjudica a los trabajadores. En cambio, las cámaras empresarias vienen reclamando la sanción de la ley porque les permitiría reducir el “costo laboral”: una de las metas que Macri les impuso a las provincias.
En líneas generales, el proyecto del Poder Ejecutivo propone brindar “debida protección al sector trabajador” frente a accidentes laborales u otras contingencias y otorga soluciones “expeditas y urgentes”. Como argumento de la reforma, se menciona el elevado número de procesos judiciales en trámite en el fuero laboral.
Las “soluciones” que promete la reforma se traducen en “un procedimiento administrativo prejudicial, que asegura al trabajador un real y efectivo derecho de defensa y acceso real a la jurisdicción”. En ese sentido, el Ejecutivo propone realizar convenios de colaboración con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación para que las comisiones médicas jurisdiccionales actúen en el ámbito provincial como instancia previa a la judicialización.
Para los gremios y para los colegios de abogados laboralistas, que rechazan la iniciativa, se trata de un paso más en el camino hacia la reforma laboral que pretende implementar el gobierno de Macri. Además, sostienen que de aprobarse la adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART los trabajadores perderán derechos adquiridos.
Por falta de consenso, el tema sigue trabado en el Senado, que sesionará una sola vez (el 4 de julio) antes de ingresar en el receso invernal.
