La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que denunció penalmente a la empresa Ambiental Campana SA, por presunto fraude, y pide a la justicia federal que se le aplique una multa mínima de 67 millones de dólares.
En un comunicado, la DGA detalló que «la denuncia refiere a 119 exportaciones de oleínas y ácidos grasos que habrían sido sub-facturadas en más de 11,5 millones de dólares dado que el valor real de las operaciones asciende a 16.765.044 dólares y Ambiental Campana las declaró en nuestro país en poco más de 5 millones de dólares con una subfacturación de casi el 70%».
El organismo fiscalizador del comercio exterior indicó que «las exportaciones apuntadas fueron realizadas entre diciembre de 2022 y mayo 2023 a la República de Chile y fue mediante un cruce de datos en el INDIRA, el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros del MERCOSUR, que la DGA advirtió las diferencias entre lo declarado en la Argentina y en el Servicio Nacional de Aduanas del país trasandino».
La denuncia fue presentada por presunto fraude, en los términos del Artículo 863 del Código Aduanero e interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N°3, a cargo del Dr. Felipe Scagliotti.
La DGA subrayó que «en las operaciones intervino como intermediaria una firma radicada en los Estados Unidos, con la cual Ambiental Campana declaró no tener vinculación comercial alguna (en los términos del Artículo 742 del Código Aduanero)».
«Sin embargo, no se aprecia un aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador estadounidense que justifique los márgenes de refacturación de las operaciones. De esa manera, se presume que la verdadera intención de la maniobra practicada por Ambiental Campana SA era ahuecar la base imponible de su operatoria en nuestro país para evadir el pago de tributos internos, además de faltar a la debida liquidación de divisas correspondientes a las exportaciones en cuestión», detalló el parte oficial.
En ese marco, el juez González Charvay ordenó realizar 38 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Entre los lugares allanados por la Policía Federal Argentina hay estudios de despachantes de aduana, domicilios particulares, plantas, oficinas, locales comerciales y estudios jurídicos contables.
La DGA puntualizó que en los procedimientos, «se secuestraron computadoras, teléfonos, discos rígidos y todo tipo de documentación relacionada con la causa además de, llamativamente, una escopeta y dos revólveres. Uno de éstos carecía de habilitación, por lo cual se dio intervención a la Unidad Fiscal de la ciudad de Gualeguaychú».
