Cuando el gobernador Maximiliano Pullaro envió el proyecto de Ley Orgánica de Municipios a la Legislatura en diciembre pasado, en la Casa Gris confiaban en que el trámite sería ágil. Dos meses después, la iniciativa sigue sin fecha de tratamiento en el Senado y acumula sucesivas postergaciones que exponen las internas de la coalición gobernante. La última reprogramación corrió la sesión prevista para el 26 de febrero, una señal clara de que los acuerdos necesarios aún no terminan de cerrarse. En el oficialismo reconocen que el texto original enviado por el Ejecutivo es apenas un punto de partida y que será modificado en el debate parlamentario.
Los puntos de fricción no son nuevos pero siguen sin resolverse. La creación de viceintendencias en Rosario y Santa Fe concentra las mayores diferencias entre radicales y socialistas. En la UCR impulsan la figura como una herramienta para ordenar la presidencia de los concejos deliberantes y darle mayor estabilidad institucional a las dos ciudades más grandes de la provincia. En el socialismo, en cambio, advierten que esa definición debería quedar en manos de las cartas orgánicas que cada municipio dicte en el futuro, y no ser impuesta por una ley provincial.
La cantidad de concejales que tendrán los municipios según su población es otro de los temas que mantienen abierta la discusión. El proyecto enviado por el Ejecutivo establece una clasificación de las localidades en cuatro categorías, con un número de ediles que varía en función de los habitantes. En el socialismo plantean que esa distribución debe analizarse con más detalle y que no puede resolverse sin escuchar a los actores locales.
La reunión Javkin-Michlig
El diálogo institucional tuvo un avance concreto este miércoles, cuando el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, encabezó una agenda de reuniones en Rosario que incluyó un encuentro con el intendente Pablo Javkin en el Palacio de los Leones. De la reunión participaron también los senadores Ciro Seisas (Rosario), Leticia Di Gregorio (General López), Leonardo Diana (San Jerónimo) y Pablo Verdecchia (Belgrano), quienes vienen formando parte de las consultas territoriales en distintas localidades de la provincia.
Durante el encuentro se abordaron distintos puntos del proyecto, con eje en la modernización administrativa, la autonomía local y la adaptación normativa a las realidades actuales de las ciudades santafesinas. Desde el bloque oficialista indicaron que estas instancias buscan consolidar consensos institucionales antes del tratamiento legislativo del proyecto.
Posteriormente, la comitiva legislativa se trasladó al Concejo Municipal, donde mantuvo una reunión de trabajo con concejales del bloque Unidos encabezados por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck. Participaron también los ediles Damián Pullaro, Anahí Schibelbein, Pablo Gavira, Alicia Pino, Manuel Sciutto, Lucas Raspall, Carolina Labayru y Fabricio Fiatti, con quienes se intercambiaron aportes sobre la futura ley.
El FAE, un punto que obligó a corregir el proyecto
El Fondo de Asistencia Educativa se convirtió en uno de los temas más sensibles del debate. Cuando el proyecto de ley de municipios ingresó a la Legislatura, ni el texto ni sus fundamentos mencionaban el FAE, un instrumento creado en 1968 que destina el 10 por ciento de las rentas municipales a infraestructura escolar.
La advertencia llegó primero desde el peronismo. La diputada Celia Arena señaló que la omisión ponía en riesgo la continuidad del fondo y que, de sancionarse la ley sin modificaciones, la normativa vigente quedaría sin efecto. Poco después, el gremio docente Amsafé expresó su preocupación y exigió la preservación del FAE como una política pública indelegable.
Ante la presión, el Poder Ejecutivo envió al Senado una nota para incorporar un artículo específico sobre el FAE, reconociendo que se trató de una omisión involuntaria. El gesto permitió desactivar una crítica que había comenzado a tomar fuerza, aunque dejó en evidencia que el proyecto sigue ajustándose sobre la marcha.
Días después, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, encabezó una reunión con representantes de la Confederación de Cooperadores Escolares para abordar el tratamiento del fondo en el marco de la nueva ley. Durante el encuentro, los dirigentes gremiales plantearon la necesidad de que la norma garantice la transferencia de los recursos por parte de municipios y comunas.
La estrategia del peronismo
Mientras el oficialismo intenta destrabar sus diferencias internas, el peronismo santafesino exhibe una unidad inusual. Las distintas corrientes que conviven en el PJ -el perottismo, el sector de Marcelo Lewandowski, el Evita, el massismo y la conducción formal del partido- lograron sellar una tregua que se traduce en acciones parlamentarias conjuntas.
La semana pasada, los nueve diputados del interbloque justicialista presentaron un proyecto para modificar dos puntos centrales de la reforma previsional sancionada en diciembre de 2024. La iniciativa propone derogar el artículo que faculta al Poder Ejecutivo a aumentar la edad jubilatoria en Santa Fe si el gobierno nacional adopta una medida en ese sentido, y eliminar el aporte solidario extraordinario sobre los haberes jubilatorios. El tema del diferimiento de los aumentos -que también había sido cuestionado por la oposición- ya fue objeto de una corrección por parte del oficialismo: este jueves, cuando la Legislatura aprobó por unanimidad la reducción de 60 a 30 días para que los incrementos paritarios impacten en los haberes de los pasivos.
En paralelo, el peronismo mantiene reuniones con intendentes y jefes comunales para delinear una posición común frente a la ley de municipios. El primer punto de acuerdo entre los referentes justicialistas es que no puede discutirse autonomía municipal sin antes resolver el régimen de coparticipación que garantice los recursos necesarios para sostenerla.
