Los espacios políticos que integran el Congreso Nacional comenzaron a marcar posicionamientos sobre los proyectos de reforma a la Justicia anunciados por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, mientras iniciativas aprobadas por el Senado, como la del Ministerio Público y la de Tribunales Federales, continúan sin sumar consenso en Diputados para ser leyes.
«La reforma del Poder Judicial en sus más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad. El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano», dijo el titular del Ejecutivo en su discurso ante el Congreso para argumentar el envío de proyectos que enumeró a continuación.
«Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible», remarcó.
En ese sentido, dijo también; «Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien».
La creación de un Tribunal Federal de Garantías que esté por debajo de la Corte Suprema con competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y la revisión del Código de Procedimientos Civil y Comercial en relación a la posibilidad que tiene la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario, son dos de las iniciativas anunciadas por el Presidente en ese contexto.
También sumó una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, «para despolitizar ese ámbito» y un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales.
Aunque el anuncio que generó mayores repercusiones entre los legisladores fue el pedido al Congreso para que «asuma el rol del control cruzado sobre el Poder Judicial».
El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), fue uno de los primeros en dar más precisiones: «El presidente, lo que dijo, es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie».
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar: «Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento. Inaceptable, no pasarán», apuntó Mario Negri (UCR), titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.
«Si vuelven a insistir con disparates como los que planteó Cristina Fernández de Kirchner en 2013 sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la llamada democratización de la Justicia, no nos van a encontrar dispuestos a discutir», advirtió Pablo Tonelli, del PRO.
Por Consenso Federal, el presidente de bloque, Alejandro «Topo» Rodríguez, remarcó: «Me parece un despropósito. Es inviable la aprobación y funcionamiento de una Comisión Bicameral de esas características para controlar a los jueces».
Fuentes del gobierno consultadas por Télam afirmaron en tanto que no se afectarían las funciones del Consejo de la Magistratura porque «trabajan sobre distintas cuestiones: el Consejo lo hace sobre cómo actúan los jueces, mientras que el Congreso debe hacer un control funcional de cómo actúa el Poder Judicial, identificando prácticas y procedimientos».
Como contrapeso a las críticas opositoras, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, enfatizó: «Lo que planteó el presidente no es más que lo que viene planteando desde la campaña; la Justicia es un tema que nos preocupa y del que nos íbamos a ocupar».
Mientras se suman los cuestionamientos opositores y los respaldos del Frente de Todos, fuentes del oficialismo parlamentario anticiparon una reunión del presidente Fernández con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para, entre otras cuestiones, fijar una estrategia parlamentaria en relación a la agenda judicial.
Uno de los temas de conversación sería el de los dos proyectos que cuentan con media sanción del Senado y que hace entre tres y seis meses esperan su tratamiento en Diputados: el que reforma al fuero federal y amplía la cantidad de juzgados y el que modifica el Ministerio Público Fiscal.
En Diputados el Frente de Todos no cuenta con el número propio para aprobarlo y se llegó a una instancia en la que la oposición mantiene un cerrado cuestionamiento a la génesis del proyecto y no propone modificaciones, luego de que oficialismo, en noviembre pasado, «le tirara la pelota» a ese sector.
«Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto», dijo Fernández en noviembre, en lo que fue interpretado en el ámbito legislativo como en claro mensaje a la oposición.
Para también aclarar el tema, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade (FdT), expresó que «veo muy pocas chances de avanzar con estos dos proyectos porque hay una situación política que está muy clara: no van a ser acompañados por la oposición, fundamentalmente por Juntos por el Cambio, porque, entre otras razones, necesitan mantener este estado de cosas en el Poder Judicial, necesitan que se perpetúen los (Claudio) Bonadio, los (Carlos) Stornelli, los (Raúl) Pleé».
«Yo no veo absolutamente ninguna chance de que depongan su actitud de obstrucción, de bloqueo y acompañen, aun cuando el presidente fue bastante preciso y claro cuando dijo «si hay que corregir algo que se corrija», es decir que también planteó la posibilidad de que haya modificaciones», continuó.
En ese sentido, agregó: «No veo que la oposición tenga muchas intenciones de modificar esta estructura del Poder Judicial, que la favorece; por lo que me parece que la salida es consolidar el poder político del gobierno a través de una victoria electoral este año y ganando la mayoría de Diputados. Hoy por hoy es lo que veo para salir de la encrucijada en la que estamos».
