Daniel Mastropascua / Télam
El acuerdo de intercambio de información tributaria firmado con Estados Unidos permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recibir datos de los intereses y los dividendos por las ventas de activos financieros de los sujetos –personas humanas o jurídicas– que residen en la Argentina.
“Entrará en vigencia el próximo 1º de enero y la información se referirá al período fiscal 2023 en adelante”, señalaron fuentes de la Afip.
La firma del acuerdo implicará “tomar conocimiento de forma automática sobre las tenencias financieras de residentes argentinos en Estados Unidos”, añadieron las fuentes.
El acuerdo, firmado el lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, será complementado con un proyecto de exteriorización de capitales (blanqueo) para que los eventuales evasores eviten las actuaciones del fisco.
Para ponerlo en marcha, la Afip reforzó su sistema de seguridad con la incorporación de un software especialmente solicitado por Estados Unidos y la instalación de cámaras en el sector que procesa los datos provenientes del país del norte.
“Muchos contribuyentes con algún tipo de irregularidad seguramente van a rectificar sus declaraciones juradas. A priori, estimamos que los argentinos tienen u$s100.000 millones en cuentas estadounidenses”, añadió la fuente.
Sobre ese total, y en función de las actuaciones que corresponden hacer cuando se detectan maniobras evasivas o elusivas, se estima que por este concepto habría un “piso recaudatorio de u$s1.000 millones anuales”.
En el Palacio de Hacienda apuntan a los contribuyentes que eludieron el blanqueo implementado durante la administración de Mauricio Macri, que se refugiaron en el vacío de intercambio de información de Estados Unidos con la Argentina, y ahora estarán comprendidos en el IGA 1 y serán objeto de investigación por parte del fisco.
Estados Unidos, a diferencia de otros países, intercambia información a través de acuerdos IGA, ya sea en su versión 1 o 2, que habilitan la implementación del Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), que entró en vigencia en 2013.
Este mecanismo habilita la presentación de informes de los cuentahabientes de las entidades financieras extranjeras al gobierno de su jurisdicción.
Firma del IGA 1
Argentina y Estados Unidos firmaron el IGA 1, que es el mismo que rige en Brasil, Perú, China, Israel, Canadá, México y los países centrales de Europa, entre otros, que se caracterizan por ser recíprocos.
Hasta antes de la firma del convenio, la Argentina sólo intercambiaba información con Estados Unidos por cuestiones puntuales, en el marco de lo pactado entre ambos países a partir del enero de 2018.
El gobierno nacional venía teniendo la lupa puesta sobre un conjunto de cuentas de argentinos en Estados Unidos: son 68 y corresponden a personas físicas. “Son montos relevantes”, dijo el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. Con el acuerdo vigente esas 68 cuentas se tratan caso por caso para obtener la información que en unas semanas fluirá de manera automática, según lo firmado, para un flujo que oficialmente se estima en unos u$s5.000 millones anuales.
La Afip recibe datos de 92 jurisdicciones que remiten anualmente la información financiera de sujetos residentes en la Argentina que posean cuentas en el exterior de todos los países europeos, de la mayor parte de la región, y de las jurisdicciones que hasta hace poco tiempo eran consideradas no del todo transparentes.
En este sentido, se destacó que de acuerdo a “información provisoria de fines de noviembre, por el período fiscal se recibieron datos de 608.436 cuentas en el exterior por casi $9 billones”.
“La información del exterior llega sin limpiar, por lo tanto, a veces es duplicada por repetición de cotitularidades, y las cuentas duplicadas se encuentran en proceso de depuración”, indicaron en la Afip.
De hallarse desvíos en las tenencias financieras en el exterior, o en las rentas generadas por sus activos, se remiten notificaciones electrónicas a los contribuyentes que presentan diferencias en sus declaraciones juradas respecto de lo recibido del exterior.
En los casos en los que se detectan mayores diferencias entre lo declarado y lo informado desde el exterior, son remitidos a las áreas operativas para su investigación y posterior fiscalización.
Desde 2020 se han remitido 4.985 casos, lo que representó una recaudación adicional de $1.454.445.827.
