El Gobierno anunció este martes el pago de un bono extraordinario de 3.000 pesos para los jubilados y pensionados con ingresos mínimos y otro para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), así como la extensión por dos meses de la exención del pago de créditos otorgados por la Ansés y un refuerzo alimentario para comedores escolares y comunitarios.
Los anuncios fueron realizados en Casa Rosada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Alejandro Vanoli; en el marco de las medidas dispuestas por el gobierno nacional para ayudar a paliar los efectos económicos del coronavirus sobre los sectores de menores recursos.
Vanoli explicó que se trata de «un anuncio complementario» al que se hizo cuando se dispusieron aumentos para quienes reciben prestaciones en la seguridad social «ante un fenómeno global como es esta pandemia que genera efectos económicos en todo el mundo y que ha llevado a una desaceleración de la actividad económica global que tiene impacto en la Argentina».
Y añadió que este conjunto de medidas de carácter social fue pensado «con el objeto de recomponer aún más los ingresos de los sectores más postergados y avanzar en medidas de equidad distributiva que permitan paliar los efectos recesivos globales que sobre la Argentina ha tenido esta pandemia».
La primera de las medidas es un «bono extraordinario de 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas y hasta $18.892, un monto que corresponda para llevar el piso de las jubilaciones hasta ese piso, por única vez, por beneficiario, en abril, e incluye al 63% de los jubilados y pensionados», indicó.
Según Vanoli, de esta forma «con el aumento de marzo del 13%, con una inflación en el bimestre de 4%, implica prácticamente recuperar un tercio de lo que perdieron las jubilaciones y pensiones mínimas durante 2018 y 2019».
La segunda medida, afirmó, es «otro bono extraordinario a quienes perciben la asignación universal por hijo -AUH- y la asignación universal por embarazo, también por única vez, que se va a liquidar en la ultima semana de marzo, y permitirá duplicar la asignación para 4,3 millones de personas».
Y la tercera medida, agregó, significa «un alivio para el conjunto de quienes reciben jubilaciones, pensiones y asignaciones y complementa la medida que benefició a 8,9 millones que solicitaron créditos y no tuvieron que pagarlos en enero febrero y marzo».
«En abril y mayo también van a estar eximidos de los pagos; para los jubilados de la mínima esto implica un beneficio adicional promedio de $1.800; y, para los que están por arriba, $3.000», amplió.
Se trata de «medidas que implican un esfuerzo importante del Estado nacional con el convencimiento de que es necesario tomarlas para ayudar a quienes más lo están necesitando», señaló Vanoli, al tiempo que aclaró que se trata de una «situación dinámica, e iremos evaluando medidas adicionales».
Por su parte, Arroyo anunció que se implementará un «refuerzo adicional alimentario para comedores escolares, comunitarios y merenderos» e informó que «se llevará el sistema de asistencia alimentaria al modelo de viandas para evitar el traslado y movimiento de personas» en medio de la pandemia de coronavirus.
«Vamos a reforzar el sistema de alimentación y la entrega de la tarjeta Alimentar para que llegué a través del correo a todos los hogares», indicó el titular Arroyó durante la presentación de estas medida, al tiempo que adelantó que habrá un «refuerzo adicional de 3.000 pesos este mes» a quienes perciben planes sociales, que alcanzará a unas 556.000 personas en el marco de Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.
«Lanzamos estas iniciativas con el objetivo de preservar ingresos de los sectores más vulnerables», remarcó el titular de la cartera de Desarrollo Social, quien además precisó que mañana se darán a conocer detalles sobre un nuevo sistema de validación de datos y domicilios para hacer efectiva la entrega de las tarjetas alimentarias.
El Ministerio, según añadió, pondrá en marcha una medida para «atender a la población más vulnerable» y «combinando trabajo con ingreso», al emplear a quienes estén dentro del «40 por ciento de informalidad laboral» para «obras de infraestructura barriales» con «arreglos o mejoras de escuelas, clubes o viviendas precarias».
«Estas tres medidas tienen que ver claramente con la población más pobre, el 40 por ciento de informalidad laboral, que son los que tienen fuertes dificultades y que en un parate de la actividad económica bajan sus ingresos y tienen dificultades de asistencia alimentaria», señaló.
