La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) intervino por un año el puerto de Ushuaia bajo el argumento de que detectó «irregularidades financieras» y también «desvíos de fondos y riesgo operativo y de seguridad por déficit de infraestructura». la decisión ya derivó en un conflicto jurisdiccional: «No compartimos ni la medida ni sus fundamentos», respondió el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. Su administración anticipó que, por eso, irá a la Justicia.
Desde ANPYN señalaron que la medida se tomó como resultado de «la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores, y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan».
Agregaron que en inspecciones comprobaron fallas en la infraestructura portuaria. Por ejemplo, faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado (muro de contención ensamblado) y deficiencias en la carpeta asfáltica. Además, enumeraron serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa.
Al mismo tiempo, la ANPYN adujo que falta un registro de ingresos y egresos de dinero y compras, que la administración provincial tercerizó en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.
El organismo denunció que el gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un «33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados». Y que eso se hizo en detrimento de la normativa vigente, que indica que el presupuesto del puerto solo puede ser usado para inversiones en sí mismo.
Intervención con Prefectura
La Agencia explicó que mientras dure la intervención, será asistida por la Prefectura Naval Argentina para optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas. Añadió que las principales gerencias seguirán siendo gestionadas por el personal fueguino, con capacidad técnica y el conocimiento requerido.
¿Amague de privatización?
El Gobierno provincial preveía la medida nacional, pero igual su ejecución sorprendió a la administración del gobernador Melella. Algunos voceros de la gestión creen que, en última instancia, la intención de la administración libertaria de Javier Milei es privatizar el puerto de Ushuaia.
La respuesta a Nación llegó de boca del propio mandatario austral, quien aseguró que «no comparte ni la medida ni sus fundamentos, y cree que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud».
Melella admitió que mantiene diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de «encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores». E insistió en que su prioridad es la «defensa de la autonomía fueguina».
Además, el gobernador fueguino dijo que el Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros, y que la ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante.
Por otra parte, alegó que «las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país».
La medida nacional complica más a la provincia. A principio del año, Francisco Devita renunció al Ministerio de Economía local con parte de su equipo. Una salida consensuada, pero asentada en problemas de las arcas provinciales.
Y la decisión del gobernador de llevar a 0% los aranceles a los teléfonos celulares importados generó revuelo porque buena parte de la producción local es la industria tecnológica bajo el amparo del Subrégimen de Promoción Industrial.