El debate por el Código Procesal Laboral
Uno de los temas que asoma con fuerza en la agenda legislativa de los próximos meses es la reforma del Código Procesal Laboral. El oficialismo impulsa dos proyectos para bajar el nivel de litigiosidad laboral en Santa Fe, una iniciativa que ya generó diferencias entre la UCR y el socialismo.
El debate expuso a fines de 2025 las diferencias de criterio entre los socios de Unidos. El radicalismo impulsa el tratamiento de las dos iniciativas que ya están en comisión, mientras que el socialismo sostiene que cualquier modificación debe postergarse hasta contar con un proyecto integral de nuevo código, en lugar de reformar parcialmente la ley actual.
El tema tiene tratamiento preferencial en la Cámara de Diputados desde fines de febrero y se espera que en marzo comience a discutirse en comisiones. La iniciativa busca agilizar los procesos judiciales laborales y reducir los tiempos de resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores.
Los pliegos de la Corte ya fueron aprobados
Un tema que ya encontró resolución en la Legislatura es la designación de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El gobernador Pullaro formalizó en diciembre pasado la propuesta de tres candidatos -Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini- para ocupar las vacantes que dejarán Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez a fines de 2026. La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos en la sesión del 26 de febrero, con votación nominal tal como lo establece la nueva Constitución provincial. Los tres postulantes lograron el consenso necesario para integrar el máximo tribunal una vez que se produzcan las vacantes a fin de año.
El trámite, sin embargo, no estuvo exento de objeciones. Desde la oposición cuestionaron el procedimiento al advertir que dos de los ministros salientes -Gutiérrez y Falistocco- no habían presentado su renuncia formal, sino que solo la habían anunciado en declaraciones periodísticas. Sostuvieron que «para que exista una vacante real tiene que haber una renuncia formal, que debe ser aceptada por el gobernador», y advirtieron que enviar un pliego sin vacante podría resultar inconstitucional . La presidenta de la comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, respondió que «hay tres mandatos que están vencidos. Los pliegos van a cubrir vacantes que ya están abiertas».
Otro de los ejes del debate fue la falta de paridad de género resultante en la Corte. La Red Mujeres para la Justicia había impugnado la postulación en enero, argumentando que la propuesta de dos varones y una mujer dejaría a la Corte integrada por cinco varones y apenas dos mujeres, lo que consideraron una violación a «una exigencia constitucional-convencional concreta, operativa y exigible». Desde el oficialismo, Claudia Levín, decana de la Facultad de Derecho de la UNL, destacó que «por primera vez la provincia va a tener dos mujeres en la Corte», en referencia a la ya designada Margarita Zabalza y la ahora aprobada Genghini, y sumó a las titulares del MPA y el MPD para sostener: «Llegamos casi a la paridad».
Las otras leyes de la reforma constitucional
Además de la ley de municipios, la agenda legislativa incluye otras iniciativas derivadas de la reforma constitucional de 2025 que deberán ser tratadas en el primer semestre del año. Entre ellas, la creación del Colegio de Jueces Contencioso Administrativo y el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, dos proyectos que el Ejecutivo incluyó en el temario de extraordinarias de diciembre pero que quedaron pendientes de tratamiento.
También está en danza la adecuación del Fuero Penal Juvenil para alinearlo con la Ley 13.018 y el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, una iniciativa que busca reforzar un modelo más especializado en justicia juvenil acorde a estándares modernos.
Otro tema que deberá resolver la Legislatura es la creación del Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario, una entidad jurídica no estatal que administrará proyectos urbanos estratégicos en la ciudad con mayor flexibilidad de gestión y participación público-privada. El proyecto tiene tratamiento preferencial en Diputados desde febrero.
En materia de modernización del Estado, el gobierno impulsa un nuevo régimen de Procedimiento Administrativo Provincial para actualizar trámites, plazos y reglas en la relación entre el Estado y los ciudadanos, así como la creación de la Red Provincial de Conectividad e Infraestructura Tecnológica, un sistema público destinado a integrar y mejorar la infraestructura digital en Santa Fe.
La reforma electoral, la discusión que viene
Si la ley de municipios concentra las diferencias inmediatas, la reforma electoral asoma como el próximo gran desafío para la cohesión de Unidos. El gobierno provincial tiene previsto avanzar con el tema en el primer semestre del año, pero las posiciones entre los socios de la coalición están lejos de coincidir.
El punto más sensible de lo que se conoce extraoficialmente es la iniciativa impulsada por el oficialismo para atar la boleta de gobernador a la de diputados provinciales. La propuesta busca replicar el esquema de la Boleta Única nacional, que Pullaro definió como «más práctico» que el sistema santafesino vigente. En el socialismo, sin embargo, rechazan la idea por considerarla perjudicial para la representación de las minorías y advierten que terminaría concentrando el poder en la figura del gobernador.
La discusión incluye otros puntos igualmente complejos: el futuro de las Paso, que el peronismo quiere mantener; la elevación del piso electoral del 1,5 por ciento al 3 por ciento para acceder al reparto de bancas; y la adecuación del nuevo sistema de asignación de diputados que establece la Constitución reformada, que elimina la mayoría automática de 28 bancas y aplica el sistema D’Hondt a partir de 2027.
El cronograma legislativo
A partir de la reforma constitucional, las sesiones ordinarias de 2026 se desarrollan entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre, lo que amplía el tiempo de actividad parlamentaria respecto de años anteriores. Ese margen permite al oficialismo administrar los tiempos de negociación sin la presión de los plazos extraordinarios, aunque la expectativa sigue siendo despachar las iniciativas más sensibles en el primer trimestre del año.
En los distintos sectores de Unidos reconocen que todas estas discusiones se negocian en paralelo y que ningún acuerdo terminará de cerrarse sin mirar el tablero completo. Por ahora, la prioridad sigue siendo destrabar la ley de municipios para avanzar con el resto de la agenda legislativa.
