Tras la presentación del pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, el Frente de Todos termina de definir su estrategia en comisión y no cierra la puerta a llevar «con la fuerza pública» a los citados a declarar que no acepten participar.
La diputada nacional kirchnerista Mara Brawer detalló que el bloque que encabeza Germán Martínez presentará «las pruebas» durante el debate en el Congreso y «aspira» a que los integrantes del máximo tribunal se hagan presentes para declarar.
«Yo espero que no haya que llevar a nadie con la fuerza pública, esperemos que todos se ajusten a derecho y tengan la oportunidad de presentar sus argumentos de cara a la sociedad argentina», señaló la legisladora nacional en declaraciones al canal IP Noticias.
Sobre el funcionamiento de la comisión de Juicio Político, Brawer detalló: «Nosotros vamos a presentar las pruebas, la comisión va a pedir más pruebas y es importantísimo que se presenten porque cada persona tiene derecho a presentar sus pruebas».
«Los supremos, como cualquier ciudadano, tienen que concurrir (a la comisión), si no concurren es para pensar que no tienen los argumentos suficientes, es una enorme oportunidad para dar su versión. Aspiramos a que se presenten y lo que ellos no digan a no quieran decir lo dirán otros funcionarios de la Corte», resaltó la diputada.
Este viernes ingresó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema con un total de 410 páginas, de las cuales tres cuartos corresponden a documentos respaldatorios del planteo, como el pedido original firmado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, fallos del máximo tribunal, recortes periodísticos e imágenes de chats filtrados.
El proyecto contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue introducido en la Cámara baja por quince diputados del Frente de Todos: Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marin, Mabel Caparros, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Brawer.
Los legisladores acusaron a los magistrados de «mal desempeño» y plantearon: «Dicha causal no se halla definida en la manda constitucional, motivo por el cual debe ser el Congreso de la Nación quien interprete su alcance».
Algunos de los hechos que mencionan para fundamentar el proceso de juicio político son los fallos de la Corte para declarar aplicable el cómputo conocido como «2×1» para un represor; para modificar el Consejo de la Magistratura; en la disputa por fondos de coparticipación entre la Ciudad y la Nación; «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN); declaraciones de Rosatti que «buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo» y su supuesto vínculo con el Gobierno porteño, en base a chats filtrados; entre otros.
Además, se formalizó la solicitud para que sean citados a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja los cuatro miembros de la Corte Suprema, así como también se detalló el enorme listado de testigos que pretenden que sean convocados para declarar.
Entre los posibles declarantes se destacan el director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Silvio Robles; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro; los gobernadores que impulsan el juicio político; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni; el jurista español Baltazar Garzón; funcionarios del máximo tribunal; y organismos de derechos humanos.
Los principales puntos del pedido de juicio político a la Corte
La acusación contra los supremos es «por mal desempeño», en base al artículo 53 de la Constitución Nacional.
Se afirma que los últimos fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, dejan “en riesgo” al estado de derecho y “afectan seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”, dice el texto.
Señala que en el fallo sobre la coparticipación, los cuatro integrantes del tribunal dictaron «una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
También cita los chats que desataron el escándalo institucional dentro del Poder Judicial y que revelaron la relación directa miembros íntimamente allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. «Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura», afirma el proyecto.
«Es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (…) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas», dice el proyecto.
Además, se menciona una frase lanzada por Rosatti en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales. Allí el presidente de la Corte expresó que que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder, algo que los diputados oficialistas interpretan como «una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales».
Entre los cuestionamientos a los jueces también están el fallo para declarar aplicable el cómputo conocido como «2×1» para un represor y una serie de «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
