El acuerdo de intercambio de información tributaria entre la Argentina y Uruguay entra hoy en vigencia y los primeros requerimientos que la AFIP enviará a la DGI uruguaya están vinculados a grandes cerealeras. A través de este acuerdo, el organismo que encabeza Ricardo Echegaray intenta obtener datos de operaciones que realizan estas multinacionales exportadoras a través de triangulaciones, con las que evitan pagar impuestos en el país. En la mira están las empresas que ya fueron investigadas administrativamente por la AFIP y hasta recibieron sanciones.
En Uruguay, en cambio, el temor de inversores es que se comience a pedir datos de transacciones bancarias de argentinos con cuentas en bancos de Uruguay (se calcula que hay más de u$s 2.500 millones) o de compraventa de propiedades en Punta del Este. Para evitar el retiro de inversores argentinos en el país vecino, el Gobierno aclaró que los pedidos de datos no son retroactivos y que sólo se entregará información cuando sea posible conseguirla. «No está obligado a brindarla» si no está en poder de sus autoridades «ni en poder o control de personas que se encuentran dentro de su territorio», dice la norma.
El acuerdo de intercambio de información tributaria se firmó por insistencia de la Argentina y ante la presión de la Ocde para transparentar las operaciones en Uruguay y quitarlo definitivamente de la lista negra de paraísos fiscales.
La Afip sólo podrá pedir información por causas penales de ahora en adelante. Esto excluye los procesos administrativos que lleva adelante el organismo ante sospechas de evasión.
Cuando se trate de datos de balances de empresas (argentinas que operen con oficinas en Uruguay), la DGI uruguaya responderá sobre períodos fiscales que inicien después del 7 de febrero. Sí, en cambio, responderá a los pedidos sobre datos bancarios, instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, propiedad de sociedades, fideicomisos y fundaciones, entre otras entidades.
Desde Uruguay aclararon que en el caso de los bancos se informará sobre saldos en cuentas y no sobre movimientos o transacciones pasadas. Tampoco está obligado a brindar datos sobre propiedad de sociedades que cotizan en Bolsa.
