La provincia confirmó que se hará cargo, con recursos propios, de la repavimentación de la autopista a Santa Fe y el tema causó rechazos en la Legislatura. Desde el peronismo y también desde el PRO cuestionaron la decisión anunciada por el ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, y pidieron informes al Ejecutivo sobre la actuación de la concesionaria Arssa, que debía hacerse cargo de las obras pero apenas completó un tercio de la repavimentación integral.
En la semana, Garibay confirmó una decisión que ya había sido anunciada hace un mes: el Estado santafesino completará los trabajos que dejó pendiente la empresa concesionaria. La repavimentación debía estar terminada en diciembre de 2015 pero sólo se hizo la tercera parte. El gobierno santafesino hará las inversiones necesarias para cubrir las obras que le correspondían a la concesionaria y revisará el contrato, que tiene vigencia hasta fines del año 2020.
El tema rebotó en la Cámara de Diputados. El justicialista Luis Rubeo le pidió al presidente de la cámara, Antonio Bonfatti, que convoque al ministro Garibay para que informe sobre el estado de situación del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, firmado en 2010.
“El gobierno debería estar evaluando rescindir el contrato de concesión debido al estado de la autopista en general y la transitabilidad en particular, con un asfalto en pésimas condiciones que afecta seriamente la seguridad vial de los usuarios. No puede ser que los santafesinos tengamos que volver a pagar, ahora con dineros públicos, lo que ya pagamos con el peaje”, argumentó Rubeo.
Rubeo sostuvo que, además, es necesario que “el ministro explique sus dichos sobre ese incumplimiento de contrato que la empresa concesionaria Arssa estaría realizando, porque no puede ser que los santafesinos tengamos que volver a pagar, ahora con dineros públicos, lo que ya pagamos con el peaje que abonamos cada vez que transitamos por la ruta”.
Críticas macristas
En idénticos términos protestó la diputada provincial del PRO, que integra el interbloque de Cambiemos, Cesira Arcando: “El socialismo no hizo la obra con el peaje y ahora la tenemos que pagar todos los santafesinos”.
Arcando hizo un pedido de informe al Ejecutivo sobre la concesionaria: “Más allá de la práctica habitual de no responder los pedidos de los legisladores, desde el gobierno provincial estaban esperando el tiempo suficiente a los fines de evaluar de qué manera resolvían esa licitación. Eligieron la más cómoda: usar el bolsillo de los santafesinos”.
La diputada macrista subrayó que “resulta cuanto menos curioso que el gobierno de Miguel Lifschitz desconozca lo actuado por sus antecesores y compañeros de partido (Hermes Binner y Antonio Bonfatti), ya que si piensa que se debe rescindir el contrato con Arssa y encarar las obras sin tener en cuenta la concesión, es porque el actual mandatario cree que lo actuado en las gestiones anteriores es deficiente”.
“Con el peaje solo no alcanza”
El administrador provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, dijo esta semana que lo mismo “pasa a nivel nacional” y dio algunos detalles sobre la situación de la empresa: “Normalmente, lo que se recauda por la concesión son fondos que se pueden aplicar al mantenimiento. Cuando uno ve las ecuaciones económicas, eso sirve para mantenimiento, señalización, calce de banquinas, desmalezado, bacheo, pintura, pero cuando hay que hacer tareas estructurales hace falta el aporte provincial”.
Seghezzo explicó que “el valor del peaje alcanza para tener un buen mantenimiento pero no para hacer los cambios en la estructura del pavimento de una vía como la autopista Rosario-Santa Fe, que tiene más de treinta años”.
La adjudicación fue concretada en 2010 por el ex gobernador Binner, por un plazo de diez años. Arssa es una UTE conformada por Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA. En los primeros cinco años, la empresa multiplicó por cuatro sus tarifas de peaje –de 5 a 20 pesos– pero completó apenas un tercio de la repavimentación.
Sutracovi en alerta
El sindicato de Trabajadores del Peaje (Sutracovi) se declaró en alerta en virtud de que la empresa concesionaria Arssa informó que pagará el medio aguinaldo en cuotas y puso en duda el pago de la segunda parte del último acuerdo paritario. En ese sentido, el gremio se reunió con el ministro provincial de infraestructura y transporte, José León Garibay, “para trasladarle nuestra preocupación”, señaló Leandro Bond, secretario general del gremio. En dicha reunión el Sutracovi “dejó claro que no permitirá que se menoscaben derechos de los trabajadores”, anunció el dirigente gremial. Dicho panorama, pone el gremio en estado de alerta y “no se descartan medidas de acción directa”, adelantó Bond.
El diputado Palo Oliver (UCR) pide información
El diputado provincial de la UCR Fabián Palo Oliver pidió información, mediante un proyecto de comunicación, sobre diversos aspectos de la concesión de la autopista. Palo Oliver solicita que se informe “si el gobierno provincial ha tomado efectivamente la decisión de llevar adelante las obras de repavimentación de la carpeta asfáltica de la autopista” y, en tal caso, cuáles son “los motivos por los que el Estado provincial asume una obligación que, de acuerdo a los pliegos licitatorios y al contrato de concesión, es de exclusiva responsabilidad de la empresa concesionaria”.
“Entre las obligaciones contraídas por la empresa concesionaria se destaca la repavimentación completa de la autopista en ambos carriles y en los dos sentidos de circulación”, recordó Palo Oliver. “Esa obra, de acuerdo a las expresiones del ministro Garibay, debió realizarse en el quinto año, es decir que ya tendría que estar toda repavimentada. Se repavimentó la tercera parte. Ante este incumplimiento, queremos saber por qué la provincia repavimentaría la autopista a pesar de ser una obligación de Arssa”.
Además, el legislador radical sostiene que “resulta importante conocer si la inversión a realizar por el gobierno provincial tendrá una devolución por parte de la empresa ya que, de no ser así, se establecería un antecedente negativo para otros servicios concesionados en los que existan incumplimientos de los concesionarios, además de desvirtuar las condiciones establecidas por el Estado provincial en su momento para esta situación en particular”.
