No fue en un claustro cerrado. Tampoco en una aula magna de alguna universidad prestigiosa. No fue en un teatro elegante de la ciudad. Fue a cielo abierto, a los pies del Cabildo. Allí, donde el 25 de mayo de 1810, el pueblo quiso saber de qué se trataba la cosa; o mejor dicho, donde el pueblo veía de qué iba a ir la cosa. El auditorio tampoco era “la creme de la creme”, como muchos intelectuales presumen de sus estudiantes. Más bien se trataba de unos cuantos miles de militantes, de unas decenas de dirigentes políticos de primera línea del gobierno nacional y de miles de ciudadanos comunes. Y allí se habló de historia. Se conversó, se debatió –aun cuando los expositores estuviéramos más o menos de acuerdo respecto de la mirada sobre la Asamblea General Constituyente del año XIII– se palpó, se puso en común la historia colectiva. Y se “toqueteó” la historia en un sitio histórico. Y allí se encuentra el carácter verdaderamente transformador y democrático del acto del 31 de enero a la tarde: un pueblo –muchos de los que estaban en la plaza ese día jamás tuvieron la oportunidad de poner un pie en una universidad– escuchó atentamente a tres expositores –uno de ellos miembro de la Corte Suprema de Justicia– que revolvieron el pasado.
El pueblo fue a la historia y viceversa. Y todo eso transmitido en forma directa para millones de argentinos que lo veían en directo por la televisión pública. La Asamblea del Año XIII fue el primer congreso que proclamó los derechos humanos en el territorio de la actual República Argentina. Fue un intento, una experiencia que quedó trunca por culpa de las internas en la Logia Lautaro, entre José de San Martín, que buscaba la independencia definitiva y Carlos de Alvear que miraba con un ojo americano y un ojo inglés-, un eslabón importante en el camino a la libertad. Es cierto que no alcanzó su objetivo central: sancionar una Constitución republicana. Y que fue una victoria del centralismo porteño en contra del federalismo democrático planteado por José Gervasio Artigas. Pero también es cierto, como dijo Araceli Bellota, que puso en palabras lo que estaba tácito: la soberanía popular, la voluntad de abolir la esclavitud, la igualdad de razas, el fin de las torturas como método de disciplinamiento por parte de los sectores dominantes; y como dijo Eugenio Zaffaroni, que esa declaración de principios, ese programa, fue un momento de iluminación para América latina. Como todo hecho histórico, la Asamblea del año XIII significó un proceso de avances y de retrocesos. Pero marcó de lo que vendría: los principios del liberalismo político, la democratización de la acción pública, la ampliación de ciudadanía –como se dice ahora–, la lenta inclusión de las mayorías al sistema de derechos. Por eso la Asamblea del Año XIII late en las luchas federales y populares como las de Manuel Dorrego, en las luchas radicales por la ley de voto secreto, universal y obligatorio, en el voto femenino sancionado a instancias de la prédica de Eva Perón, en las reformas sociales y civiles del primer peronismo, en los juicios por los delitos de lesa humanidad que se llevan adelante desde el 2003, en el matrimonio igualitario, en la asignación universal, entre otras medidas y, claro, en el acto del jueves en la Plaza de Mayo. Porque la libertad de imprenta sancionada por la Asamblea del Año XIII también se replica cuando se libera y democratiza la historia como decidió hacerlo la presidenta.
